El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comenzado y terminado su comparecencia de este viernes en el Congreso alertando sobre los graves altercados del jueves en Ceuta, en los que hubo ataques de grupos de migrantes a militares y el asalto de vecinos a los campamentos instalados en algunas de las playas de la ciudad con la quema de las construcciones precarias donde se alojaban decenas de personas. Marlaska ha pedido “calma” y “sosiego” para evitar “cualquier conato de violencia”, y ha acusado a PP y Vox de “incitar el odio” con sus declaraciones. “Hemos escuchado durante estas semanas discursos y declaraciones que contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes y que alimentan la división social en un momento en el que lo que se necesita es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado”, ha afirmado.
El ministro ―que ha anunciado un refuerzo añadido de 40 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios) para prevenir incidentes futuros― ha recriminado a “la ultraderecha, y ahora también la derecha” la utilización en las declaraciones de sus dirigentes de términos como “invasores” y “delincuentes” y de haber lanzado un llamamiento para “cazar inmigrantes”, en referencia a las polémicas palabras de José María Figaredo, de Vox. En la misma línea de responsabilizar a ambos partidos de los graves incidentes se han situado el portavoz del PSOE en la comisión, David Serrada, y el representante de Sumar, Enrique Santiago. El primero ha tildado de “racista” el mensaje de PP y Vox desde el estallido de la crisis, a la vez que acusaba a los populares de “utilizar una tragedia para atacar al gobierno de España en lugar de arrimar el hombro”. Por su parte, Santiago ha hablado de “violencia fascista” y ha pedido a Marlaska que actúe contra “sus autores e inductores”.
El diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha dado respuesta a las acusaciones del ministro contra su partido y, tras sumarse a la petición de “calma a la población” y al rechazo a cualquier violencia, ha atribuido lo ocurrido a “la desesperación y la indignación más que justificada del pueblo de Ceuta por la pasividad del Gobierno”. Para Celaya, parte de esta reacción se ha producido porque el Ejecutivo trata “a los invasores como víctimas cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”. Por su parte, Ignacio Gil-Lázaro, de Vox, ha mantenido su tono belicista e insistido en hablar de “invasión” sin darse por aludido por las acusaciones sobre las consecuencias que pudieran tener estas palabras.
La comparecencia parlamentaria de Marlaska era una de las más esperadas de miembros del Gobierno por la crisis de Ceuta después del enfrentamiento público con su compañera de Gobierno Margarita Robles, ministra de Defensa, a cuenta del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos a la entrada masiva de migrantes. Sin embargo, el debate ha pasado de puntillas sobre este roce ―Marlaska no ha aludido a ello en su primera intervención, y cuando los portavoces de los grupos han aludido a él, ha mantenido su versión― para deslizarse, primero, hacia la causa de los altercados de Ceuta y, después, al rol jugado por Marruecos antes, durante y después de la crisis migratoria. En este último punto, al contrario que sobre el origen de los últimos actos de violencia, Marlaska se ha quedado solo y su socio de Gobierno, Sumar, y sus aliados parlamentarios han cuestionado la imagen de socio “leal” que desde el inicio el Ejecutivo se ha empezado a dar de Rabat.
El ministro ha insistido, como ha hecho desde que estalló la crisis, en alabar la que ha definido como “estrecha colaboración” de Marruecos, que ha tildado de “sostenida y eficaz a lo largo de los años”. Para Marlaska, esa “coordinación” con Rabat es lo que permitió el “retorno” en las 48 horas posteriores a la entrada masiva de buena parte de los miles de migrantes irregulares que entraron en territorio español. “A nivel político, estoy en permanente contacto con mi homólogo marroquí [Abdelouafi Laftit]. Y a nivel operativo, las autoridades policiales de ambos países trabajan conjuntamente en la lucha contra la migración irregular y el tráfico de personas”, ha añadido, para detallar que hasta el día de la entrada masiva, Marruecos había interceptado a 2.857 personas que intentaban llegar por vía marítima a las costas españolas.
Una defensa a ultranza que le ha valido una lluvia de críticas desde todo el arco parlamentario. Ana Vázquez, del PP, ha criticado que aún hablara de colaboración de Marruecos. “¿Cómo puede decir eso si [el país africano] no ha aceptado ni siquiera a los muertos?”, le recriminó la diputada popular en referencia a los más de 80 cadáveres que se recuperaron en el mar y que están siendo enterrados en la ciudad autónoma porque Marruecos no los ha reclamado a pesar de que algunos han sido identificados como nacionales suyos. Gil-Lázaro, de Vox, se ha referido a la entrada masiva como un “acto de guerra híbrida orquestada por Marruecos” y ha acusado al Gobierno de ceder a un supuesto “chantaje” de Marruecos que ha vinculado a la infección, en 2021, de los teléfonos del propio Marlaska, de Pedro Sánchez y otros dos ministros con el programa espía Pegasus.
ERC ha pedido a Marlaska que dejara de alabar el papel de Rabat. “Es ridículo, es grotesco, es absurdo”, le ha espetado su portavoz, Francesc-Marc Álvaro. Más dura ha sido la intervención de Enrique Santiago, portavoz de Sumar, sobre todo por venir del socio minoritario del Gobierno. Santiago ha concluido que lo ocurrido el 30 y 31 de julio fue una maniobra de “desestabilización con intenciones geopolíticas” en la que, además de a Marruecos, ha implicado a Estados Unidos e Israel. “Ninguna autoridad española puede decir que Marruecos está colaborando”, ha concluido el dirigente de Sumar e IU. Jon Iñarritu, de EH Bildu, también ha asegurado que “sorprende” que los ministros se pongan de acuerdo en defender a Rabat.
La comparecencia también ha servido para constatar que, casi un mes después del inicio de la crisis, aún no hay certeza ni del número de personas que participaron en aquella entrada masiva ―Marlaska ha citado en varias ocasiones la cifra de 72.000, que su departamento maneja desde los primeros días de agosto, pese a que otras fuentes lo sitúan en 80.000― ni de los que quedan de manera irregular en Ceuta ―mantiene la de 5.000, ante la insistencia de algunos grupos de duplicarla―, ni tan siquiera la de menores no acompañados. También para corroborar que la normalización de la ciudad autónoma no está cercana. De hecho, Marlaska ha reconocido que el refuerzo policial desplegado actualmente podría mantenerse hasta finales de este año si es necesario.
En su intervención, el ministro ha eludido cualquier crítica a la actuación durante la crisis de su departamento ni del Ejecutivo, aunque ha admitido que se deben “extraer las lecciones necesarias” para “prevenir y afrontar” en el futuro una situación como la vivida en la ciudad autónoma, que ha calificado como “uno de los mayores desafíos recientes en materia de gestión fronteriza y migratoria a los que se ha enfrentado nuestro país”. Para ello, ha anunciado una mejora de las instalaciones en la valla y en los espigones de El Tarajal ―donde se produjo el salto masivo― y Benzú ―al otro lado de la ciudad―, y la utilización de nuevos medios, como más embarcaciones y el uso de drones submarinos y de vigilancia aérea. Unas medidas que, sin embargo, han quedado orilladas en el debate.
