La adjudicación de un contrato para la construcción de viviendas modulares destinadas a un megaproyecto minero en San Juan reavivó el debate sobre el impacto real del RIGI en la economía local. La polémica surgió luego de conocerse que empresas chinas serán las encargadas de desarrollar parte de la infraestructura para alojar a miles de trabajadores vinculados al emprendimiento.
En diálogo con Canal E, el analista político y presidente del Instituto Progresar, Facundo Ahumada, sostuvo que el esquema de incentivos representa una oportunidad para atraer inversiones, aunque consideró necesario introducir ajustes que permitan una mayor participación de las empresas argentinas.
El RIGI y la necesidad de realizar ajustes
Ahumada destacó que el régimen impulsado por el Gobierno constituye una herramienta importante para captar capitales y promover grandes proyectos productivos. Sin embargo, remarcó que todavía existen aspectos que requieren revisión.
En ese sentido afirmó: “Es un buen modelo, pero no podemos cerrarnos en que es algo perfecto y no admite correcciones”. Para el especialista, las modificaciones deberían orientarse a mejorar la competitividad de los proveedores locales sin afectar el objetivo central de atraer inversiones.
Además, recordó que el propio Gobierno ya introdujo cambios mediante decretos y consideró que existe margen para seguir perfeccionando el esquema normativo.
La polémica por las viviendas modulares importadas
El eje de la discusión gira en torno al denominado campamento Batidero, vinculado a un proyecto minero en San Juan. Allí se prevé la construcción de viviendas modulares para alojar entre 2.500 y 5.000 trabajadores.
Según explicó Ahumada, la licitación fue adjudicada a las firmas chinas Power China y Beijing Chengdong, que presentaron una oferta cercana a los 52 millones de dólares. Por su parte, una empresa argentina cotizó el mismo trabajo por aproximadamente 70 millones de dólares.
Para el analista, la diferencia no debe analizarse únicamente desde el precio final. “Algo está fallando”, sostuvo, al señalar que existen diferencias impositivas y financieras que generan condiciones desiguales de competencia.
El impacto de la carga impositiva sobre las empresas argentinas
Ahumada explicó que las compañías nacionales deben afrontar impuestos y costos de importación significativamente superiores a los que enfrentan los proveedores extranjeros que participan de proyectos bajo el RIGI.
En esa línea afirmó: “Las empresas chinas reciben subsidios de China para exportar, pero pagan cero tasa de impuestos cuando ingresan a Argentina sus casas”.
El dirigente sostuvo que, si las empresas argentinas contaran con beneficios similares para abastecer proyectos estratégicos, podrían competir en igualdad de condiciones e incluso presentar ofertas más económicas.
Por ese motivo propuso otorgar exenciones impositivas específicas para las compañías locales que provean bienes y servicios destinados a iniciativas comprendidas dentro del régimen.
Empleo, salarios y derrame económico
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Ahumada está relacionado con el efecto que estas decisiones pueden tener sobre el empleo y la actividad económica local.
Según detalló, la industria de la construcción modular podría haber incorporado alrededor de 500 trabajadores durante un año para desarrollar el proyecto. Además, destacó que esos salarios habrían generado un impacto positivo sobre distintos sectores de la economía.
“El dinero se va afuera para construir esas viviendas”, afirmó, al advertir que parte de los beneficios económicos asociados a la inversión podrían terminar fuera del país si no se generan mecanismos que favorezcan una mayor integración de proveedores argentinos.
La necesidad de una mesa de diálogo multisectorial
Frente a este escenario, Ahumada propuso impulsar una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional, la Unión Industrial Argentina, empresas proveedoras y representantes de distintos sectores productivos.
El objetivo sería revisar aspectos puntuales del régimen y establecer herramientas que permitan fortalecer la participación de la industria nacional sin desalentar el ingreso de nuevas inversiones.
Para el presidente del Instituto Progresar, todavía existe margen para introducir mejoras porque los grandes proyectos apenas están comenzando su etapa de desarrollo. Por eso consideró fundamental aprovechar este momento para corregir desequilibrios y maximizar el impacto económico de las inversiones.
Infraestructura y desafíos para el crecimiento
Ahumada también señaló que muchas regiones que reciben inversiones vinculadas a la minería o la energía todavía no cuentan con la infraestructura necesaria para absorber un crecimiento acelerado de la actividad.
La expansión de estos proyectos requerirá nuevas viviendas, comercios, servicios e infraestructura urbana. Por ese motivo insistió en que el desafío no pasa únicamente por atraer capitales, sino también por garantizar que los beneficios lleguen a la producción nacional y a las economías regionales.
En ese marco concluyó que “la microeconomía tiene que recibir el beneficio del RIGI” y sostuvo que el diálogo entre el sector público y privado será determinante para lograr que las inversiones generen un efecto más amplio sobre el desarrollo económico argentino.
