Konstantine Rudnev (59) dejó el penal de Rawson después de un año y se instaló en una quinta en San Vicente, a cargo de su abogado, Martín Sarubbi. Pero este martes salió de su prisión domiciliaria para ser operado en al Clínica Monte Grande donde se recupera tras una cirugía por una hernia inguinal, según confirmaron a Clarín. Entre el miércoles y el jueves podría ser dado de alta.
Rudnev pasó más de un año detenido en Chubut hasta que el fiscal federal de Bariloche, Fernando Arrigo, pidió una prórroga para continuar la investigación por 12 meses más. El juez de Garantías subrogante, Gustavo Zapata, extendió también el plazo de prisión preventiva, pero tras una apelación la sala “J” de la Oficina Judicial de General Roca, conformada por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano, resolvió conceder el arresto domiciliario.
Sarubbi, el cuarto abogado defensor de Rudnev, se puso como tutor garante a cargo de la custodia y dispuso una propiedad para alojarlo en San Vicente. Además, resolvieron una fianza de 30 millones de pesos.
El informe que se presentó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) contenía un informe del cirujano que solicitaba “internación para tratamiento quirúrgico de hernia inguinoescrotal derecha” para una operación programada para el 26 de mayo a las 11. Además, informó un diagnóstico de artrosis de columna cervical y dorsal.
Finalmente el procedimiento terminó y él regresará a cumplir su prisión domiciliaria, según informaron a Clarín.
La investigación sobre Rudnev comenzó en la sala de partos de un hospital de San Carlos de Bariloche. El 17 de marzo de 2025, una joven rusa de 22 años llegó con un embarazo de casi nueve meses acompañada por otras dos mujeres que hablaban por ella, respondían en su lugar y no le permitían dirigirse al personal médico.
La embarazada parecía no tener voluntad propia. Por esa razón hicieron la denuncia. Esa decisión derivó en una investigación que hoy tiene 21 imputados, al líder ruso con domiciliaria y un expediente que se extenderá por lo menos hasta 2027.
La fiscalía lo acusa de haber participado activamente en la captación, el traslado y el alojamiento de la víctima con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, utilizando como señuelo el espacio de yoga y espiritualidad que el grupo montó como cobertura.
Una partida de nacimiento fue clave para desbaratar a la presunta banda. Es que la joven rusa dio a luz en el hospital barilochense y cuatro días después del nacimiento, una de las mujeres que integraban el grupo habría intentado modificar la partida de nacimiento del recién nacido para inscribirlo como hijo de Rudnev.
La fiscalía interpretó ese movimiento como parte de una estrategia mayor: según Arrigo, el imputado habría buscado obtener la nacionalidad argentina a través del niño para luego gestionar la residencia en Brasil, con el objetivo de consolidar el asentamiento permanente de la organización en ambos países, donde aparentemente ya asentándose.
La detención de Rudnev en el aeropuerto de Bariloche no fue sin incidentes. Cuando el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) procedió a su aprehensión, el hombre intentó autolesionarse en el cuello con una hoja de afeitar que llevaba escondida en su billetera.
La prórroga de doce meses fue solicitada por los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, quienes enumeraron ante el juez una serie de obstáculos concretos que hacen imposible cerrar la instrucción en el plazo original. El magistrado los consideró válidos y habilitó la extensión en base a los artículos 266 y 335 del Código Procesal Penal Federal, que permiten ampliar hasta dos años el plazo en procedimientos de alta complejidad.
El primer problema es idiomático: hay un volumen enorme de material en ruso que debe ser traducido. Los peritos estiman que ese trabajo demandará 120 días hábiles, es decir, casi seis meses de labor exclusiva.
El segundo es tecnológico y es quizás el más difícil de resolver: entre los dispositivos electrónicos secuestrados hay un disco rígido de 8 terabytes cifrado con un sistema de encriptación para el que, actualmente, el Estado argentino no cuenta con el software necesario para vulnerarlo. Además, hay otros 4 terabytes de información almacenada en computadoras que tampoco han podido ser analizados en su totalidad.
El tercer obstáculo es diplomático: la fiscalía aguarda respuesta de la Cancillería argentina para coordinar la toma de declaraciones testimoniales en el exterior. Los testigos que interesan a la investigación están en tres países: Rusia, Indonesia y Alemania. Obtener esos testimonios requiere de canales de cooperación internacional que llevan tiempo.
Para los restantes acusados (las 19 mujeres y el hombre que habrían integrado la organización) el juez Zapata no dispuso prisión preventiva, pero sí mantuvo medidas de coerción. Todos tienen prohibición de salir del país y deben presentarse ante una dependencia policial cercana a sus domicilios cada 15 días, obligación que fue extendida en esta misma audiencia.
