El juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el trader que fue asesinado y su cuerpo descuartizado y descartado en un arroyo de Lomas de Zamora, comenzó esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de esa localidad con una particularidad que podría trascender el caso en sí: el funcionamiento del sistema de juicio por jurados frente a una investigación de alta complejidad, con varios acusados y una abundante prueba pericial.
Así lo sostuvo el abogado Ignacio Barrios, representante de la escribana Carolina Cerrato, una de las testigos consideradas clave en el debate, quien explicó que el proceso podría dejar un importante impacto institucional; aunque aclaró que el veredicto no generará jurisprudencia en el sentido técnico del término.
Comienza el juicio por el crimen de Pérez Algaba, el empresario descuartizado en General Rodríguez
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“El jurado popular no funda su decisión, de modo que no genera doctrina como sí lo hace un fallo de cámara o de casación”, comenzó diciendo el letrado a este medio. Sin embargo, remarcó que el caso será observado de cerca por el ámbito judicial debido a las características de la causa.
“Lo relevante es que el sistema de juicio por jurados de la Provincia de Buenos Aires, que en su mayoría se aplicó a casos de gatillo fácil o legítima defensa, se mide aquí frente a una causa de enorme complejidad: prueba indiciaria, pericial y acusaciones cruzadas entre varios imputados”, describió Barrios.
En ese sentido, afirmó: “Cómo responda el jurado a ese desafío sí va a ser observado y, en ese plano, el caso puede dejar enseñanzas sobre los límites y las fortalezas del instituto”.
En ese contexto, uno de los testimonios más esperados será el de Cerrato, cuya declaración está prevista para las primeras jornadas del juicio. La escribana intervino en la firma del reconocimiento de deuda entre Pérez Algaba y uno de los principales acusados, Maximiliano Pilepich, un documento que la acusación considera determinante para reconstruir la maniobra que derivó en el crimen.
“La relación de mi asistida con el hecho es estrictamente profesional e instrumental: el acto de reconocimiento de deuda se otorgó en su registro notarial -ubicado en la localidad de Castelar-“, explicó. Además, anticipó que declarará únicamente sobre aquello que conoció en el ejercicio de su función.
También hay expectativa por la comparecencia de la martillera Vanesa Romera, que le había alquilado temporalmente un departamento a Pérez Algaba en Ituzaingó. El empresario iba a permanecer allí entre el 12 y el 19 de julio de 2023 y luego volvería a Barcelona, España, pero nunca apareció para devolver las llaves. Con la denuncia por averiguación de paradero presentada por la martillera, más tarde se pudo comprobar que el cuerpo desmembrado hallado en una valija en Ingeniero Budge era el del trader.
El crimen de Fernando Pérez Algaba
El juicio tiene en el banquillo a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, acusados de homicidio agravado por alevosía, codicia y el concurso premeditado de varias personas, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua. En la causa hay otros cuatro acusados, la gestora Flavia Bomrad, el excomisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario que aún no tiene fecha prevista.
Pérez Algaba, conocido como “Lechuga” por sus amigos, tenía 41 años y era conocido por dedicarse a la compra y venta de autos de alta gama y la realización de otros emprendimientos comerciales. Según la acusación, el 18 de julio de 2023 fue convocado al predio “Renacer”, en el partido de General Rodríguez, para cobrar parte de una deuda de 50 mil dólares -podría ser mayor- que sus socios mantenían con él.
“Renacer” es un emprendimiento inmobiliario de unas 200 hectáreas que recién comenzaba a desarrollarse. La hipótesis menciona que “Lechuga” habría caído en una trampa y mientras cambiaba una lamparita le dispararon dos veces por la espalda. Para la Fiscalía, Pilepich y Vargas estuvieron involucrados en el homicidio y, Gil habría colaborado en el traslado y ocultamiento del cadáver.
La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que Bomrad supuestamente engañó a Pérez Algaba para que vaya hasta general Rodríguez. A Carrizo, Contreras y Córdoba, excomisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, efrentarán cargos vinculados una presunta participación en el descarte del cuerpo, especialmente por envolver y trasladar los restos dentro de la valija que luego fue ubicada en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.
Según explicó Barrios a PERFIL, la acusación llega con un cuadro de prueba convergente. “Está la pericia forense y balística, dos disparos por la espalda, a distancia, con resultado mortal; la prueba de telefonía, que ubica a los imputados en torno a la víctima en las horas clave; la prueba documental, los papeles de reconocimiento de deuda que se retiraron y que explican el desplazamiento de Pérez Algaba; y las propias declaraciones cruzadas de los acusados, que se atribuyeron mutuamente la autoría de los disparos”, precisó.
Debido a la gravedad de los delitos que se les imputan a los acusados principales, la querella reclamará la pena de prisión perpetua. Se espera que el proceso por jurados se extienda hasta el 9 de julio próximo, cuando se determinaría el veredicto.
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