Parecía una tropa aniquilada por la historia, anunciando las noticias de su propio fracaso. Cuba “vive las horas más difíciles de este siglo”, dijo el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en junio, frente a los miembros de su Gobierno. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”. El momento que por décadas evitaron ya estaba aquí. Se habían dado el lujo de permitirse varias crisis, más de un éxodo, el descontento popular, y postergaron hasta entonces el anuncio de que Cuba, invariablemente, tenía que abrirse al mercado. Díaz-Canel confesaría después que fue una decisión dolorosa. “Claro que me duele”, dijo sobre las intenciones de reestructurar la economía del país al canal estatal ruso RT en Español. Le dolía porque, explicó, las nuevas medidas iban “en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, se ha educado”. El gobernante era consciente: habían acabado de hipotecar, al menos públicamente, el socialismo.
En los años noventa, según Díaz-Canel, Fidel Castro tuvo que aceptar “prácticas propias del capitalismo” en medio de la crisis económica a la que nombraron, paliativamente, Periodo Especial. Por encima de lo que hubiese querido, Castro tuvo que despenalizar el dólar, abrir el país al turismo, a la inversión extranjera, incluso permitir algunos negocios a los que llamó “cuentapropismo”, que luego evolucionaron a eufemismos como el de “sector no estatal”, y más tarde los cubanos se convirtieron en “emprendedores”. Si el fantasma del mundo liberal era el comunismo, el de los Castro era la propiedad privada.
Ahora tenían una presión sin precedentes de parte del Gobierno de Estados Unidos y un país seriamente agónico. Desde antes de inicios de año, cuando la Casa Blanca reforzó su presión hacia La Habana, ya la vida era imposible: los pacientes estaban muriendo por falta de atención médica, los mendigos habían comenzado a habitar las calles de la isla, la gente cobraba poco más de 15 dólares para comprar alimentos a precios inyectados por la inflación, y los apagones les hacían perder la paciencia y sacar las cazuelas vacías de la cocina para sonarlas en el barrio. La presión estadounidense, sin embargo, llegó como un catalizador: ahora, tras el cerco energético, había menos electricidad, menos turismo que antes (solo unos 30.000 visitantes en 2025), menos transporte, comida o medicina para los enfermos. Fuentes estatales aseguran que la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha descendido del 85% al 65% desde el cerco de Washington, y que incluso unos 100.000 niños menores de 7 años ya no reciben su litro diario de leche que facilitaba el Estado.
Había que, según Díaz-Canel, “salvar la Revolución”, aun cuando la Revolución para muchos ya había acabado desde hacía tiempo. Y también había que contentar a Washington, por más que aseguren que ningún cambio llega por la presión ejercida desde la Casa Blanca. Anunciaron un paquete de 176 medidas económicas, el más radical desde 1959, con propuestas que atribuyen mayor autonomía a las empresas estatales; autorizan la inversión extranjera del sector privado sin la mediación del Gobierno; permiten una flexibilización y toma de decisiones sobre los salarios; dan luz verde a la creación de bancos privados; ponen fin a los subsidios universales y, entre otras cosas, abren el país a la entrada de capital privado y extranjero para invertir en sectores como el de la energía.
Más de medio siglo después de que Fidel Castro declarara el carácter socialista de su Revolución, los grandes titulares del mundo anunciaron que Cuba se estaba abriendo al capitalismo. Los cambios son, según el economista Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, “verdaderas rupturas, simbólicas y prácticas, con pilares del modelo socialista clásico”. “Si se aplican tal cual han sido propuestas, van a cambiar bastante la configuración del modelo económico cubano: habrá más propiedad privada y más mercado, junto a cambios bastante notables en la concepción de la política social”, explica.
Pero el castrismo sostiene que las transformaciones buscan, en todo caso, “preservar el socialismo”. Sus funcionarios lo han repetido varias veces. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, recalcó hace poco: “No se trata de un giro hacia el capitalismo, sino de una actualización del modelo socialista”. Díaz-Canel insistió también en ello: “No hay traición a la construcción socialista, ni por principio, ni por convicción, ni por acción”. Incluso Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, lo destacó en una entrevista con La Jornada: “La propiedad seguirá estando en manos del pueblo de Cuba y eso es esencialmente socialista”.
La posibilidad de un cambio real para los cubanos se debate entre dos bandos de poder: el de La Habana, que no está dispuesto a negociar nada que ponga en riesgo la estabilidad del castrismo; y el de Washington, que exige cambios sin quitar del camino las múltiples sanciones que mantienen cercado al país.
Cambios económicos sin cambios políticos
Para algunos, Cuba no se está abriendo ahora al capitalismo porque, en algún sentido, “siempre” lo estuvo, asegura el economista Miguel Alejandro Hayes. “El magnate socialista ha funcionado como un gran capitalista con poder político y represivo. Lenin fue honesto cuando llamó a su propio proyecto [socialista] capitalismo de Estado”, insiste.
