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En Carelmapu, un pequeño pueblo a las puertas de la Patagonia chilena, todo gira en torno al mar y a los buzos. Al entrar en el puerto, hay un mural azul que representa a uno en las profundidades marinas y, frente a las embarcaciones, está la estatua de un submarinista que observa el mar y lleva traje de buceo, sosteniendo en la mano un par de aletas. Pero hoy Carelmapu ya no es solo el pueblo de los buzos: es también el de algunas de las viudas de los que trabajaron en las salmoneras. En Chile, en poco más de diez años, casi un centenar de personas han muerto en accidentes ocurridos en los centros de cultivo de salmón en sus mares.
El país es actualmente el segundo productor mundial de salmón (después de Noruega) y este pescado es el segundo bien más exportado de Chile, solo por detrás del cobre, como lo indican datos de la Fundación Terram. Como consecuencia, cada vez más habitantes de Carelmapu y de los alrededores han abandonado la pesca artesanal para trabajar en las salmoneras, atraídos por ingresos más estables y salarios más altos. Sin embargo, los riesgos de hacerlo son muy altos y las muertes son frecuentes: según la ONG chilena Ecoceanos, desde 2013 hasta mayo de 2026, 90 trabajadores han perdido la vida en las salmoneras. Ante la ausencia pública de datos oficiales que contabilicen estos fallecimientos, la organización, que ha recibido fondos de la Fundación Marisla de Estados Unidos y trabaja con voluntarios, empezó a crear un registro alimentado cada vez que las emisoras o medios de comunicación locales informan sobre la muerte de un trabajador en la industria de salmón.
Entre las viudas de Carelmapu está Mirta Vera Barrea, que perdió a su marido cuando ella tenía solo 30 años. En 2005, Pedro Alvarado Bustamante, de 40 años, trabajaba como buzo, algo que hacía desde los 18. En esa época se empleaba en varios centros de cultivo de salmón y, cuando salía de viaje por trabajo, llamaba a su esposa todos los días, hacia las 6 de la tarde. Al tercer día de una de esas salidas, en noviembre, Vera no recibió ninguna llamada. “Ese día mi marido fue succionado por un tubo mientras estaba bajo el agua”, recuerda la mujer. “Una muerte horrible: fue succionado y mutilado. El tubo le succionó los labios, el brazo y luego lo mató”.
El testimonio de Vera es similar al de otras viudas de Carelmapu: las empresas intentan culpar al trabajador de su propia muerte, hay dificultades o negativa para recibir la indemnización o el seguro del empleado fallecido y procesos legales interminables. “El daño que nos hicieron, a mí y a mi hija, fue enorme. Ella tenía solo ocho años cuando murió su padre. Es un dolor que nunca se supera”, dice entre lágrimas.
El salmón no es un pez nativo del mar chileno: los primeros ejemplares fueron importados en los años 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet, desde Noruega. Hoy Chile gestiona el 31% del mercado mundial del salmón —de acuerdo a SalmonChile, la principal asociación gremial de empresas productoras y proveedoras de salmón en el país—, y según el último informe del Estado chileno, las toneladas criadas durante el último año fueron más de 750.000, que llegan a más de 80 países. En 2024, la exportación de salmón chileno generó más de 6.300 millones de dólares en ingresos, pero el personal sigue sufriendo accidentes, a menudo mortales. “Los trabajadores operan en un entorno peligroso”, declara Juan Carlos Cárdenas, presidente de Ecoceanos. “Lo hacen en medio del océano y con condiciones meteorológicas adversas. A menudo se incumplen las normas de seguridad y hay poca fiscalización por parte del Estado.”
En el puerto de Carelmapu hay una pequeña sala que sirve para la prevención de los accidentes que pueden sufrir los buzos artesanales. La gestiona Juana Díaz Delgado, de 63 años y paramédica jubilada. Cuando llegó aquí, hace casi 40 años, ella y su equipo médico estiman que, en Carelmapu, ocurrían uno o dos accidentes al día y moría un buzo cada semana. La mayoría de problemas se debían a que no se respetaban las tablas de descompresión o porque las personas se sumergían en condiciones poco seguras o sin la adecuada preparación física. “Empezamos a hacer prevención, a explicar a los buzos cómo trabajar con seguridad y a auxiliarlos de inmediato. Y desde hace tiempo vemos los resultados: en los últimos diez años ya no hemos tenido buzos muertos ni que sufran accidentes graves entre los pescadores artesanales de Carelmapu”, dice Díaz.
