Paola Verónica Ortiz tenía 29 años y tres hijos cuando parió a su cuarto bebé sola, en una habitación precaria de una localidad rural de Córdoba, Villa Nueva, 550 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. No había realizado ningún control médico a lo largo del embarazo, no contaba con conocimientos para gestionar una situación de emergencia ni tenía dinero para pagar un taxi. Ella recuerda que se desmayó y que, cuando recobró la consciencia, el cuerpo de la recién nacida estaba frío a su lado.
El episodio ocurrió en noviembre de 2012 y, desde el mismo momento en que fue reportado a la policía, Ortiz quedó detenida de manera preventiva. La justicia la condenó en 2015 a cadena perpetua, acusada de homicidio calificado por el vínculo, y pasó 13 años, 9 meses y 26 días en el Complejo Penitenciario de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa. Este martes, luego de revisar los resultados de las pericias y contemplar el contexto de profunda vulnerabilidad que rodeó los hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anuló la sentencia y ordenó su liberación inmediata.
Ortiz, de 42 años, representa a una de las tantas mujeres pobres que llegan a las cárceles argentinas sin haber recibido un proceso justo y con perspectiva de género. Como sucede también en el caso que cuenta Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi y premiada con un Goya, hay algo de azar en el hecho de que alguien descubra una situación así y se involucre en el difícil proceso de revertirla.
Las abogadas de la organización Católicas por el Derecho a Decidir conocieron las circunstancias de Ortiz lateralmente, cuando trabajaban en una causa colectiva para mejorar las condiciones en que parían las presas de la cárcel de Bouwer: atadas, sin acompañamiento y con vigilancia masculina. “Conversando con distintas personas, llegamos a ella, que nos contó su historia. Vimos todas las vulneraciones que había vivido”, rememora Rocío García Garro, una de las abogadas que solicitó la revisión de su condena, junto a Julia Luna.
Para condenarla con la pena máxima, la justicia concluyó que su bebé había nacido viva y ella no había realizado las maniobras sanitarias básicas, como cortar y atar el cordón umbilical, para salvar su vida. El tribunal original utilizó como prueba decisiva un supuesto dicho espontáneo de la mujer ante un funcionario policial, en el que decía que la bebé había llorado, junto a una prueba de docimasia pulmonar (un procedimiento de la autopsia que busca determinar si un recién nacido respiró antes de morir) que pudo haber arrojado un resultado impreciso. Las evidencias médicas revisadas permiten considerar una muerte fetal, previa al nacimiento.
La justicia no consideró inicialmente que Ortiz atravesaba una situación de pobreza extrema y vivía en el hogar de su suegro, que ejercía sobre ella presión económica y sexual, aprovechando su dependencia habitacional y su situación de precariedad. Según la abogada, Ortiz debió incluso dormir noches en la calle con sus hijos para escapar de situaciones violentas. Además, las distintas pericias arrojan que la mujer, que no completó la educación inicial, es una persona “inmadura, insegura y dependiente, con escasos recursos personales para la resolución de conflictos y limitada capacidad de introspección”.
“Las últimas conquistas del movimiento feminista son posteriores a los hechos; sucedieron con ella ya privada de la libertad. Era un contexto muy distinto al actual en el que se la apresa y la juzga, en un juicio sin garantías en el que no se la escuchó y en el que incluso su defensa la culpabilizaba”, apunta García Garro. En 2012, hablar del aborto, por caso, era un tabú en Argentina, más aún en localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos. La discusión por su legalización comenzó en 2018 y finalmente la interrupción voluntaria del embarazo se aprobó al cierre de 2020.
Cuando ingresó a prisión, el hijo menor de Ortiz tenía cinco años. Lo primero que hizo este martes, al ser liberada, fue reencontrarse con ellos y con su familia nuclear, con quienes reconstruyó los vínculos durante su larga estancia en prisión.
Su abogada cuenta que está “shockeada y feliz”, enfrentando los desafíos que implica adaptarse a vivir en libertad: volver a cruzar una calle, usar la tarjeta en el transporte público o entender que el dinero ahora se maneja desde billeteras virtuales. “El acompañamiento en esta etapa de reinserción es clave —señala García Garro— y, en un momento en que el Estado argentino le da la espalda a las personas vulnerabilizadas, requiere un doble esfuerzo de los movimientos de la sociedad civil”.
