Habían pasado tres días de los sismos y ningún venezolano tenía tiempo ni cabeza para pensar en la migra. Ya todo lo malo parecía haberles sucedido: en su país, los terremotos dejaron miles de fallecidos, heridos y desaparecidos; y en Estados Unidos, llevaban un año y medio huyendo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hablando de arrestos, de cortes y de deportados. El sábado 27 de junio, al mediodía, un grupo de ellos, repartidores de comida en Washington D. C., se juntó a almorzar en el restaurante de siempre. El ICE, que no distingue entre el dolor o el luto, llegó y cargó con los venezolanos allí reunidos. “Estamos asustados”, dijo una mujer que presenció la detención y pidió permanecer en anonimato. “Este trabajo es nuestro medio de vida. Nosotros estamos mandando mucha ayuda a Venezuela con nuestros salarios”.
Ni siquiera un desastre natural de dimensiones aún incalculables es motivo para que el Gobierno de Donald Trump ponga en pausa su intención de llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Los días previos a su cita con migración, Nelson Contreras, 35 años, quien llegó de Venezuela en 2022, comenzó a ver los videos que para entonces llegaban desde Caracas o La Guaira, los sitios más golpeados por la catástrofe. Se los mostró a su pareja, Ariel Whaley, con quien se había casado hacía solo una semana. “Estaba trabajando cuando supo la noticia, movía la cabeza y se veía muy triste y afectado”, cuenta la esposa. La preocupación por su chequeo migratorio comenzó a ser reemplazada por la angustia por su país.
El pasado jueves acudió a su cita, estuvo dos horas con los oficiales, quienes le pidieron que regresara el sábado. Contreras se fue en la noche a trabajar a una despensa de alimentos en Filadelfia, presintiendo que era la última vez que iba a poder ver a Whaley. La llamó por teléfono. “En medio de la llamada, de repente me dijo: ‘Grábame’. Quiso que tomara una captura de pantalla de los dos. Quizá sentía que esa sería una de las últimas veces que vería su rostro antes de que pudieran enviarlo de vuelta a Venezuela”, cuenta ella. Contreras estaba en lo cierto. El ICE lo agarró y hoy se encuentra detenido en Pensilvania, esperando la decisión de un juez.
El miedo de Whaley a que deporten a su esposo no empezó ahora. “Desde el arresto de Maduro, el 3 de enero, he vivido aterrorizada”, asegura la mujer, haciendo referencia a la captura del presidente venezolano por parte del ejército estadounidense. “La crisis humanitaria ya era muy grave y el terremoto la ha agravado de una manera descomunal. También ha dejado en evidencia lo mal preparado que está el Gobierno venezolano para atender las necesidades de su población. Me daría muchísimo miedo que él, o cualquier otro venezolano, fuera enviado de regreso en medio de tanta confusión, dolor, destrucción y necesidad”.
A una semana de los mayores temblores que Venezuela ha sentido en más de un siglo, las autoridades reportan más de 2.000 muertos y sobre 4.000 desaparecidos en un país al que la naturaleza ha llegado a darle la última estocada, después de años de crisis económica, corrupción, represión y la catástrofe que les dejó el terremoto del chavismo. Esas fueron las causas por las que 1,2 millones de venezolanos emigraron de su país y se asentaron en Estados Unidos, sobre todo en la última década. Ahora estos sismos han vuelto a destapar las razones no solo por las que los venezolanos se marcharon a probar la suerte del migrante, sino por las que no pueden regresar: los apagones han dificultado la búsqueda de las labores de rescate entre los escombros; el sistema sanitario está colapsado; el país con las mayores reservas de petróleo del mundo no ha tenido el suficiente combustible para las maquinarias que operan en las zonas de desastre, y hay gente que ha denunciado amenazas por exponer públicamente la ineptitud del régimen.
Por otra parte, la Administración de Donald Trump, que desde enero mueve los hilos del poder en Venezuela, y que ha dicho que ese es un país al que sus migrantes pueden volver, no solo deportó a casi 14.000 venezolanos el año pasado, sino que mantiene a unos 6.000 de ellos en centros de detención. El mismo martes 24 de junio, el día de los sismos, el Gobierno estadounidense operó un vuelo de deportación que salió desde Texas con 147 personas, quienes en su mayoría murieron tras el derrumbe del hotel donde las autoridades chavistas los estaban procesando a su llegada a Caracas. Esa misma noche, desde el centro de detención en la localidad texana de Dilley, otro grupo de venezolanos estaba a punto de ser deportado, pero debido a la magnitud del desastre fueron devueltos al centro.
Aún han pasado pocos días para mirar más allá del luto, los cuerpos en descomposición y el dolor nacional, pero los migrantes venezolanos en Estados Unidos no han dejado de hacerse preguntas: si los agarra el ICE, ¿a qué país van a volver? De ser devueltos, ¿cómo van a ayudar a los suyos?
No hay distancia que haga sentir a salvo a Yonatan Matheus, que lo calme. Nueva York, a donde llegó como solicitante de asilo, está lejos del sitio donde nació, La Guaira, pero eso no lo hace padecer menos la tragedia. Ha visto en imágenes los escombros de la residencia de su prima y los hogares deshechos de otros de sus familiares. Hasta la medianoche del martes no supo que su gente estaba bien.
