La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a diversos próceres argentinos -entre ellos José de San Martín-, que iban a ser vendidos en forma ilegal a través de una casa de subastas.
Según se informó, el material se ofrecía a través de una página web pública y su precio partía de una base de 100 mil dólares. Los elementos que forman parte de un patrimonio histórico nacional fueron secuestrados y quedaron a disposición del juez interviniente.
La investigación inició a partir de una serie de tareas de prevención impulsadas por el Ministerio de Seguridad que habitualmente se realizan en el marco de una serie de políticas destinadas a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y que incluyen el monitoreo y verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.
Mientras realizaban esas tareas, personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA detectó un sitio web público que ofrecía un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino.
La venta la llevaba adelante una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad y el precio de base del lote era de 100 mil dólares.
A partir de las investigaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo y a través de la Secretaría N° 7 de Diego Fernando Arce, ordenó realizar una presentación en el lugar, en donde se recuperaron cartas y documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
El magistrado ordenó que la documentación sea trasladada a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, y la realización de una serie de pericias.
Según se indicó, por sus características, tipografía, sellos y fecha, las piezas secuestradas se encontrarían alcanzadas por la Ley 15.930, que regula la protección aquella documental que se encuentra bajo la órbita del Archivo General de la Nación.
Según la Ley mencionada, el Archivo General de la Nación es el encargado de reunir, ordenar, conservar, mantener y organizar la documentación pública y el acervo gráfico y sónico, pertenecientes al Estado Nacional, y que integren el patrimonio del archivo, o la documentación privada que le fuera entregada para su custodia.
