Nayib Bukele tenía una postura categórica sobre las reglas del juego democrático en El Salvador: “Una persona puede ser presidente ochenta veces, si quiere, pero no seguidas. Eso es para garantizar que no ocupe su poder para quedarse en el poder”, advertía con aplomo en 2013, cuando gobernaba el modesto municipio de Nuevo Cuscatlán. Trece años después, aquella advertencia se convirtió en profecía: Bukele acaba de oficializar su candidatura para un tercer mandato consecutivo.
La paradoja no responde a un cambio de ideología repentino nomás, ni a un giro de guion inesperado. La búsqueda de la permanencia indefinida en el poder es el resultado de una estrategia desarrollada desde la Casa Presidencial desde el primer día en que Bukele llegó al poder. Entre las declaraciones del popular y emergente joven Bukele y la consolidación de un líder hegemónico hay un trazado sistemático: una vez en el poder, usó su poder para descabezar a las altas cortes, reformar la Constitución al margen del debido proceso y cooptar los organismos de control. Una ruta paciente y calculada hacia la concentración absoluta del poder en la figura de un solo hombre: él mismo.
Bukele logró establecer en solo siete años como su modelo lo que otros mandatarios de la región como Daniel Ortega, en Nicaragua, o Hugo Chávez, en Venezuela, habían logrado antes, pero en mucho más tiempo: convirtió a la Asamblea Legislativa en un pasapapeles, redujo al mínimo a la oposición política y dio un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia sustituyendo a los magistrados por unos hechos a su medida que luego interpretaron la Constitución para que, donde decía que no se permitía la reelección, ahora se entendiera que sí.
Y se reeligió. Luego, durante el último año, ha culminado su ajedrez con tres movidas finales: modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida, cooptó el Tribunal Supremo Electoral y se inscribió nuevamente como candidato.
Paralelamente al control institucional, Bukele ha empujado al exilio a voces críticas del país y ha encarcelado a otras más. La oposición partidaria es casi nula y, a siete meses de las elecciones a realizarse en febrero próximo, en el tablero aún no se vislumbra ninguna figura que pueda plantarle cara. Bukele tiene allanado el camino para asegurarse 14 años en el poder, más de lo que duró el último de los dictadores salvadoreños, el general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó durante 13 años, desde 1931 a 1944.
Controlarlo todo
El primer punto de inflexión en el discurso democrático de Bukele llegó en 2021, cuando su partido, Nuevas Ideas, obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz, un presidente contaba con suficiente poder para aprobar leyes y reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
El 1 de mayo de 2021, apenas instalada la nueva Asamblea, los diputados oficialistas destituyeron, sin seguir el proceso previo, a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República y los sustituyeron por hombres afines a Bukele. Cuatro meses después, la nueva Sala emitió una resolución que cambió el rumbo político del país: reinterpretó uno de los cinco artículos de la Constitución que durante décadas habían sido una prohibición expresa de la reelección presidencial inmediata y concluyó que, ahora sí, un mandatario podía competir por un segundo período consecutivo.
Luego de la oficialización de su candidatura, Bukele se defendió con una publicación en la red X: “Prácticamente todos los países han modificado sus constituciones. En muchos casos, esos cambios ocurrieron mediante guerras, golpes de Estado o procesos violentos; no por medio de una fiesta cívica en las urnas, como lo hicimos los salvadoreños”, defendió Bukele luego de anunciar su segunda reelección. Y añadió que países como Canadá, Reino Unido o Alemania tienen reelección mediante una democracia parlamentaria. “Resulta interesante que presenten ese sistema como superior”, escribió.
Muchos argumentan que la mayoría de los países que permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno son “democracias parlamentarias”, y resulta interesante que presenten ese sistema como superior.
El simple hecho de agregarle la palabra “democracia” como adjetivo no lo… https://t.co/WQGlremrYa
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 14, 2026
“En un sistema presidencial (como el de El Salvador), ni puede el Legislativo forzar a que el Ejecutivo adelante elecciones para que dure menos de lo que corresponde, ni puede extender el cargo más allá de lo que le permite la Constitución”, explica Rodolfo González, abogado constitucionalista y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. “Si la Constitución permite la reelección como en el caso de Estados Unidos, en lugar de estar solo cuatro años, puede estar ocho, pero si la Constitución dice que no hay reelección, el presidente dura lo que dice la Constitución y luego se tiene que ir”, aclara.