“Varios familiares y personas cercanas perdieron sus hogares, otras familias lo perdieron todo y muchos miembros de mi comunidad fallecieron. Es una sensación muy difícil de explicar: quieres estar allí para abrazar, ayudar y acompañar, pero simplemente no puedes”, cuenta.
A la preocupación por los suyos se suma la que arrastra desde hace años: la espera de una residencia que le permita sentirse seguro en Estados Unidos. “Quienes huimos de la persecución no deberíamos vivir con el temor constante de perder la protección que el derecho internacional reconoce a quienes no pueden regresar a su país”, sostiene. “En momentos de una emergencia de esta magnitud, corresponde evaluar todas las medidas humanitarias disponibles para proteger a los venezolanos. Lo importante es que nadie sea obligado a regresar a un país que atraviesa una situación de emergencia mientras muchas familias intentan recuperarse”.
La lucha por el TPS
El pasado 29 de junio, a cinco días de los terremotos, el Gobierno estadounidense —que además de personal y equipamiento para labores de rescate movilizó 150 millones de dólares en asistencia a Venezuela y contribuyó con 100 millones de dólares al fondo común de Naciones Unidas para la recuperación del país— advirtió públicamente: “La ‘T’ de TPS significa ‘TEMPORAL”. Con ello comunicaba que el Estatus de Protección Temporal, que ha beneficiado en los últimos años a nacionales de Afganistán, Nicaragua, Honduras, Haití, Siria, Somalia y también Venezuela, tenía los días contados. El anuncio llegaba después de que el Tribunal Supremo consintiera la eliminación del programa para unos 350.000 haitianos y casi 6.000 sirios. “Te ayudaremos a marcharte, si así lo deseas”, reiteró el Departamento de Seguridad Nacional en X. “Si decides no hacerlo, te detendremos y te obligaremos a marcharte”.
La ley estadounidense valida la designación del TPS cuando, por razones humanitarias, los migrantes se ven en peligro de regresar a su país. En 2010, cuando el terremoto en Haití dejó un saldo devastador de más de 300.000 muertos, los haitianos en Estados Unidos se beneficiaron de esa protección. A los sirios que salieron huyendo de la represión de Bashar al-Assad, la Administración de Barack Obama les extendió la misma posibilidad. Hace cinco años, el Gobierno de Joe Biden ofreció el TPS a los venezolanos por las “condiciones extraordinarias y temporales” que atravesaba el país. Antes de dejar la presidencia en 2025, el demócrata les extendió por 18 meses más esa protección, y desde entonces el TPS ha sido una de las principales disputas entre los migrantes venezolanos y el actual inquilino de la Casa Blanca.
Desde que en noviembre pasado la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunciara la culminación del TPS para venezolanos, suman casi 600.000 los que permanecen en el país sin permiso de trabajo y expuestos a la detención o la deportación. Hoy, en medio de la gran tragedia que atraviesan y que los tiene ocupados en recolectar, gestionar y enviar ayuda humanitaria a su país, la comunidad venezolana en EE UU pide que se les extienda esta protección legal.
El abogado venezolano John De la Vega, quien forma parte de la campaña que solicita a la Administración de Trump una extensión del TPS, considera que es un momento pertinente y justificado para que Washington la tramite. “Una de las razones por las que el Servicio de Inmigración puede otorgar un TPS está basada en desastres naturales, y da como ejemplo los terremotos, y lo que estamos viendo en Venezuela está afectando a decenas de miles de venezolanos. No existe ni siquiera un aeropuerto para que las personas puedan retornar a su país de manera segura”, señala el letrado. “Estamos hablando de que no es una medida extraordinaria lo que está pidiendo la comunidad, sino que simplemente utilicen e implementen las leyes”.
Esta semana, varios políticos, activistas, organizaciones y abogados enviaron una carta dirigida a Trump y al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar “de manera formal y urgente una redesignación” del TPS para los venezolanos. Después de exponer en cifras el saldo material y humano de la catástrofe natural, y de insistir en que se trata de una “emergencia nacional de gran escala”, los firmantes aseguraron que “Venezuela no es segura y se ha vuelto exponencialmente más peligrosa”.
“El país no puede absorber ni manejar de forma segura el retorno de miles de venezolanos deportados”, afirmaron.
José Antonio Colina, uno de los firmantes y presidente del grupo Venezolanos Perseguidos por Razones Políticas en el Exilio, cree que, en medio de “una política migratoria agresiva en la cual se nos habían venido quitando las protecciones”, la petición común es que el Gobierno estadounidense otorgue algún tipo de protección. “Que no sean devueltos a un país que no esté en capacidad de poderlos recibir”, dice.
Más allá de la deportación, Colina espera que se detenga la persecución a los venezolanos por agentes del ICE y que los liberen de los centros de detención. “Al no poder ser enviados hacia Venezuela, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar a esa gente en las cárceles de inmigración aquí en Estados Unidos? ¿Hasta cuándo? Ellos enviaron ayuda humanitaria, están enviando dinero, están enviando rescatistas. ¿Por qué no dar protección a los venezolanos que se encuentran aquí?”.
