Un tribunal federal de Estados Unidos ha cancelado la suspensión de visados de inmigración que la Administración de Donald Trump había impuesto a los ciudadanos de 75 países. La jueza Jeannette Vargas, del segundo distrito de Nueva York en Manhattan, se ha pronunciado de manera muy crítica al determinar que la medida es “manifiestamente ilegal” y el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias al aplicarla.
Entre los países que estaban afectados por esa medida, en vigor desde enero pasado, se encontraban varios del continente americano, desde Brasil, Colombia y Cuba, a Nicaragua y Uruguay, pasando por Guatemala y Haití. Otras naciones vetadas eran Afganistán, Marruecos, Nigeria, Somalia o Yemen. La restricción forma parte de toda una serie de nuevas normas y una reforma de las existentes para reducir no solo la inmigración ilegal, sino también la legal, hacia Estados Unidos.
En su fallo de 61 páginas, la jueza resalta que la suspensión de visados viola la ley federal y desestima el argumento de la Administración de que los potenciales inmigrantes de los países vetados presentan un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos. La magistrada recuerda que la ley federal otorga la potestad de aprobar los visados a los funcionarios consulares en las respectivas embajadas, no al secretario de Estado.
Vargas recuerda que los funcionarios estadounidenses recibieron la orden de rechazar el permiso de acceso al país a inmigrantes que cumplían todos los requisitos exigidos por las leyes y que con toda probabilidad no iban a representar una carga. Las normas exigen evaluaciones individualizadas de cada caso.
La demanda para anular la medida había sido presentada, entre otros, en nombre de cinco profesionales de Colombia a los que se les denegó la autorización de viaje con el argumento de la nueva política. También reclamaban seis estadounidenses que denuncian que el veto ha perjudicado a miembros de sus familias en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
El dictamen de la jueza en Nueva York anula con carácter retroactivo las denegaciones de visado que se basaron en este veto, lo que abre la puerta a la revisión de miles de solicitudes previamente rechazadas. “Esta decisión representa una importante victoria para los cientos de miles de familias en todo el país y en todo el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a una prohibición de visados ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, ha indicado en un comunicado la abogada principal del National Immigration Law Center, Joanna Cuevas Ingram.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado se han pronunciado sobre la decisión de la jueza Vargas, nombrada para el puesto durante la Administración del demócrata Joe Biden. El Gobierno estadounidense puede apelar la decisión de la magistrada.
