El sheriff Chuck Jenkings lleva 18 años contribuyendo a las deportaciones de migrantes indocumentados desde su territorio, el condado de Frederick, en el Estado de Maryland. Gracias a un acuerdo firmado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) llamado 287(g), las personas sin un estatus legal que estaban encerradas en sus cárceles, después de cumplir su condena, eran traspasadas a la agencia migratoria. Ya no más. Una ley estatal aprobada en febrero se lo prohibió.
La norma ilegalizó que los departamentos de policía locales y las oficinas de los sheriffs entregaran a los detenidos a las autoridades de inmigración, lo que provocó que los condados que aún mantenían estos convenios vigentes los rescindieran de inmediato. El mes pasado, el Estado demócrata aumentó la protección de los migrantes aprobando la Community Trust Act (Ley de Confianza Comunitaria), que prohíbe a los funcionarios locales preguntar a las personas sobre su estatus migratorio, informar a las autoridades federales de inmigración sobre los individuos detenidos en cárceles locales y mantenerlos arrestados después de cumplir su condena para entregarlos a los agentes federales sin una orden judicial.
Jenkings opina que la nueva legislación dificultará su labor de mantener el orden en su condado. Por eso se ha sumado a otros 16 sheriffs del Estado de Maryland para llevar el caso a los tribunales. “Esto ya era bastante perjudicial y creo que causó un gran daño a las fuerzas del orden y a la seguridad pública. La posterior aprobación de la Community Trust Act eliminó prácticamente todos los demás medios de los que disponíamos para cooperar y trabajar con el ICE; creímos que se había ido demasiado lejos. Sentimos que se colocaba a los sheriffs en una situación en la que debíamos elegir entre obedecer la ley federal o la ley estatal. Lo consideramos una postura insostenible”, explica.
Los sheriffs de 17 condados del total de 24 que tiene el Estado presentaron una demanda contra el gobernador demócrata Wes Moore y el fiscal general, Anthony Brown, ante un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, argumentando que la ley viola la Constitución de Estados Unidos y deja a sus agentes en una situación legal difícil, debido al conflicto entre las leyes estatales y federales. Los demandantes son republicanos, una minoría en un Estado de mayoría demócrata.
Según Sarah Staudt, directora de políticas y defensa de derechos de Prison Policy Initiative, una organización sin ánimo de lucro que apoya la normativa, solo había ocho acuerdos formales del tipo 287(g) en el Estado, y las detenciones de migrantes se debían a colaboraciones informales, que quedan vetadas con la nueva legislación. “La mayoría de las detenciones realizadas por el ICE en cárceles y otros centros de reclusión de Maryland no se producen mediante acuerdos formales 287(g), sino a través de una colaboración informal entre las fuerzas del orden locales y estatales y el ICE. Estas colaboraciones no tienen como objetivo a ‘delincuentes peligrosos’, sino a residentes comunes de Maryland”, dijo ante el Congreso en febrero pasado.
Según los datos de Prison Policy Initiative, aproximadamente una de cada tres detenciones realizadas por el ICE (29%) en Maryland durante la segunda Administración de Trump se produjo a través de cárceles u otros centros de reclusión; de estas, el 81% se llevó a cabo mediante una colaboración informal con el ICE, y solo el 19% a través de acuerdos formales 287(g). “Por consiguiente, una legislación que abordara únicamente los acuerdos 287(g) no resolvería la mayor parte del problema”, abundó.
Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca con la promesa de una deportación histórica, cambió el objetivo de las detenciones de migrantes. Si en la Administración anterior las deportaciones se enfocaron en la frontera, el Gobierno de Trump desplegó miles de agentes del ICE en las ciudades del interior. Para facilitar las detenciones, se han impuesto acuerdos 287(g) de colaboración con las autoridades migratorias.
En la página web del ICE hay un apartado en el que se promueven los pactos: “¿Cómo puedo convencer a mi jefe o sheriff a participar en 287(g)?”, reza un apartado. Al finalizar la presidencia de Joe Biden, había 139 acuerdos de este tipo en todo el país. Ahora hay 1.986 repartidos por 39 Estados.
La agenda antiinmigración de Trump ha propiciado que los Estados impulsen legislaciones en torno al ICE. Tres son los enfoques. Algunos Estados gobernados por republicanos, como Florida, fomentan la colaboración y sus tasas de detenciones por parte del ICE son muy elevadas. Otros, demócratas, como Nueva Jersey, han dado un primer paso para limitar la colaboración con la agencia al prohibir este tipo de acuerdos, pero han permitido que continúe una colaboración informal, y algunos sheriffs locales dejan al ICE acceder a sus centros de detención.
