No quedan espacios inmunes a la violencia en Guayaquil, el principal escenario de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. La tarde de este miércoles 18 de junio, un sicariato en la zona de arribo internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo dejó un muerto y un herido, apenas un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción en diez provincias, entre ellas Guayas.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas inusuales incluso para una ciudad acostumbrada a convivir con la violencia: dos hombres tendidos en el suelo del cruce peatonal de la terminal, rodeados por personas que intentaban auxiliarlos, mientras familiares gritaban desesperados a pocos metros de la puerta de llegada de pasajeros.
Tras el ataque, los accesos al aeropuerto fueron cerrados temporalmente mientras las autoridades realizaban las pericias. El Municipio de Guayaquil informó que las operaciones aéreas se mantenían con normalidad. “Los usuarios que se encuentran dentro de la terminal están seguros y las distintas áreas se mantienen bajo resguardo”, señaló el comunicado, que anunció la reanudación de los vuelos una vez que las condiciones de seguridad lo permitieran.
El Ministerio del Interior identificó a la víctima mortal como Carlos Alberto Suástegui Villanueva, de 39 años, a quien señaló como presunto cabecilla de Los Águilas, una organización criminal que opera principalmente en El Triunfo, una pequeña localidad rural situada a una hora de Guayaquil. Según las autoridades, Suástegui era considerado un objetivo de alto valor y registraba antecedentes por asesinato, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Había estado encarcelado en dos ocasiones.
Por el crimen fueron detenidos dos menores de edad en el parqueadero de la terminal, tras la intervención de los equipos de seguridad. Además, una persona resultó herida, aunque hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre su estado de salud.
El aeropuerto permanece bajo resguardo militar desde enero de 2024, cuando una escalada de violencia culminó con la irrupción armada en un canal de televisión que transmitía en directo un informativo. Desde entonces, los accesos cuentan con controles de seguridad y revisiones para detectar armas y explosivos. Las autoridades todavía no han explicado cómo ingresaron las armas utilizadas en el ataque.
El asesinato ocurre un día después de que Noboa decretara un nuevo estado de excepción, una herramienta que se ha convertido en uno de los pilares de su estrategia de seguridad. Con esta nueva declaratoria, Ecuador se acerca a los 1.000 días acumulados bajo regímenes de excepción desde 2024, una medida concebida para circunstancias extraordinarias que se ha vuelto recurrente frente al avance del crimen organizado. La disposición regirá en diez provincias y tres municipios, territorios donde habita más del 65% de la población del país.
El anuncio se produjo pocos días después de que el presidente asegurara que los índices de violencia se han reducido un 17% durante este año. Sin embargo, el decreto de 75 páginas con el que el Gobierno justifica la medida enumera decenas de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos asesinatos de funcionarios públicos, políticos, militares, niños y adolescentes.
Entre los casos citados figura el asesinato de la fiscal Alexandra Bravo, ocurrido en Montecristi, en la provincia de Manabí, también incluida en el estado de excepción. Su muerte ha reavivado las alertas dentro del sistema judicial, cuyos funcionarios denuncian desde hace meses la falta de garantías de seguridad para investigar y procesar a las organizaciones criminales.