Ciertamente, el Gobierno ha manejado el país como una parcela de su propiedad: ha restringido libertades, ejercido el poder y control sobre la gente, preservado comodidades para sí, y creó el consorcio militar Grupo de Administración Empresarial, SA (Gaesa) para concentrar las ganancias que llegaban del turismo, las importaciones o las telecomunicaciones. Por eso Hayes dice que “Cuba no ha pasado del socialismo al capitalismo, sino de un capitalismo de Estado al estilo soviético a un capitalismo de propiedad privada más clásico, con algunos mecanismos de reproducción que antes tenía truncados”.
La renuncia de Cuba a su propio proyecto de socialismo llegó, hace tiempo, con el colapso de los pilares que habían hecho de la Revolución una promesa de país. La educación, la salud y la seguridad social ya no eran garantías en un lugar donde las escuelas funcionan a medias, con los pocos maestros que ha dejado el éxodo migratorio o laboral; ya queda poco de la potencia médica que Castro exhibió en el mundo, y apenas existe tal cosa como la seguridad social en una isla donde a ningún anciano le alcanza su pensión. Cuba se le fue de las manos al castrismo, pero el castrismo no ha estado dispuesto a soltar el poder. Lo que cambia ahora, con las nuevas medidas económicas, son las formas jurídicas para ejercer “ese capitalismo de Estado despótico y autoritario” del que habla Hayes.
Después de más de un mes del anuncio, la mayor preocupación es que la cúpula cubana no ha hecho mención a un cambio en el sistema político. Cualquier “capitalismo” o “liberalización” de su economía llegaría bajo las reglas del régimen. “La pregunta es: si la propiedad está en manos del Gobierno, ¿qué capitalismo es ese?”, dice Hayes. “Cuba no está liberalizando su economía. Liberalizar remite a derechos reales, no a permisos. En Cuba, la propiedad privada sobre un negocio es totalmente reversible y arbitraria: una comisión te aprueba la actividad, el poder te autoriza, te fiscaliza y te la quita cuando quiera, por razones políticas o personales. El dueño de los derechos sobre la actividad económica sigue siendo el Estado; lo que cede es el uso y el fruto, nunca la facultad de disponer. Te deja producir y quedarte con la ganancia, pero se reserva revocarte, condicionarte y recuperar lo cedido a discreción”, añade el experto.
Otras cuestiones ocupan a los expertos y a los negociantes cubanos, en un país donde la gente que más tiene privilegios son aquellas que más ligadas están a la élite de poder. En el futuro, ¿quiénes recibirán las licencias, firmarán con las empresas mixtas, importarán desde el exterior y quiénes tendrán el beneplácito para operar si el Gobierno pretende mantener el control total?
“Yo le llamo liberalismo a la castrista: asume cierta formalidad de un Estado liberal, pero conserva intacta la lógica autoritaria del poder”, dice Hayes. “Si la misma casta ocupa los espacios que dan dinero, el actor económico y el político son la misma gente”.
La desconfianza en las medidas
No es la primera vez que Cuba anuncia reformas económicas que han atraído inversionistas o esperanzado al sector privado en la isla. En 2011, con Raúl Castro como presidente, los llamados Lineamientos propusieron una “actualización del modelo económico cubano”, donde la empresa estatal socialista seguía siendo el eje fundamental, pero con la intención de que la isla se abriera tímidamente al mercado. Con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos que en 2016 facilitó la Administración de Barack Obama, se pensó que el último bastión comunista de Occidente por fin se abría al mundo. Todo dio marcha atrás.
La Constitución de 2019 reconoció en su diseño nuevas formas de propiedad, incluso la privada. Y en 2021, la Tarea Ordenamiento también prometió transformaciones en un país completamente deprimido y doblemente golpeado por la crisis de la covid. Ninguno de estos cambios ha garantizado que algunos negociantes no acaben en la cárcel, con sus propiedades expropiadas o con el ojo velador del Estado cubano encima.
Por eso la ingeniera Yulieta Hernández Díaz, CEO del Grupo de Construcciones Pilares, que brinda servicios en la isla, no siente ningún tipo de confianza en las propuestas del Gobierno. “Este paquete me recuerda a otros momentos de expectativas en Cuba”, dice. “No me siento segura, ni le recomiendo a ningún empresario que invierta capital. Me preocupa grandemente la discrecionalidad y la falta de transparencia de esto”.
