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La reciente y sorpresiva aparición del magnate de Silicon Valley, Peter Thiel en territorio argentino encendió las alarmas de analistas y académicos. Lejos de tratarse de una mera visita protocolar o de un viaje de negocios inocente, su desembarco en el país expone los hilos de un entramado global mucho más complejo: la consolidación de lo que la economista porteña Cecilia Rikap, de 42 años, define como el “futurismo reaccionario”. En un escenario político local signado por el avance del anarcocapitalismo y el desmantelamiento de los activos públicos, la tecnología no solo aparece como una herramienta de eficiencia, sino como el vector principal para la privatización del control social y la toma de decisiones estatales.

Rikap, autora del libro Teoría de la dependencia digital, conversó con Viva y desarmó los principales mitos que rodean a la tecnología de plataformas en Argentina y América latina. “Hoy la soberanía digital se define en términos de cuánta democracia queremos”, aseguró.

-La presencia de Peter Thiel en la Argentina parece haber puesto a los temas de tu libro en el centro de la agenda pública, ¿cómo te impactó la noticia?

-Definitivamente convalida el diagnóstico del libro. Dentro de Silicon Valley conviven principalmente dos narrativas ideológicas que a veces van de la mano. Peter Thiel es un claro exponente de lo que se denomina el futurismo reaccionario: la idea de que la tecnología salvará a quienes puedan pagar por ella. Desde esta perspectiva, el Estado y la democracia no son compatibles con el desarrollo tecnológico y el progreso; por lo tanto, hay que minimizar o destruir al Estado y utilizar la tecnología para cumplir los fines de quienes tienen los recursos económicos.

-¿Y qué demuestra la llegada de Thiel a nuestro país?

-Demuestra que este discurso ideológico es el que más le atrae a gobiernos de extrema derecha, como el de Javier Milei. En su búsqueda acérrima por destruir el andamiaje de lo público (la cultura, los bienes, la ciencia, la salud y la educación pública), un gobierno así intenta eliminar los ámbitos que democratizan el acceso de las mayorías a través del Estado. Pero para lograrlo y frenar cualquier oposición, necesita tecnologías de control. Thiel ha invertido y creado distintas empresas, pero hoy está directamente vinculado a Palantir. Esta tecnología, utilizada cada vez por más gobiernos aliados de los Estados Unidos e Israel para el control de la población, representa la principal amenaza que enfrentamos en relación con las tecnologías digitales de vigilancia, potenciada por un gobierno de extrema derecha en el país.

-¿Y qué es exactamente Palantir?

-Palantir ofrece básicamente un dashboard, es decir, una pantalla con una síntesis de variables e información para la toma de decisiones. El problema central es de dónde viene esa información, qué tipo de datos son y a quién se los provee. El principal negocio de Palantir es informar a agencias de inteligencia, policías y agencias migratorias, como el ICE en Estados Unidos, que suelen operar de manera muy antidemocrática. Utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial para hacer recomendaciones automáticas a estas fuerzas de control y fronteras.

-¿Qué harán con nuestros datos?

-Es un tema extremadamente sensible. Cualquiera que haya usado ChatGPT sabe que los algoritmos a veces “alucinan”, es decir, dan respuestas equivocadas. Imaginemos qué pasa cuando la administración pública terceriza en un algoritmo la decisión de a quién detener y a quién no, o quién va preso. A esa persona le queda una mancha para el resto de su vida, incluso si fue un error.

Ni hablar de los procesos bélicos globales, como el rol actual de los Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Para eso se utilizan las tecnologías de Palantir: para generar más violencia y un peor uso de la IA enfocado en la represión. El propio CEO de Palantir lo dijo en una comunicación de resultados a sus accionistas: “En un mundo como el actual, a veces querés matar a tu enemigo y para eso está nuestra tecnología”. Sin embargo, en democracia, al enemigo no se lo mata y para resolver conflictos está la justicia. Por eso su llegada a la Argentina es sumamente problemática.

-Sin embargo, esa consolidación de un estado de vigilancia total se da cuando las personas sentimos que nunca fuimos más libres…

-Exacto, porque es parte de la narrativa de estas mismas corporaciones hacernos creer que tenemos más libertades porque podemos postear en redes sociales o comprar por comercio electrónico. En realidad, el algoritmo que decide qué se muestra más en una red social, qué video vemos o qué se nos recomienda comprar en función de nuestro perfil está explícitamente planificado por los gigantes tecnológicos.

