Al presidente Donald Trump no le ha sentado bien el desenlace de las elecciones primarias en California. Convencido de que su intervención fue decisiva, sostiene que sin la presión que ejerció en los últimos días a favor del candidato republicano a la gubernatura, Steve Hilton, no habría conseguido avanzar a la segunda vuelta de noviembre, donde se enfrentará al aspirante respaldado por el establishment demócrata, Xavier Becerra. “Había demasiada presión sobre ellos. Esa fue la única razón por la que lo aprobaron”, afirmó el mandatario este miércoles desde el Despacho Oval.
Trump se refería a cómo Hilton encabezó el conteo la noche de la elección, pero fue cediendo terreno a medida que avanzó el escrutinio de las boletas pendientes. Días antes, ya había calificado los comicios de “amañados” y “corruptos”. Y perdió la paciencia cuando una reportera de NBC le recordó que no existe evidencia que respalde esas acusaciones. “Ellos están haciendo trampa en la elección… Todo lo que tienes que hacer es mirar y escuchar a la gente, ver lo que pasa”, respondió enfadado el presidente. Acto seguido, se levantó de su asiento y dio por terminado el intercambio.
Se esperaba que los demócratas partieran como favoritos en un Estado que durante décadas ha respaldado mayoritariamente a ese partido. También era previsible la reacción de los republicanos, que en los últimos años han alimentado la narrativa de que sus adversarios recurren al fraude electoral para hacerse con cargos públicos. El fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, avivó esa teoría este lunes al afirmar que es probable que se presenten cargos contra personas por presunto fraude electoral en California, aunque hasta ahora no se han anunciado acusaciones. Sus declaraciones se alinean con las denuncias formuladas por Trump y otros dirigentes republicanos, quienes sostienen que el padrón electoral californiano presenta irregularidades y aseguran que está “sucio”.
En la contienda por la gubernatura de California, Becerra consolidó su ventaja con 2,39 millones de votos, equivalentes al 27,9% del total, cuando el escrutinio alcanzaba el 91% de las boletas. Hilton, por su parte, sumaba 2,13 millones de sufragios (25,5%) y aseguraba su pase a la segunda vuelta de noviembre. Ambos dejaron atrás al multimillonario demócrata Tom Steyer, quien invirtió más de 200 millones de dólares de su fortuna personal en la campaña.
El desenlace coincide con lo que anticiparon las encuestas, pero eso no bastó para acallar las sospechas y teorías impulsadas desde sectores republicanos. “Él tenía todos los votos necesarios, probablemente para quedar en primer lugar… Iban a tardar dos semanas [contando los votos], eso dijeron. Y luego lo aprobaron [a Hilton] esa misma noche, porque había mucha presión sobre ellos, porque son unos perros tramposos”, sostuvo Trump este miércoles.
Los sondeos también acertaron en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. La actual alcaldesa, la demócrata Karen Bass, obtuvo el 43,3% de los votos y avanzó a una segunda ronda frente a la concejal del mismo partido político, Nithya Raman, quien remontó en el conteo hasta alcanzar el 29%. El resultado dejó fuera al republicano Spencer Pratt, que quedó tercero con el 25,5% de los sufragios. Pratt había aparecido detrás de Bass durante los primeros conteos de la noche electoral. Ese vuelco ha alimentado sospechas entre sus simpatizantes. Hasta el momento, él no ha reconocido su derrota, pese a que ya se ha contabilizado el 98% de las boletas.
El magnate tecnológico Elon Musk también echó leña el domingo a las acusaciones —sin pruebas— de un supuesto fraude en perjuicio de Pratt. El CEO de Tesla y SpaceX difundió varias publicaciones en las que cuestionaba la “imposibilidad estadística” de que Raman pudiera superar al candidato republicano. También compartió el mensaje de un usuario de X que sugería que Pratt no había recibido ningún voto durante una actualización del escrutinio que incorporó 24.000 papeletas. La teoría fue desmentida por el propio Departamento de Justicia. “Revisamos los registros oficiales del condado. La afirmación es falsa”, escribió el fiscal Bill Essayli en su cuenta de X. “Cada candidato recibió votos en cada actualización”.
