Estamos atravesando un periodo de mejora de la macroeconomía. Al equilibrio fiscal se suman la mejora del riesgo país, el descenso de la inflación, el aumento de las reservas en el Banco Central, entre las más notorias. Sin embargo, observamos el deterioro de la situación de salud, la cual no parece afectar al ministro de Salud ni al gobierno nacional. Por el contrario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebra e insiste en otros cortes y recortes en el presupuesto y funciones del ministerio de Salud de la Nación.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre 2023, las funciones y actividades del ministerio de Salud se vieron disminuidas, política y económicamente, con el abandono de la responsabilidad del Gobierno nacional, y por ende menos recursos económicos, que afectaron la provisión y envío de insumos del Gobierno nacional a las provincias, así como la capacitación del personal de programas nacionales. Esto sobrecargó a las provincias que debieron hacerse cargo de todo lo relativo a la salud, en muchos casos con menos recursos ya que el gobierno nacional disminuyó los fondos de aporte a las provincias. Situación que empezó a afectar mujeres y hombres residentes en el país.
Dos áreas sensibles como son la mortalidad infantil, o sea las muertes de niñas y niños en el primer año de vida y la mortalidad materna debida a problemas en el embarazo, parto o puerperio, ya evidenciaron este impacto negativo. La tasa de mortalidad infantil, a pesar del deterioro que existía en salud en los últimos años, se vio más afectada a partir de diciembre del 2023; si bien se mantenía estable en una disminución permanente desde el 2000 hasta el 2023 donde fue de 8 por 1.000 nacidos vivos, en el 2024 aumentó a 8,5 por 1.000. La estabilidad del descenso durante tantos años fue bruscamente quebrada con el aumento en el 2024; imposible no asociarlo al abandono de la responsabilidad del Gobierno nacional.
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La mortalidad materna también en el 2024 registró un aumento, después de muchos años de disminuir. Sus causas están fuertemente asociados al deterioro de la atención y control del embarazo, parto y puerperio. Esto se verá más claro cuando se conozcan los datos del 2025. Como señalan los doctores Glanc y Torres en un artículo publicado la semana pasada en El Observador: “El costo diferido, medido en mortalidad evitable, morbilidad no tratada y destrucción de capital humano, excede con amplitud el ahorro fiscal inmediato de la decisión administrativa 20/2026 que formalizó una disminución del presupuesto en programas del Ministerio de Salud y otros”. Los autores se refieren al último corte presupuestario, pero debemos entender que estos recortes económicos que expresan el desentendimiento de la responsabilidad del Estado nacional por la salud ocurren desde diciembre del 2023 y se van incrementando.
Observamos incongruencias muy grandes porque hemos visto la información que el propio ministerio ha publicado sobre el aumento de la sífilis, sin embargo, esto no se reflejó en un incremento en las medidas de prevención, como por ejemplo la compra y distribución de preservativos y la difusión para la promoción de su uso. Por el contrario, disminuyó la compra a niveles máximos y se suspendieron todas las campañas focalizadas de promoción de su uso; las masivas ya no existen desde hace años.
Al deterioro de la cobertura de vacunación que se registra en el país y que produce la aparición de enfermedades como el sarampión, que ya estaban desaparecidas, y la muerte de niños que no estaban vacunados correctamente, se suma el aumento de muertes infantiles por enfermedades evitables que denuncia la Sociedad Argentina de Pediatría y que se ve claramente en el Boletín Epidemiológico que el Ministerio nacional difunde.
Entonces, la disociación entre “la mejora de la economía y el deterioro en la salud” es algo que debe enfrentar el gobierno nacional con las provincias, pero no dejando toda la responsabilidad en las provincias, ya que ellas tienen diferencias que deben ser compensadas por las políticas nacionales. Esto no parece ser algo que el Gobierno nacional esté considerando e incluso reconozca. Por eso, cuando nos dicen que estamos mejor económicamente y que estaremos aún mejor, las preguntas que siguen son: ¿alcanza para disminuir la enfermedad y muerte?, ¿o son hechos separados?, ¿por qué queremos una población con mejor capacidad económica pero más desigual en términos de salud?
La desigualdad en salud afecta principalmente a mujeres y niños de sectores pobres y carenciados, mientras la mejoría económica se concentra en los más favorecidos económicamente que son menos y privilegiados. ¿Ese es el país que queremos? Debemos considerar esto para evitar caer en una nación más fragmentada donde los pocos gozan de todos los beneficios y la gran mayoría carece de lo más básico. Conocemos los determinantes de la salud y sabemos que el beneficio económico no necesariamente debe producir esto; por el contrario es algo que favorece a la salud, pero para eso necesitamos políticas públicas que equilibren ambos. Esto es posible y existe en muchos países con este modelo, incluso en la región. No permitamos que nos engañen.