Habían pasado apenas dos días del anuncio de las medidas cuando algunos inversores extranjeros comenzaron a mostrar su interés en Cuba. Empresarios de Qatar o Egipto no escondieron sus intenciones de invertir en el turismo, la aviación, la industria farmacéutica, la minería o los fertilizantes. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a sus empresarios a que llegaran a la isla en busca de oportunidades. En las redes sociales también se han multiplicado los anuncios de venta de casas o edificios completamente destartalados en lugares estratégicos de La Habana, estructuras prácticamente abandonadas en las que un inversor ve el negocio del futuro, por precios risibles que en el mundo ya no se manejan.
A la ingeniera Díaz le da la sensación de que el Gobierno está vendiendo el país a pedazos: “Sería terrible que Cuba perdiera el gran patrimonio que tiene hoy. Cuba es de los países del mundo con más propietarios de inmuebles que los habitan”. “¿Te imaginas que entren desarrolladores inmobiliarios con grandes capitales? Las personas propietarias necesitadas de dinero comenzarían a vender y pasarían a vivir rentadas. Y hay formas de hacer desarrollo inmobiliario protegiendo a la ciudadanía, pero lamentablemente no veo que las medidas vengan pensadas en proteger a la ciudadanía, ni al empresariado local. Estas medidas no están diseñadas para ellos”, asegura.
La diáspora es otra de las figuras clave con las que cuenta el Gobierno para dinamizar una economía completamente deprimida. Aunque por años el régimen ha arremetido contra los exiliados cubanos, ahora Díaz-Canel les dejó un mensaje, casi a modo de ruego: “A esta patria, en esta hora, no le sobra ningún buen cubano”.
No obstante, no hay ninguna garantía que brinde seguridad hoy a los exiliados. Carlos Saladrigas, un empresario cubanoamericano de 78 años del sur de Florida, presidente del Cuba Study Group, insiste en que “sin cambios políticos no hay seriedad ni credibilidad de las medidas”. “Sin un cambio significativo en el poder judicial, de manera que haya un poder judicial verdaderamente independiente de lo político, eso no funciona. Sin cambios fundamentales en la estructura del sistema, cambios constitucionales, que claramente digan que Cuba se va a abrir, nada funciona”, sostiene.
En un país donde su Gobierno ha repetido que la empresa estatal socialista seguirá siendo el actor principal de la economía, el otro problema que los expertos se plantean son las garantías jurídicas que tengan quienes decidan invertir en Cuba. “La propia historia reciente de Cuba demuestra que el problema nunca ha sido anunciar reformas”, dice el jurista cubano Eloy Viera, quien ve el principal problema en la esencia del sistema. “El Gobierno se ha resistido deliberadamente a modificar la Constitución. Y eso significa que tampoco está dispuesto a transformar aquello que realmente condiciona el funcionamiento de cualquier economía moderna: el sistema político y la arquitectura institucional del país. Ahí radica el verdadero obstáculo. El problema ha sido que, cuando cambian las prioridades políticas, esas mismas reformas pueden ralentizarse, reinterpretarse o incluso revertirse. Mientras no exista una auténtica separación de poderes, mientras todas las instituciones continúen subordinadas al poder político, seguirá existiendo una enorme incertidumbre jurídica”, explica.
El rol de Washington en el cambio
Tras el anuncio de los cambios económicos en la isla, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra personas y entidades asociadas a Gaesa, la empresa que ha estado en la mira del secretario de Estado, Marco Rubio, y su política de presión contra La Habana. Ese paquete de medidas no era lo que Washington estaba buscando; quería más. El Departamento de Estado las tildó de “graduales”, “modestas”, dijo que llegaban “con retraso” y que, en cualquier caso, eran “señales de humo superficiales del régimen cubano”. El propio Rubio aseguró en X que el régimen seguía “dando prioridad a su propio control absoluto por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”.
Desde finales de enero, Cuba se ha vuelto un país dependiente de Washington: las remesas de los exiliados siguen siendo uno de los principales soportes de su economía, el poco petróleo que entra a la isla llega desde Estados Unidos y han aumentado los envíos de alimentos, vehículos y otros bienes de consumo para paliar la crisis. El Gobierno ha dicho más de una vez que pretende llevar adelante una negociación, pero sin que llegue condicionada.
No pocos están de acuerdo con que no habrá cambios económicos en Cuba mientras no haya una transformación política, pero también una flexibilización de las políticas de Washington hacia La Habana. “Sin resolver el conflicto con Estados Unidos, el gran capital no va a llegar, ni de Estados Unidos ni de otros países, aunque sí podríamos ver flujos de pequeña escala”, asegura Torres. “Todo esto está atravesado hoy por la crisis energética; para resolverla se requiere restablecer el suministro de combustibles y realizar desembolsos millonarios, porque sin energía no hay recuperación viable. A eso se suma la necesidad de una reestructuración de la deuda externa y la reincorporación de Cuba a instituciones financieras multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, que hoy son la única fuente de financiamiento de estabilización a la escala que se requiere”.