Ella trabaja junto al doctor Jorge Calderón, de 55 años, quien, junto a su personal, se dedica a socorrer a los buzos. En 2006 hizo instalar en el hospital público de Ancud —en la isla de Chiloé— una cámara hiperbárica para ayudarlos, ya que la herramienta trata lo que se conoce como el “mal de presión”: la formación de burbujas de gas en la sangre y en los tejidos que ocurre cuando se asciende demasiado rápido de una inmersión. La cámara puede salvar la vida de los buzos que, en su ausencia, podrían quedar paralizados, entrar en coma o morir.
“Aquí, en un hospital público y con pocos recursos disponibles, estamos haciendo lo que empresas multimillonarias no hacen —explica Calderón, sentado frente a la cámara—. Atendemos a unos 60 buzos cada año; la mayoría provienen de las salmoneras. Para encontrar otra cámara hiperbárica hay que ir a más de mil kilómetros de distancia. La mayoría de los accidentes, incluso los mortales, que se dan en las salmoneras se podrían evitar”. Aunque este medio buscó tanto al Consejo de Salmón como a Salmón Chile, asociaciones gremiales de salmoneras, para conocer sobre los protocolos de seguridad que tienen para sus buzos, al cierre de esta edición no obtuvo respuestas.
Entre las últimas muertes ocurridas en los centros de cultivo chilenos está la de Fabián Quezada Rain, ocurrida el 23 de abril de 2025. De tan solo 31 años, fue succionado por la hélice de la embarcación mientras estaba sumergido realizando tareas de mantenimiento. “La hélice succionó la manguera por la que recibía oxígeno”, explica Francisco Paredes Adams, abogado de la familia Quezada. “Lo arrastró y le causó graves heridas, amputaciones y finalmente la muerte. El motor de la embarcación debería haber estado apagado. Fue una muerte horrible y la familia está profundamente afectada por ello”.
Pero no son solo los buzos quienes pagan por las normas de seguridad que no se respetan: el pasado 27 de enero, al amanecer, seis trabajadores de las salmoneras perdieron la vida en un naufragio ocurrido en el Estuario de Reloncaví, en el municipio chileno de Puerto Varas, a 200 kilómetros de Carelmapu. La tripulación estaba prestando servicio para las empresas Salmones Austral y Trusal, y solo dos hombres del equipo sobrevivieron al naufragio. El accidente causó una gran conmoción porque desde el primer momento surgieron denuncias públicas de los familiares sobre las condiciones de trabajo y las negligencias en materia de seguridad que habrían provocado el fallecimiento de los trabajadores.
“Las investigaciones preliminares demuestran claramente que la muerte de estos seis trabajadores no fue producto de un accidente fortuito o imprevisible”, sostiene el abogado Paredes, que también representa a familiares de algunas de estas últimas víctimas. “Murieron porque dormían bajo la cubierta de la embarcación, teniendo como única vía de escape las escotillas. Y sobre la cubierta del barco había apilada una gran cantidad de material (unas seis toneladas de cadenas) que no debía estar allí y que les impidió salir de la parte inferior de la embarcación para ponerse a salvo. No es casualidad que los únicos sobrevivientes del naufragio hayan sido los dos trabajadores que dormían en la parte superior de la embarcación”, explica. A pesar de que este medio también buscó a las empresas Salmones Austral y Trusal, tampoco obtuvo respuesta.
Paredes y los familiares denuncian que, en estos meses, las empresas han intentado obstaculizar el proceso legal y que, a pesar de una orden de la Armada, durante tres meses se negaron a llevar a tierra la embarcación naufragada, lo que impidió a la fiscalía avanzar con las investigaciones. “Nos sentimos impotentes y abandonados como familiares —dice Denise Mansilla Otey, de 26 años, hija de Erwin Mansilla, víctima del naufragio—. Mi padre dejó huérfanos a tres hijos; uno tiene tres años. Es devastador”. Mientras tanto, Claudia Antilez, 48 años, esposa de otra de las víctimas, Luis Figueroa, añade conmovida: “Nuestra vida ha cambiado completamente. Nadie nos devolverá al esposo y padre que hemos perdido. En este país es difícil obtener justicia y estamos condenados a convivir para siempre con la forma horrible en que murieron nuestros seres queridos. Una muerte que se podía evitar”.
