El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos concluyó este viernes su visita de 10 días a Guatemala con un informe sobre el trato que reciben quienes se oponen a proyectos extractivos, energéticos y agroindustriales en el país. En su declaración final, los expertos afirmaron que la criminalización generalizada de defensores de derechos humanos es “alarmante y debe cesar de inmediato”.
Otro de los hallazgos más contundentes del informe se enfoca en la seguridad privada contratada por empresas. El Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por las denuncias recopiladas durante su estadía sobre intimidación, uso excesivo de la fuerza y participación de estos agentes en operaciones violentas de desalojo, incluyendo el asesinato de defensores.
“Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados a los recursos naturales (…), así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales. La criminalización generalizada de personas defensoras de los derechos humanos es alarmante y debe cesar de inmediato”, indica la declaración del grupo de trabajo.
Según la ONU, activistas, líderes indígenas, abogados y periodistas han sido perseguidos judicialmente por su labor de denuncia contra actividades empresariales, enfrentando cargos que van desde terrorismo y asociación ilícita hasta usurpación agravada y extorsión.
“El uso del sistema judicial como arma para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación”, dijeron los expertos, quienes aprovecharon para pedir al recién nombrado fiscal general del Ministerio Público, Gabriel García Luna, que revise con carácter prioritario todos los casos vinculados con esta práctica.
El Grupo de Trabajo permaneció en el país centroamericano entre el 18 y el 28 de agosto. Durante su estancia se reunieron con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con los ministros de Trabajo, Energía y Ambiente, autoridades locales, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, aunque lamentaron no haber sido recibidos por representantes del Congreso pese a sus reiteradas solicitudes.
La declaración también señala un patrón de influencia indebida del sector privado sobre procesos legislativos, administrativos y judiciales que, de no atenderse, podría debilitar la rendición de cuentas y la aplicación de las leyes vigentes. A esto se suma la preocupación por el uso de mecanismos de arbitraje internacional por parte de empresas contra el Estado en disputas relacionadas con derechos humanos, lo que según la ONU genera presión sobre las finanzas públicas y un efecto disuasivo en la toma de decisiones normativas.
Críticas a la empresas mineras
En el tema ambiental, el panorama descrito por los expertos también es crítico debido a la contaminación en la mayoría de las fuentes de agua del país. “Más del 90% de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas, lo que pone de relieve la urgente necesidad de un marco jurídico que regule la calidad del agua, el acceso a la misma y el control de la contaminación”, dice el documento.
Parte del problema se atribuye a la actividad minera, los proyectos hidroeléctricos, los monocultivos y el uso extendido de plaguicidas. El Grupo de Trabajo visitó comunidades y proyectos vinculados a la mina Marlin, ubicada en el occidente del país, donde constataron retrasos en la entrega de infraestructura y falta de mantenimiento sostenible de los sistemas hídricos.
El informe también aborda los derechos de los Pueblos Indígenas, que representan cerca del 44% de la población guatemalteca. El hallazgo principal fue que las consultas comunitarias previstas por el Convenio 169 de la OIT rara vez se realizan antes de otorgar licencias y permisos, lo que ha generado conflictos y desconfianza entre las comunidades, el Estado y las empresas. Los representantes de la ONU solicitaron directrices claras para garantizar el consentimiento libre, previo e informado en proyectos que afecten territorios indígenas.
En el ámbito laboral, la declaración recoge testimonios sobre accidentes mortales por incumplimiento de normas de seguridad, jornadas extendidas sin descanso adecuado, trabajo infantil en plantaciones agrícolas y casos de trabajadores a quienes se les retuvieron cotizaciones de seguridad social que nunca fueron trasladadas a las autoridades. Los sectores más señalados fueron la palma de aceite, el banano, la caña de azúcar y la minería.
Pocos avances del Gobierno
En medio de las críticas a las diferentes industrias, la ONU reconoció los avances del Gobierno guatemalteco, entre ellos la reciente Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (2025-2035), medidas contra el trabajo forzoso y la trata de personas, y el avance hacia un futuro Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Los técnicos destacaron además que un número considerable de empresas locales han comenzado a adoptar políticas internas de derechos humanos y a establecer canales de diálogo con las comunidades, incluso en idiomas indígenas.
Sin embargo, el balance general del organismo es que estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud de los problemas estructurales identificados: debilidad institucional, un sistema judicial con fallas de independencia, baja recaudación tributaria y una desigualdad profundamente arraigada que afecta de manera desproporcionada a los pueblos originarios.
“Si bien el Gobierno y las empresas han adoptado una serie de medidas positivas, el cumplimiento de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales se ve, en la práctica, considerablemente limitado por problemas estructurales. Se necesitan más esfuerzos por parte de los actores estatales y privados para garantizar la plena aplicación de los Principios Rectores”, concluye el informe.
