El margen de maniobra del Gobierno de Bolivia para hacer frente a las protestas contra el presidente Rodrigo Paz se estrecha cada día más. Este lunes, el Ejecutivo admitió la muerte de un manifestante de 24 años que había negado un día antes. El fallecimiento ocurrió el sábado, durante un operativo policial militar que buscaba desbloquear La Paz, sede de Gobierno, sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para que renuncie el presidente. “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
De acuerdo al acta de defunción, el manifestante falleció por “proyectil de arma de fuego”. Aun así, Gálvez reiteró que los agentes antidisturbios tienen la instrucción de no usar armas de fuego ni balines de goma. “Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, aseguró el portavoz presidencial.
Paz, de centroderecha, llegó al poder hace seis meses con minoría parlamentaria, una posición débil que hoy ha empeorado por el pulso que sostienen en las calles sindicatos, campesinos indígenas y juntas vecinales que dicen sentirse excluidos de las políticas gubernamentales. movilizaciones que comenzaron en La Paz y, de a poco, se han extendido por gran parte de Bolivia.
Uno de los detonantes del descontento social ha sido la situación económica. La crisis que marcó el final de dos décadas de hegemonía política del MAS y propició la victoria en las urnas de Paz el año pasado se ha agravado este 2026 y ha puesto en contra del presidente a parte de aquellos que lo votaron. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el PIB boliviano caerá un 3,3% este año, el descenso más pronunciado de toda la región.
Paz admite haber empezado con mal pie, pero pide abrir una vía de diálogo para enmendar errores. “Cuando asumimos, decidimos generar un gobierno que sea amplios. Nos ha faltado incluir diversidad”, asumió el mandatario este lunes en un acto conmemorativo en Sucre por el primer grito libertario de América Latina.
Este lunes anunció dos medidas de corte popular para aplacar las protestas. Una es la reducción del salario del Ejecutivo en un 50% y la otra un alivio tributario para pequeños empresarios, choferes del transporte público y cuentapropistas. “No es una medida para ricos“, dijo aludiendo a las consignas de los movilizados de que el Gobierno solo ha beneficiado a las élites empresariales y a los agroindustriales.
El mandatario cree que los argumentos de los manifestantes son falsos y ha acusado en varias ocasiones al expresidente Evo Morales de estar detrás de las movilizaciones. “No voy a aceptar protestas basadas en la mentira. Que vamos a privatizar las empresas estratégicas, no privatizaremos nada, o que les vamos a quitar su tierra para venderlos a los latifundistas“, aseguró sobre algunos de los temores más extendidos entre los manifestantes.
Nuevos choques en La Paz
Las declaraciones presidenciales no lograron la tregua que buscaban. Este lunes hubo una nueva marcha en dirección al Palacio de Gobierno, la tercera en una semana, y volvieron a repetirse enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales que lanzaron gases lacrimógenos para cortarles el paso.
El bloqueo de los principales puntos de acceso a la capital administrativa boliviana ha provocado desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible en la ciudad, que el Gobierno intenta remediar con el establecimiento de “puentes áereos” para transportar bienes esenciales.
La Central Obrera Boliviana (COB) rechaza sentarse a dialogar hasta que no se anule la orden de aprehensión que existe contra su máximo ejecutivo, Mario Argollo, acusado de instigación a delinquir y sedición. Ha dado órdenes, además, para mantener los cortes de carreteras y sólo hacer excepciones con ambulancias, personas discapacitadas o mujeres embarazadas.
Desde el Parlamento, en cambio, se analiza un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita amplia el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas. La tensión se agrava.
