Días después de que Manuel Adorni presentara su declaración jurada y brindara sus explicaciones respecto a sus ingresos, el presidente Javier Milei acudió a las redes sociales para respaldarlo en el cargo. El jefe de Estado compartió un mensaje en X (Twitter) en defensa del ahorro en negro, en línea con su postura filosófica a favor de la evasión. También difundió un posteo de Instagram en el que aseguró que al “bancar” al funcionario, su propia gestión “va a salir fortalecida”.
El mensaje que compartió Javier Milei en X en defensa de Adorni
ADORNI Y LA DEFENSA DEL AHORRO!
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Hay algo profundamente grotesco en la polémica construida alrededor de Manuel Adorni, ahora que ha oficializado el origen de los ahorros que utilizó para comprar un par de departamentos y realizar algunos viajes. El vocero del gobierno de Milei, además de jefe de Gabinete de Ministros, es acusado de haber tenido dólares —y no solo dólares— no declarados ante el fisco.
Bueno, en Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón.
Sin embargo, el aspecto verdaderamente grotesco es otro: fingir que aquello que millones de argentinos hicieron durante décadas —acostumbrados a vivir bajo gobiernos socialistas y depredadores— se convierte de repente en una monstruosidad moral cuando quien lo hizo es un adversario político.
Para la prensa higiénica porteña, poseer ahorros no declarados constituiría una especie de marca moral infamante. ¿Pero realmente alguien quiere sostener seriamente esa tesis en Argentina?
Más allá del hecho de que los impuestos son un robo en cualquier parte del mundo, existe una diferencia fundamental entre el evasor que intenta sustraerse a los costos de una “sociedad civil funcional” y el ciudadano que procura protegerse de un Estado peronista-fascicomunista que durante décadas encadenó un default tras otro, destruyó sistemáticamente el valor de su moneda, confiscó ahorros, impuso controles de capital, generó inflación crónica y convirtió la posesión de moneda extranjera en una actividad casi clandestina.
Esa distinción es precisamente lo que los moralistas profesionales se niegan obstinadamente a ver.
La cuestión, como ya habrán advertido, no es simplemente fiscal: es filosófica.
Desde Frédéric Bastiat hasta Murray Rothbard, pasando por Stephan Molyneux y Jesús Huerta de Soto, la tradición libertaria siempre ha sostenido que la propiedad privada representa una extensión de la propia persona. El dinero que un individuo gana honestamente mediante su trabajo no pertenece al Estado. Pertenece a quien lo produjo con el sudor de su frente.
Por supuesto, en el mundo real el Estado reclama —bajo amenaza de cárcel— una parte de ese ingreso alegando que brinda servicios a los ciudadanos. Pero ¿qué sucede cuando el Estado supera todo límite de decencia y se convierte él mismo en el principal agresor? ¿Qué sucede cuando la tributación se combina con inflación deliberada, controles cambiarios, confiscaciones encubiertas y destrucción sistemática del poder adquisitivo?
En ese caso la cuestión cambia radicalmente y la legítima defensa surge de manera natural.
Para millones de argentinos, el dólar debajo del colchón no fue un acto de codicia, sino una estrategia de autoprotección. Una forma elemental de preservación patrimonial frente a una clase política que durante décadas convirtió al peso en papel sin valor.
El aspecto más ridículo de toda esta historia es que los mismos sectores —llamémoslos “la opinión pública”— que hoy se escandalizan por los ahorros no declarados fueron, muchas veces, los principales defensores de los gobiernos que hicieron necesaria esa práctica.
Durante veinte años el kirchnerismo produjo inflación, devaluaciones, restricciones cambiarias, controles de capital y persecuciones contra quienes simplemente intentaban preservar el valor de su trabajo.
Millones de argentinos reaccionaron de la manera más natural posible: comprando dólares.
Ahora esos mismos sacerdotes de la religión estatista pretenden convertir esa conducta en una falta moral porque involucra a una figura destacada del gobierno de Milei.
Es como si un pirómano acusara a los ciudadanos de tener extinguidores.
El verdadero objetivo, por supuesto, no es Manuel Adorni.
El verdadero objetivo es el sistema de valores representado por el mileísmo.
Porque el problema no consiste en una eventual infracción fiscal. Esas infracciones se regularizan en cualquier parte del mundo. Existen procedimientos administrativos, blanqueos, declaraciones complementarias e incluso mecanismos específicos de regularización patrimonial.
Además, en Argentina se aprobó la llamada Ley de Inocencia Fiscal precisamente con ese propósito. Y vale para todos, no solamente para Adorni.
El problema, para los críticos de Milei, es que el gobierno no comparte el presupuesto moral del que nace la acusación.
No considera automáticamente legítimo todo lo que es legal. Y tampoco considera automáticamente inmoral todo lo que es ilegal. Una distinción que debería resultar obvia para cualquier libertario.
Después de todo, a lo largo de la historia han existido —y siguen existiendo— leyes que prohibieron la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad económica e incluso la libertad personal.
La legalidad no coincide automáticamente con la justicia.
Existe además un dato que los moralistas de ocasión no logran explicar.
Si mantener dólares fuera del sistema fuera realmente una práctica inmoral, ¿por qué decenas de millones de argentinos la adoptaron?
La respuesta es sencilla: porque el mercado emitió su veredicto mucho antes que los editorialistas.
Cada dólar conservado fuera del circuito oficial representaba un voto de desconfianza hacia el Estado.
Cada dólar comprado era una declaración implícita contra la inflación.
Cada ahorro retirado del peso era un referéndum cotidiano contra la política económica kirchnerista.
Por eso el dólar del mercado paralelo se convirtió en el comportamiento más democrático y transversal de toda la sociedad argentina.
Lo practicaban empresarios y obreros. Profesionales y jubilados. Peronistas, radicales y liberales. Todos.
Adorni, además, fue todavía más inteligente, ya que compró bitcoin cuando valía apenas unos cientos de euros y obtuvo una ganancia extraordinaria.
Si existe un escándalo que merece ser denunciado en Argentina, no es que Adorni haya intentado proteger el fruto de su trabajo.
El verdadero escándalo es que millones de argentinos hayan tenido que hacerlo.
El verdadero escándalo es que una de las economías más prometedoras del mundo haya sido obligada durante décadas a vivir en una inestabilidad económica permanente que empobreció a millones de personas.
El verdadero escándalo es que quienes destruyeron el peso argentino pretendan hoy dar lecciones de moralidad a quienes se defendieron de las consecuencias de sus políticas.
La izquierda estatista gusta de presentarse como custodio de la ética pública, pero en este caso emerge una verdad menos noble para los clérigos del neomarxismo: la desobediencia fiscal.
Lo que realmente molesta a los sacerdotes del viejo régimen no es que alguien haya ocultado dólares.
Lo que les molesta es que millones de argentinos hayan dejado de creer que el Estado posee un derecho natural sobre el fruto de su trabajo.
Y eso, más que una infracción fiscal, es una revolución cultural.
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