El “espejismo rojo”
Los expertos llaman a este fenómeno el “espejismo rojo”. La noche electoral, los candidatos republicanos suelen aparecer con una ventaja que parece sólida, pero que a menudo se desvanece con el paso de las horas o los días. Sucede porque California acepta votos enviados por correo siempre que tengan el matasellos del día de la elección, lo que prolonga el escrutinio. Al mismo tiempo, los condados urbanos más poblados, bastiones tradicionales del Partido Demócrata, necesitan más tiempo para procesar millones de papeletas. Cuando esos votos comienzan a incorporarse, los márgenes pueden alterar el panorama que se dibujó inicialmente.
El fiscal Essayli, sin embargo, sostiene que el sistema electoral californiano presenta vulnerabilidades. El viernes anunció en X que su oficina mantiene “múltiples investigaciones sobre fraude electoral”, aunque no aportó detalles sobre los casos ni hizo públicas evidencias concretas. Según el funcionario, el padrón electoral del Estado incluye registros de personas fallecidas y de votantes que ya no residen en California. También afirma que los mecanismos de verificación son insuficientes para impedir que inmigrantes sin estatus legal se registren y participen en las elecciones.
“Casi cualquiera puede registrarse para votar en California. No es necesario tener un número de Seguro Social ni una licencia de conducir. [Se puede votar con] una membresía de gimnasio, la etiqueta de una receta médica, la identificación del trabajo y, mi favorita, una tarjeta de seguro médico. Y resulta que California otorga seguro médico a inmigrantes indocumentados”, dijo Essayli en una reciente entrevista en el programa del comentarista político conservador Glenn Beck.
La oficina de Essayli ha señalado como ejemplo de presunto fraude electoral un caso aislado: el de una mujer que durante años trabajó recolectando firmas para iniciativas electorales y que fue acusada de pagar hasta tres dólares a indigentes que viven en Skid Row, en el centro de Los Ángeles, a cambio de respaldar sus causas y registrarse en el padrón electoral. De acuerdo con la Fiscalía, ella recibía pagos por cada nuevo votante que incorporaba. Se prevé que Brenda Lee Brown Armstrong, de 64 años, se declare culpable en los próximos días de un cargo federal relacionado que conlleva una pena máxima de cinco años en prisión.
La respuesta de California
En paralelo, el Departamento de Justicia ha demandado al gobierno de California para exigir acceso a una auditoría de su padrón, con el argumento de detectar posibles irregularidades. El caso ha escalado hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, mientras que el Estado sostiene que la solicitud federal constituye una intromisión indebida en sus competencias electorales.
Poco antes de las elecciones primarias, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que, según aseguró, buscaba blindar los comicios frente a una posible interferencia de Trump. La norma prohíbe a cualquier persona, incluidos agentes federales, acceder sin una orden judicial a los padrones electorales o a la tecnología electoral. “Tenemos que estar preparados para todo”, declaró Newsom, quien sostuvo que la medida responde a una “ansiedad legítima” generada por un mandatario que, a su juicio, “no cree en las elecciones libres y justas”.
Líderes demócratas sostienen que el presidente ha intentado intervenir en asuntos electorales después de que el FBI incautara a principios de este año boletas de las elecciones de 2020 en el condado más poblado de Georgia, de mayoría demócrata. Asimismo, el Departamento de Justicia ha solicitado acceder a materiales electorales en condados de Arizona y Michigan.
“Trump dice que el fraude electoral debería llevar a la gente a prisión. De acuerdo. Empecemos por los políticos que difunden mentiras electorales con el objetivo de interferir ilegalmente en el recuento de votos”, declaró el gobernador en su cuenta de X el martes. “Acabo de firmar una ley que castiga esto con hasta tres años de cárcel”.
