La pérdida de la equiparación salarial con la Justicia Federal impulsa un inédito plan de lucha en los tribunales provinciales que incluye a magistrados y funcionarios. Fue una conquista que creian lograda pero, por vía del aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones por la emergencia previsional y a la obra social Apross, se pulverizó.
Datos oficiales aportados en las mesas de negociación, a los cuales accedió Perfil CÓRDOBA, evidencian el impacto de las modificaciones introducidas en los aportes previsionales y en los descuentos correspondientes a Apross sobre los ingresos reales del sector. Los sueldos netos muestran que quedó lejos la equiparación al 90%. Hoy los salarios de judiciales provinciales representan el 77% del de sus pares federales.
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La situación de funcionarios y magistrados
La equiparación salarial al 90% con la Justicia Federal, prevista por las Leyes Provinciales N.º 9725, 10035 y 10106, se cristalizó para funcionarios y magistrados en noviembre de 2015. A partir de ese momento, las remuneraciones del sector comenzaron a ajustarse con los mismos índices de actualización definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, según datos oficiales, reformas posteriores alteraron esa relación mediante el incremento de descuentos obligatorios sobre los salarios, impactando directamente en el ingreso neto percibido.
La primera modificación significativa ocurrió en diciembre de 2023, cuando las Leyes N.º 10724, 10928 y 10955 dispusieron un aumento en los aportes destinados al Fondo Solidario de la Caja de Jubilaciones del 4% y sumaron un incremento adicional en APROSS.
Como consecuencia, la equiparación efectiva dejó de ubicarse en el 90% y pasó a reducirse al 85,43%.
Posteriormente, desde diciembre de 2025, la Ley N.º 11087 eliminó el Fondo Solidario, pero estableció un nuevo incremento de 4% en los aportes previsionales y de la obra social de la que son cautivos. El efecto volvió a impactar sobre los ingresos de bolsillo y provocó una nueva caída en la relación salarial, que descendió al 77%.
El cuadro de situación explica por qué se sumaron los segmentos de mayor jerarquía y salarios de la Justicia Provincial.
La movilización comenzó tímidamente en el Fuero Civil y se fue extendiendo al resto, incluida la sede Penal. De un total de 2.500 funcionarios y magistrados, unos 2000 están movilizados por el reclamo. La inquietud excede el ámbito gremial propio que representa la Asociación de Magistrados que debió salir a pedir aumentos al gobierno.
Hay propuestas de todo tipo. La que se está concretando son manifestaciones en los salones de los Pasos Perdidos de cada edificio para visibilizar el reclamo los martes y jueves.
Además, hay quienes plantean reclamos judiciales y una minoría llegó a proponer una denuncia penal contra las autoridades de Finanzas de la Provincia por incumplir la ley de equiparación salarial.
Empleados en igual o peor situación
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), por su parte, puso sobre la mesa una moción concreta. Adelantar para este año los tramos de equiparación salarial que se acordaron en 2025 para 2027 y 2028.
Hay un aspecto relevante: el retraso que sufrieron todos los salarios en 2023 tras la asunción del presidente Javier Milei.
La erosión de haberes alcanzó un 29% que nunca se actualizó. De ese modo, todos los aumentos que otorga la Corte Suprema de Justicia y tienen impacto en los sueldos de los judiciales cordobeses, se producen sobre una base depreciada.
Esta semana el gremio esperaba una propuesta oficial pero el Tribunal Superior comunicó en la mesa de diálogo que estaba gestionando fondos para ofrecer una moción. Además, reclama la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria.
La inexistencia de propuestas hizo que el plan de lucha continúe con un paro de actividades este viernes y el martes próximo.
