La discusión sobre los llamados “trapitos” dejó de ser solamente un problema de tránsito o convivencia urbana y se transformó en un debate tenso en Resistencia. El Concejo Municipal busca aprobar una ordenanza que prohíba la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y lavacoches en toda la capital chaqueña, tanto en el microcentro como en sectores donde funciona el Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM).
La iniciativa, impulsada por concejales de la UCR, se instaló nuevamente tras varios episodios de violencia registrados en la vía pública y luego de reiteradas denuncias de automovilistas por presuntos cobros compulsivos, amenazas y daños a vehículos.
Sin embargo, el proyecto abrió una fuerte grieta política: mientras el oficialismo sostiene que busca “recuperar el espacio público” y terminar con situaciones de coerción, sectores opositores y organizaciones sociales advierten que detrás de la medida existe una política de exclusión sin soluciones laborales concretas.
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Una sesión caída
La tensión escaló esta semana cuando la sesión prevista para tratar el proyecto se cayó por falta de quorum en el Concejo de Resistencia. La ausencia de la concejal oficialista Miriam Jara impidió alcanzar el número necesario para sesionar y postergó momentáneamente el tratamiento de la ordenanza.
El episodio profundizó el enfrentamiento político alrededor del tema. “Hoy faltó una concejal oficialista y por eso cayó la sesión”, afirmó el concejal Ángel Sánchez, del CER, en declaraciones a Radio Libertad.
Según pudo reconstruirse, mientras el oficialismo intentaba avanzar con la sesión, un grupo de trapitos y trabajadores informales se concentró frente al edificio del Concejo para expresar su rechazo a la prohibición.
El oficialismo: “No queremos romantizar la indigencia”
Uno de los principales impulsores del proyecto es el concejal Javier Dumrauf, quien defendió públicamente la iniciativa y endureció el discurso contra quienes consideran a los trapitos como trabajadores informales. “No queremos romantizar la indigencia”, sostuvo.
El edil aseguró que la actividad actualmente funciona bajo lógicas de ocupación territorial, violencia y presión sobre automovilistas. “Todos hemos vivido situaciones donde personas te compelen de manera coactiva a entregar dinero”, afirmó.
Dumrauf también cuestionó contenidos y sectores que, según planteó, muestran la situación desde una mirada “romantizada”, e incluso mencionó públicamente a “Yankilandia” durante una entrevista radial. Además, sostuvo que detrás del proyecto existe una política de ordenamiento urbano y recuperación del espacio público. “El problema no es una propina voluntaria. El problema es cuando se cobra bajo amenaza”, remarcan desde el oficialismo.
La oposición denuncia “una política del descarte”
Desde sectores opositores, en cambio, cuestionan que la iniciativa solo apunte a prohibir sin ofrecer alternativas laborales reales. La concejal Lucila Masin aseguró que el proyecto “roza la inhumanidad”. “El Papa Francisco hablaba de la sociedad del descarte. Bueno, esto representa exactamente eso”, expresó.
Según explicó, desde la oposición presentaron propuestas alternativas para regular la actividad mediante registros municipales, identificación, zonificación y programas de capacitación laboral. Sin embargo, sostuvo que esas iniciativas fueron archivadas sin discusión. “Ni siquiera hubo margen para debatirlas”, cuestionó.
Masin también relató conversaciones con trabajadores informales que manifestaron temor por perder su único ingreso económico. “Un trabajador me dijo que su hijo le preguntó: ‘¿Qué vamos a comer si prohíben esto?’”, contó.
Regular o prohibir: la otra pelea política
El concejal Ángel Sánchez también cuestionó el enfoque oficialista y recordó que en 2025 había presentado un proyecto para regular la actividad en lugar de eliminarla.
La propuesta contemplaba un registro municipal de cuidacoches, identificación con credenciales y controles sobre el funcionamiento de la actividad. “Cuando el Estado no puede regular algo, lo primero que se le ocurre es prohibir”, criticó.
Además, advirtió que el debate corre el riesgo de ampliar la criminalización hacia otras actividades informales. “¿Después van a prohibir al que corta pasto o vende verduras?”, planteó.
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Sánchez insistió además en que no todos los trapitos protagonizan hechos violentos y sostuvo que algunos vecinos incluso pidieron que determinados cuidacoches permanezcan en sus cuadras. “No se puede meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
Violencia, denuncias y presión vecinal
Desde el oficialismo sostienen que el endurecimiento del debate está relacionado con hechos recientes de violencia registrados en el microcentro. El presidente del Concejo, Alejandro Aradas, ya había advertido meses atrás sobre denuncias de automovilistas por rayaduras, daños a vehículos y amenazas cuando se negaban a pagar.
“El vecino termina siendo rehén”, sostuvo y explicó que en varios sectores existen ocupaciones informales de cuadras mediante conos, tachos y delimitaciones que derivan en cobros compulsivos.
Desde el oficialismo también aseguran que habrá programas de capacitación y contención para quienes quieran abandonar la actividad. Sin embargo, la oposición cuestiona que esas medidas no fueron detalladas ni acompañadas por programas concretos.
