La causa que investiga 114 muertes por fentanilo contaminado de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo sumó un nuevo capítulo este martes, con un allanamiento al Ministerio de Salud de la Nación, que esta mañana debió facilitar a las autoridades judiciales documentación que consigna las entradas y salidas de personas a esa cartera, entre 2024 y 2025, confirmó Clarín.
En las últimas horas trascendió también que el juez federal a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, habría ordenado la detención de la ex titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, información que no había podido ser confirmada con fuentes oficiales al cierre de esta nota, ya que rige el secreto de sumario.
Según fuentes del Ministerio de Salud, el requerimiento judicial a la cartera que conduce Mario Lugones se inició a las 10 de la mañana de este martes. Destacaron que “se está brindando toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al ministerio”, como se hizo “desde el inicio de la investigación”, en sintonía con “respetar y acompañar el trabajo de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades”.
Sumaron que acompañan “a los familiares, que merecen conocer la verdad“. Consultados por la presunta detención de Bisio, aclararon que “hasta este momento, el ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no se harán especulaciones”.
El escándalo se inició en mayo de 2025, cuando trascendieron las primeras muertes de pacientes en el Hospital Italiano de La Plata, producto de las infecciones letales que les produjeron una serie de bacterias multirresistentes presentes en el fentanilo que los médicos les habían dado para sedarlos. Se trata de un opiáceo usualmente usado en los centros de salud que, sin embargo, había sido producido por los fabricantes con malas prácticas de manufactura.
Desde un comienzo se especuló con la posibilidad de que la ANMAT, el organismo que debe controlar la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el país, podría haber tenido una actuación débil frente a las endebles prácticas de los laboratorios HLB y Ramallo.
El desgaste que esa y otras hipótesis ligadas a un trabajo poco riguroso produjeron a lo largo de meses derivó en la salida de dos funcionarias cruciales para ese organismo. Primero, en agosto de 2025, la de Gabriela Mantecón Fumado, que conducía el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una de las patas de la ANMAT. Y en enero de este año, la de Nélida Bisio, un cuadro técnico histórico muy relevante para ese organismo. El ministro Lugones quizás hubiera removido a Bisio meses antes, pero no era fácil encontrar el reemplazo. Finalmente, el cargo fue ocupado por el actual director de la ANMAT, el ex titular de la prepaga OSDE Luis Fontana.
Más allá de su salida de la ANMAT, Bisio quedó en la mira por el rol que pudo haber tenido la autoridad regulatoria en la fiscalización de los laboratorios involucrados y en las acciones posteriores a la detección de las irregularidades. La pesquisa intenta reconstruir qué controles realizó la ANMAT, cómo respondió frente a las inspecciones que habían detectado deficiencias y si hubo omisiones que permitieron que el fentanilo contaminado siguiera circulando antes de su retiro del mercado.
El allanamiento y la presunta detención profundizan una causa que es considerada una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en la Argentina. Hasta ahora, el expediente había avanzado principalmente sobre los responsables de los laboratorios productores del fentanilo contaminado (con Ariel García Furfaro como figura emblemática de una serie de imputados). Ahora, con esta decisión, la Justicia pone también el foco en la eventual responsabilidad de los organismos públicos que debían controlar la fabricación, comercialización y recupero de los lotes cuestionados.
