El Gobierno de México envió la semana pasada una serie de cartas de protesta por las muertes de migrantes de ese país en los centros de detención del ICE en territorio de Estados Unidos. Son lugares al servicio de las operaciones de los agentes federales de la Administración de Donald Trump pero gestionados por empresas privadas. Este viernes por la mañana, 10 días después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) disparara en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, Michael Kozak, representante del Departamento de Estado, devolvió esas misivas al nuevo embajador de Claudia Sheinbaum en Washington, Roberto Lazzeri, recién llegado a la capital estadounidense.
Si uno atiende al modo en el que la cuenta oficial en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que dirige Kozak, relató por la tarde el episodio, obtiene la impresión de algo rayano en un incidente diplomático, además de un toque de atención ante una injerencia en la soberanía nacional de EE UU. “Kozak devolvió las cartas de México que pretendían dictar las acciones del personal del Gobierno de los Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense”, dice el comunicado, que añade que en el encuentro se recomendó “a México transmitir sus inquietudes a través de los canales diplomáticos”.
Al rato, llegó la versión de la Embajada con sus puntualizaciones. La reunión en el Departamento de Estado estaba programada de antemano, “como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— con motivo del fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California”.
En ese siniestro lugar, gestionado por una empresa llamada GEO Group, que controla decenas de centros penitenciarios por todo el país, ademas de nueve centros de “procesamiento” del ICE, han muerto cuatro mexicanos desde mayo de 2025, cuatro meses después del regreso de Trump a la Casa Banca con su brutal agenda migratoria. En otra de las instalaciones de GEO Group, en Georgia, murió un quinto. Con Araujo, ya son 14 los mexicanos fallecidos mientras estaban bajo custodia de la policía migratoria de Trump o en operativos de esos agentes. Otros tres mexicanos han muerto durante las redadas del ICE.
A los gestores del centro de Adelanto se dirigió el Gobierno de Sheinbaum con una petición de “cease and desist”, que busca tanto del cese de una actividad ilegal como su desistimiento; es decir, que esta no se vuelva a repetir. En esa misiva, dice el comunicado de la Embajada, se exigía a la empresa el respeto por “los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo”.
Con la devolución de la carta, México da por “formalmente planteadas por la vía diplomática” las “preocupaciones que motivaron” su envío. “México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, concluye el texto consular.
El envío de esas misivas forma parte de una ofensiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, que puso en marcha varias acciones simultáneas de protesta. La estrategia incluirá la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la interposición de denuncias ante algunas fiscalías estatales. El Gobierno de México ya se ha comunicado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le ha solicitado que analice el caso y formule las recomendaciones correspondientes.
Ese cambio de actitud del Gobierno de Sheinbaum, que abandonó el camino de las burocráticas notas diplomáticas y pasó a la ofensiva judicial, vivió este viernes su primera prueba tras el encontronazo con Kozak. La SRE había establecido que el envío de las cartas era un paso previo para emprender también una demanda civil, paralela a la ruta penal. En ese sentido, su rechazo o aceptación no cambiaba el proyecto. Sin embargo, el gesto de Washington está cargado de simbolismo.
Más allá del tono de hostilidad, es llamativo que Estados Unidos haya apelado a la defensa de su soberanía, en un momento en que México le reclama precisamente por cometer actos de injerencia en sus asuntos internos. La Administración de Trump, en su afán expansionista en el continente, ha amenazado abiertamente a México con violar su soberanía con el pretexto del combate al “narcoterrorismo”. El Gobierno de Sheinbaum ha intentado marcar un límite, estableciendo que la cooperación entre ambos países debe darse sin sometimiento.
Lo cierto es que la incursión de EE UU en México está en curso y ha tenido varios rostros. Del turbio secuestro y captura de Ismael El Mayo Zambada con la participación del FBI al despliegue de agentes de la CIA en Chihuahua, pasando por la presentación formal o la filtración a la prensa de acusaciones contra gobernadores de Morena, el partido oficialista, Washington ha intentado fijar la idea de que el Gobierno de México está rebasado por el narco, e incluso coludido con él. Para el Ejecutivo de Sheinbaum, se trata de maniobras políticas, entrelazadas con campañas de la derecha internacional, que buscan debilitar a su Gobierno y al movimiento que abandera.
México ya había explorado antes la estrategia de demandar justicia en los tribunales de EE UU en contra de actores o los intereses de ese país. Los resultados han sido dispares. Mientras que la Suprema Corte estadounidense le dio un varapalo en su recurso contra fabricantes de armas —que son traficadas y terminan en manos de los carteles—, la justicia sí que le dio la razón en su demanda para reclamar la fortuna que Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), invirtió en Florida a partir de dinero público desviado del erario mexicano.
Con independencia del resultado que obtenga en esta nueva ofensiva judicial y política, México ha, cuando menos, lanzado la advertencia de que las atrocidades cometidas por el Gobierno de Trump contra los migrantes no deben quedar impunes. Serán las instituciones de Estados Unidos las que, en todo caso, digan lo contrario, desnudando así el espíritu que las guía.
