El destino de los aportes previsionales de más de 55.000 auxiliares docentes y profesores de materias “extracurriculares” de los colegios de la Provincia originó una polémica que involucra a las entidades educativas, el gobierno bonaerense y la Anses. El conflicto también llegó a la Justicia.
La controversia deriva de un artículo de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso que los docentes extraprogramáticos —quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria— y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada deriven los aportes -que hacen a la Anses- hacia el Instituto de Previsión Social (IPS), que es la caja por la que se jubilan los empleados públicos provinciales.
Es una iniciativa que las entidades educativas rechazan porque implica más costos (el IPS recauda porcentajes más altos que la caja de Nación) y porque se hizo “sin acuerdos ni consultas”. Y para el Estado bonaerense representa un ingreso clave para un instituto que tiene un déficit operativo de casi 1,5 billón de pesos anuales.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina —AIEPA— llevó el litigio a los Tribunales: promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial y el dictado de medidas que resguarden “la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas”.
En paralelo a la acción judicial, AIEPA hizo planteos ante la dirección General de Escuelas. Solicitó que, hasta tanto exista certeza normativa, administrativa y judicial suficiente, no se exija a los establecimientos educativos la denuncia, carga o incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional.
Según el artículo 59 de la Ley provincial Nº 15.557, de presupuesto, promulgada el 15 de diciembre de 2025, el traspaso debía operar a partir de julio. O sea: los institutos de enseñanza ya debían empezar a derivar el 14% del sueldo que liquidan a sus empleados al ente previsional de Buenos Aires este mes.
De hecho, algunas organizaciones que agrupan a esos colegios habían enviado a los administradores los instructivos para concretar el cambio. Pero AIEPA, que tiene más de 3.000 asociados en territorio provincial rechazó la instrumentación.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Según coincidieron ante Clarín varias fuentes parlamentarias, la inclusión de este artículo en un forzado tratamiento del Presupuesto (Axel Kicillof no conseguía los votos para aprobarlo y tuvo que negociar con sectores internos y oposición por mas de dos meses) busca inyectar algo de oxígeno al IPS que arrastra desde hace una década un déficit cada vez mayor.
El IPS tiene más de 500 mil jubilados del sector estatal, de los municipios y del magisterio estatal. Todos los aportes patronales los hace el Tesoro de la Provincia. Además, también habrían presionado para obtener el traspaso, los dirigentes de SADOP, el gremio de los trabajadores docentes privados.
Aun cuando en lo inmediato representaría una pérdida del haber de bolsillo. El IPS “cobra” al empleado 15% del sueldo mensual, cuando Anses percibe el 11%.
En los últimos días, además de Aiepa, otras entidades que responden al sistema no estatal de la enseñanza (los parroquiales y los asociados a otras asociaciones) se sumaron al rechazo. Aun aquellos que -hace unos meses- informaban la manera de empezar a trasladar los aportes a Provincia.
Esta semana, la Federación de Entidades Religiosas (FAERA), junto a ADEEPRA, COORDIEP, CONSUDEC y otras asociaciones— realizaron presentaciones y decidieron iniciar una “una mesa de trabajo con el IPS”. Paralelamente, las expresiones religiosas promovieron una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar una declaración de certeza y una medida cautelar. “No buscamos dejar de pagar los aportes patronales, sino saber con certeza dónde corresponde hacerlo, porque tanto la Nación como la Provincia podrían reclamarlos” explicaron.
En el IPS explicaron a Clarín: “No fuimos notificados de la judicialización, pero sabemos que hay dos presentaciones”. No obstante, aclararon que mantienen “diálogo y acuerdo con las asociaciones y gremios para avanzar con la instrumentación”, de una Ley que -aclaran- “esta en plena vigencia y es obligatorio su cumplimiento”. Ya están ingresando aportes de colegios privados a las arcas de IPS. “Con aquellos que cruzamos datos podemos empezar a aplicarlo”, agregan en el organismo previsional.
Sobre el futuro de los retirados de este régimen dijeron que -como en todos los casos- los trabajadores se jubilarán y liquidará la caja que más años de aporte haya recibido.