El Estado de Illinois, también demócrata, ha adoptado la actitud más tajante contra las detenciones. Según una directriz de 2025, las fuerzas del orden locales no pueden transferir personas a la custodia de inmigración, no pueden permitir que los agentes del ICE accedan a ninguna persona bajo custodia, no pueden autorizar a las agencias migratorias utilizar instalaciones o equipos —incluidas las bases de datos electrónicas— ni pueden prestar asistencia adicional de cualquier otra índole a los agentes federales. Es un Estado considerado “santuario”, como se denomina a los que se niegan a participar en las operaciones migratorias.
Opiniones divididas
La seguridad pública mantiene divididas las opiniones. Los defensores de los migrantes celebran la nueva ley de Maryland porque opinan que facilita que las personas denuncien los delitos sin miedo a ser detenidos. “Cuando los miembros de la comunidad pueden interactuar con la policía local sin temor a ser entregados a las autoridades federales de inmigración, es más probable que denuncien delitos, colaboren en investigaciones y se relacionen con funcionarios públicos. Eso hace que todas nuestras comunidades sean más seguras”, dijo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado al publicarse la normativa.
Jeff Gahler, sheriff del condado de Harford y uno de los promotores de la demanda contra el Estado de Maryland, se refiere a la seguridad pública desde otra perspectiva. “Hace casi 25 años, nuestra nación fue testigo de las devastadoras consecuencias de los ataques del 11 de septiembre. Quedó muy claro que, cuando las agencias policiales federales, estatales y locales operan de forma aislada —sin comunicación ni colaboración—, las repercusiones son mortales. Resulta inconcebible no solo que repitamos estos errores, sino que existan legisladores de Maryland y un gobernador que hayan generado tal división en materia de seguridad pública”, afirma en respuestas a EL PAÍS enviadas por email.
El gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore, no firmó pero tampoco vetó la Community Trust Act, por lo que entró en vigor en mayo. Moore declaró que coincide con el objetivo del proyecto de ley de mantener a la policía local centrada en los delitos locales, y que el Estado no debería “permitir que agentes del ICE —sin la debida capacitación ni cualificación, y sin rendir cuentas— faculten a nuestros agentes del orden para realizar tareas relacionadas con la inmigración”. Sin embargo, señaló que el proyecto de ley “plantea desafíos reales de implementación”. “Proteger a nuestras comunidades exige una coordinación fluida entre los organismos federales, estatales y locales; el proyecto de ley genera ambigüedades en torno a las investigaciones conjuntas, cuestiones que estamos trabajando para aclarar con la oficina del fiscal general [de Maryland]”, indicó.
La ley incluye excepciones y las agencias locales del orden público pueden alertar a las autoridades de inmigración sobre una persona bajo custodia si esta ha sido condenada por un delito grave, ha tenido que registrarse como delincuente sexual o ha cumplido una pena de al menos cinco años de prisión en otro Estado.
Gahler y Jenkings denuncian que el asunto está politizado porque las críticas a la colaboración con el ICE se han disparado con la vuelta de Trump. Los acuerdos 287(g) se crearon en 1996, durante la Administración del demócrata Bill Clinton, y han estado en vigor durante los gobiernos demócratas y republicanos. No obstante, nunca tuvieron el impulso que Trump les ha dado. Ambos sheriffs son republicanos, como el resto de los firmantes de la demanda contra la Community Trust Act, aunque en sus condados tuvieron resultados dispares en las presidenciales de 2024. El condado de Harford votó mayoritariamente a favor de Trump, mientras que el de Frederick, que pertenece al área metropolitana de Washington D. C., prefirió a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Jenkings cree que, además de dejar a delincuentes en las calles, la nueva legislación fomentará que haya más redadas del ICE. “Ahora hay agentes del ICE en Frederick y están deteniendo en la calle a personas que nosotros les habríamos entregado en la cárcel. Así que estamos viendo la presencia de más agentes del ICE”, asegura.
Según los datos de Prison Policy Initiative, solo el 36% de las personas detenidas por el ICE en Maryland —desglosado en un 44 % de las detenidas mediante colaboración informal con las fuerzas del orden y un 51 % mediante el programa 287(g)— contaba con condenas penales, incluidas las infracciones migratorias y de tráfico previas.