Con la resolución judicial de los nuevos magistrados, Bukele compitió en las elecciones de 2024 y obtuvo un segundo mandato con una amplia victoria. En aquel momento, organismos internacionales rechazaron el artilugio. Bukele, por su parte, afirmó que ese sería su último período. Explicó que la decisión había sido conversada con su esposa, Gabriela de Bukele, y que después de ese mandato pensaba dedicarse a su familia. Pero aquella promesa también duró poco.
Reformar la Constitución
Una vez reelecto, Bukele continuó con su estrategia para perpetuarse en el poder. La reinterpretación hecha por sus magistrados planteaba que quien no podía postularse como candidato a la Presidencia era quien había ejercido el cargo como presidente en dos periodos atrás al venidero, por lo que esta vez era necesario cambiar la Constitución. Sin embargo, la misma Constitución prohibía cambiar los artículos relativos a la alternancia del poder. De hecho, el texto decía que para cambiar cualquier artículo de la Constitución era necesario que una primera legislatura aprobara la reforma y la siguiente la ratificara.
Jonathan Sisco, jefe de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una organización derfensora de derechos humanos en la mira de Bukele explica que “en El Salvador el sistema de Gobierno es un ejemplo clásico de hiperpresidencialismo; se caracteriza porque el presidente ejerce el control sobre los otros Poderes del Estado. Aun cuando formalmente existe división de poderes, en la práctica no funciona”.
La bancada oficialista aprobó el 30 de abril de 2024, saltándose toda jurisprudencia, un mecanismo exprés para reformar la Constitución. Estos diputados eliminaron el candado de las dos legislaturas vigentes desde 1983 y definieron que para modificar la Carta Magna solo hacía falta que ellos estuvieran de acuerdo.
Pero nadie compra un arma si no es para usarla. La noche del 31 de julio de 2025, de nuevo, la Asamblea controlada por el bukelismo aprobó sin mayor discusión una serie de reformas para permitir la reelección indefinida y además amplió el periodo presidencial de cinco a seis años. Poco después, Bukele reafirmó públicamente su intención de permanecer más tiempo en el poder. “No me gustaría irme ahorita… si fuera por mí, sigo diez años más”, dijo en una entrevista con el creador de contenido español David Cánovas Martínez.
“Bukele ejerce el poder concentrado, es jefe de Gobierno y al mismo tiempo jefe de Estado, comandante general de las Fuerzas Armadas y responsable de la inteligencia del Estado. También ha reformado el sistema electoral para favorecer a su partido y se ha perpetuado en el ejercicio del poder de forma ilegítima; la Constitución ha sido reformada violando el proceso formal de enmienda”, añadió Sisco.
La última jugada de Bukele tuvo que ver con los tiempos. Tras defender la reelección indefinida, el mandatario aseguró a través de la red social X que su decisión tenía más que ver con un ahorro para el Estado que con un deseo por perpetuarse en el poder. Dijo que extender el periodo a seis años serviría para sincronizar elecciones generales cada seis años y elecciones de medio término cada tres, y no estar constantemente en elecciones como cuando se realizaban cada tres y cinco años.
Las encuestas siguen mostrando niveles de aprobación superiores al 80% y una mayoría favorable a que permanezca en el poder. Sin embargo, un estudio de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) refleja un aumento del temor ciudadano a expresar críticas contra el Gobierno: seis de cada diez salvadoreños temen criticar a Bukele y creen que hacerlo puede tener consecuencias negativas.
El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales y dio facultad a policías y soldados para ser “jueces en la calle”, en palabras del exdirector de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas (fallecido en agosto de 2024). La medida, aprobada inicialmente por treinta días para enfrentar una escalada de homicidios provocada por las pandillas, se ha convertido en la norma durante más de cuatro años; es decir, durante más de la mitad del tiempo que Bukele lleva en el poder. El Gobierno sostiene que esa política permitió desarticular a las pandillas, pero al mismo tiempo argumenta que es necesario continuarla “hasta capturar al último pandillero”.
“A los políticos se les debe evaluar por los hechos y no por sus promesas. La historia reciente del continente tiene varios casos de mandatarios que prometieron no reelegirse y, al final, lo hicieron; algunos incluso se mantuvieron en el poder hasta su muerte”, alerta el analista Sisco. Hoy, con la candidatura oficializada para un tercer mandato, aquella afirmación que Bukele hizo en 2013 sobre la importancia de impedir que un presidente se quedara en el poder ha quedado convertida en una más de las contradicciones que han marcado su gestión. “Al final, cada pueblo elige su propio camino”, sentenció Bukele en X.
