La detención este martes de dos ex altas funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) reactivó la causa en la que se investigan al menos 90 muertes por el fentanilo contaminado que produjo el laboratorio de Ariel García Furfaro y también puso el foco en un largo proceso de más de dos años, plagado de irregularidades, que terminó en una tragedia sanitaria sin precedentes.
La Justicia detuvo a Nélida Bisio, ex titular de ese organismo, y a Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que depende de la ANMAT. Este viernes pagaron una caución de $ 150 millones y quedaron en libertad.
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó su detención a partir del dictamen de María Laura Roteta, fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez.
En ese texto, de 191 páginas, se puede rastrear la cadena de irregularidades que llevó a que los lotes de fentanilo contaminado salieran de los laboratorios de García Furfaro, HLB Pharma y Ramallo, se distribuyeran en hospitales y centros de salud privados, y los recibieran pacientes con diversos problemas de salud. Al menos 90 de esos pacientes fallecieron y más de 40 sufrieron lesiones.
La cronología comienza en marzo de 2023, más de dos años antes de que estallara el escándalo, cuando ocurrieron las primeras advertencias sobre las irregularidades en la producción de HLB y Ramallo.
Ese mes, en una inspección de la ANMAT realizada en las instalaciones de HLB, habían encontrado serías irregularidades, desde problemas edilicios a desorden en los depósitos y productos sin autorización de comercialización.
Por eso, al mes siguiente la jefa del Departamento de Fiscalización y Gestión de Riesgo elevó una nota donde advertía sobre el “riesgo sanitario que implica para la población” el estado de las instalaciones de HLB y sugirió realizar una inspección integral de buenas prácticas e inhibir la comercialización de algunos de sus medicamentos, particularmente metformina, rolfita y clonazepam.
Sin embargo, Mantecón Fumado nunca aprobó esa inspección integral: sólo dejó al laboratorio bajo un “seguimiento”, no elevó a sumario los informes de irregularidades y prefirió citar al laboratorio a una entrevista para “regularizar” su situación, la que se realizó el 6 de octubre de ese año.
Las conversaciones de WhatsApp recolectadas en el expediente dan cuenta de otra irregularidad, pocos meses antes, en agosto, también grave: que las funcionarias habrían prometido al laboratorio no publicar los retiros de drogas en la web de la ANMAT, como ocurre habitualmente cuando un producto se saca del mercado por deficiencias, sino utilizar un “canal privado” para esa información.
Los meses pasaron, y siguieron sumándose fallas graves, como sachets con hongos detectados en enero de 2024. En abril, Mantecón Fumado y Bisio desvincularon a la responsable de Fiscalización, el área que había denunciado las irregularidades, con el pretexto de que tenía “expedientes atrasados”.
La inspección al laboratorio se concretó recién más de un año y medio después de su primera advertencia oficial, el 28 de noviembre de 2024. Encontraron fallas críticas, como áreas no habilitadas y falta de registros de esterilización. Pero podría haber sido aún peor, porque los responsables de HLB tuvieron la oportunidad de realizar un “maquillaje” de la planta y descartar reactivos vencidos: se comprobó que un día antes funcionarios del INAME habían avisado por anticipado al laboratorio sobre una inspección.
Tres semanas después, el 18 de diciembre, en la planta de Laboratorio Ramallo se produjeron los lotes de fentanilo 31.202 y 31.244 de HLB Pharma contaminados con bacterias, que se distribuyeron a fines de enero a diversos centros de salud.
En la primera semana de 2025, las áreas técnicas volvieron a elevar advertencias para prohibir la producción y comercialización de HLB por alto riesgo sanitario, pero las autoridades no firmaron las resoluciones para hacerlo. El informe de las dos inspectoras que revisaron la planta y que recomendaron paralizar la producción, llegó a manos del INAME, pero la funcionaria no lo subió a la web.
Días después, el 14 de enero, se produce la famosa reunión de ambas funcionarias con Ariel García Furfaro, que Bisio no informó en su primera declaración testimonial a la Justicia (dijo no conocer al empresario) y después se vio forzada a admitir que sucedió. Del encuentro también participaron Javier Tchukran, director general del laboratorio, y Victoria García, gerenta de calidad.
Entre otros puntos relevantes, destaca el dictamen de los fiscales, en ese encuentro las funcionarias acordaron no emitir una carta de advertencia y darle tiempo al laboratorio de que preparara un plan de acción. Surge de un chat de García que ambas funcionarias estaban “re bien predispuestas” para ayudar al laboratorio.
Para sumar más suspicacias sobre esa reunión, se realizó en la sede central de la ANMAT, cuando la mayoría de estas entrevistas se hacían en las oficinas del INAME. Y aunque estaba agendada en el calendario de Mantecón Fumado no se ingresó en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses.
Mientras tanto, los pacientes seguían recibiendo el fentanilo contaminado y, de hecho, la primera muerte asociada con el opiáceo se produjo el 8 de febrero. Recién dos días después, la ANMAT terminó firmando la carta de advertencia por las irregularidades del laboratorio. Y el 24 de febrero se ordenó el retiro de la droga.
En un chat entre ambas funcionarias que consta en el expediente, fechado el 26 de marzo, luego de que Mantecón Fumado le enviara a Bisio un informe técnico “lapidario” que detallaba los masivos incumplimientos del laboratorio, la ex titular de la ANMAT le pregunta a la directora del INAME: “Solo en dos palabras decime si esto da p CIERRE? Porq Mario pregunta. Solo eso O aún falta?”.
A esta pregunta, Mantecón Fumado respondió que tenía prevista una inspección y que “si sale bien se levantaría la carta de Ramallo”. Meses después, cuando ya había estallado el escándalo y comenzó un raid mediático para limpiar su imagen, García Furfaro dijo en TN que, a fines del 2024, Bisio le dijo que había “una orden del jefe, Lugones, de cerrarte”.
En mayo, la tragedia anunciada se concretó. El 5 de ese mes, el Hospital Italiano de La Plata le notificó a la ANMAT que ocho pacientes de terapia fallecidos presentaban una infección con una bacteria resistente y que habían recibido fentanilo de HLB Pharma. Tres días después, la ANMAT publicó en el Boletín Oficial la suspensión del uso del fentanilo y la virtual clausura del laboratorio.
Recién el 13 de mayo, la ANMAT presentó una denuncia en el juzgado federal N° 3 de La Plata cargo de Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, y comenzó la investigación. Dos días antes, HLB Pharma había denunciado un llamativo acto de “intrusismo” en sus oficinas de Tomkinson 2054, en San Isidro. Con un llamado al 911, alertó sobre una “vandalización” con “rotura de equipos, materiales y objetos”.
El 2 de junio, cuando el caso ya era un escándalo nacional, la ANMAT presentó los informes del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) del batch record, el análisis de los registros de los lotes investigados. Y diez días después clausuró la actividad de Alfarma, la droguería propiedad de García Furfaro con la que comercializaban los productos elaborados en HLB y Ramallo.
Desde entonces, la causa fue acumulando muertos, peritajes científicos, chats reveladores y más evidencia de la cadena de irregularidades, hasta la detención, el 20 de agosto del año pasado, de García Furfaro, parte de su familia y los directivos del laboratorio. Y ahora, casi un año después, de dos funcionarias que fueron las máximas responsables de la ANMAT, en la investigación por la complicidad de este organismo con los directivos de HLB y Ramallo.