Nos venden el espejismo del acceso masivo, pero digitan cómo actuamos, qué pensamos y qué compramos, al tiempo que, de la mano de gobiernos de extrema derecha, desaparecen los otros ámbitos de interacción, construcción de comunidad y pensamiento crítico. Es el peor de los dos mundos.

-Aunque la universidad pública en Argentina no garantice por sí sola que no haya desigualdades, la existencia de ámbitos gratuitos de cultura, socialización e inversión pública es fundamental para generar seres humanos con pensamiento propio. Hoy, los modelos de IA tienden a apagarnos por completo, haciéndonos creer que seguimos pensando libremente.

–Una de las promesas de los últimos años para los países latinoamericanos era que la “economía del conocimiento” funcionaría como una salida al subdesarrollo mediante la exportación de servicios e ideas. Frente a este “colonialismo digital” del que hablás, ¿lo ves como una salida real o como otro mito?

-Es un mito. América latina ya produce ciencia y tecnología de nivel global que es utilizada en todo el mundo, pero la inversión pública de nuestros gobiernos termina enriqueciendo a unos pocos gigantes del centro del capitalismo mundial o a empresas locales como MercadoLibre. Uno podría pensar a primera vista que MercadoLibre es el gran ejemplo de desarrollo local, y es verdad que se nutre de trabajadores formados en la universidad pública capaces de programar algoritmos al nivel de los países centrales. Sin embargo, la empresa no pone ese desarrollo al servicio de las mayorías ni del desarrollo nacional.

-Crea plataformas que operan bajo la misma lógica extractiva que las corporaciones de los Estados Unidos o China: extraen valor de los usuarios, imponen condiciones abusivas a la cadena logística, precarizan el trabajo y deterioran la industria nacional. Cuando Mercado Libre empieza a vender productos propios, muchas veces no le compra a productores locales, sino que los importa de China. Además, al manejar los datos de nuestras compras y pagos, controlan nuestra voluntad de consumo y nos ofrecen créditos para comprar lo que detectan que no podemos pagar directamente.

Existe una gran capacidad de producción de conocimiento en la región, pero hoy no está orientada a un plan de desarrollo, sino que queda a merced de lo que llamo el extractivismo del conocimiento.

-Tu libro habla de soberanía y el desarrollo en el capitalismo del siglo XXI. Tradicionalmente, la soberanía se asociaba al poder autónomo de un Estado sobre su territorio y sus leyes… ¿Qué es la soberanía hoy, cuando estas corporaciones globales no conocen fronteras, e incluso subordinan a los gobiernos?

-Cuando un Estado empieza a depender de estas tecnologías para el accionar público (ya sea para gestionar una universidad, un hospital o la administración pública) no puede simplemente dar de baja el servicio, porque equivaldría a apagar la luz de un hospital. Sin el sistema informático, no podés atender pacientes ni procesar diagnósticos. Esa dependencia es tan profunda que anula cualquier resabio de la soberanía tradicional. Históricamente sabemos que potencias como los EE.UU. han ejercido influencia sobre Argentina mediante bases militares. Hoy en día, algo equivalente ocurre con los centros de datos. Suele decirse que instalar un data center en el país nos otorga soberanía porque los datos “quedan en territorio argentino”. Pero eso es relativo: quienes acceden y deciden qué se recopila son las corporaciones tecnológicas y, eventualmente, los gobiernos de sus países de origen (EE.UU. o China), cuyas leyes les permiten exigir información de empresas locales aunque esté almacenada en el extranjero.

-Entonces soberanía ya no es igual a territorio nacional.

-No es sinónimo de territorio, ni tampoco de “industria nacional”, si ésta incluye a empresas locales que se sienten muy cómodas siendo dependientes de las gigantes de Silicon Valley. Para mí, discutir la soberanía digital hoy es discutir qué democracia queremos. Expandir la soberanía significa crear instituciones democráticas que decidan qué tecnologías se desarrollan y cuáles no, qué centros de datos se instalan, cómo se auditan los algoritmos y qué datos se protegen. Implica que el Estado mantenga el control de la tecnología que utiliza y que, a nivel individual, las personas tengamos alternativas reales de consumo y socialización más allá de las pantallas. Sin un Estado dispuesto a democratizar y abrir espacios públicos, esto no es posible; por eso este enfoque es completamente incompatible con un proyecto anarcocapitalista.