Córdoba: impulsan una “ley rescate” ante la asfixia sobre los salarios de trabajadores endeudados

Córdoba: impulsan una “ley rescate” ante la asfixia sobre los salarios de trabajadores endeudados


Ante la creciente preocupación por el peso de las deudas sobre los salarios y las dificultades para llegar a fin de mes, el legislador socialista Matías Chamorro (HUxC) fogonea la sanción de una “ley rescate” que atienda la asfixia sobre los ingresos de trabajadores y jubilados públicos, empleados del sector privado, monotributistas y trabajadores independientes.

A través de esta iniciativa, que tomará estado parlamentario en la próxima sesión y deberá atravesar el debate en comisión, se propone crear un programa provincial de desendeudamiento y protección de ingresos, con eje en la refinanciación de deudas y en la reducción del peso de los descuentos automáticos sobre los haberes de empleados públicos, jubilados y también trabajadores privados.

Si bien el Ejecutivo comenzó a asistir a empleados públicos provinciales al momento de cerrar el acuerdo salarial en las recientes paritarias, el proyecto de Chamorro surge como una respuesta más amplia frente a un complejo escenario financiero en la provincia.

Según datos citados en los fundamentos, más del 67% de las familias cordobesas tomó deuda en los últimos seis meses y nueve de cada diez familias endeudadas manifiestan dificultades para afrontarlas, lo que da cuenta de la magnitud de la problemática.

La situación encendió alarmas en el sector estatal, donde un relevamiento del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) detectó que el 60% de los agentes percibe apenas la mitad de su salario debido a los descuentos automáticos por deudas vigentes. El total de las obligaciones se compone principalmente de consumos con tarjeta Cordobesa, adelantos de sueldo y créditos personales.

Ante este escenario, la iniciativa —a la que tuvo acceso Perfil Córdoba— intenta instalar una idea política de fondo: que el problema ya no es únicamente cuánto gana un trabajador, sino cuánto dinero efectivamente le queda disponible luego del endeudamiento.

“No podemos naturalizar que una familia tenga que elegir entre pagar una deuda, pagar el alquiler o comprar la comida del día. La fecha de cobro tendría que ser un alivio, pero hoy, para miles de cordobeses, es un drama: cobran y ya deben la mitad o más de la mitad de su sueldo”, sostuvo Chamorro.

Ley de Equidad Jubilatoria: primer fallo de fondo declara inconstitucional quita de haberes a jubilados

Qué propone el proyecto

La normativa habilita al Ejecutivo provincial y a Bancor a implementar líneas de refinanciación y consolidación de deudas con mejores tasas y plazos para empleados públicos y jubilados provinciales.

Asimismo, faculta al Gobierno a firmar convenios con bancos, billeteras virtuales, fintech, mutuales, cooperativas y entidades financieras para extender programas de alivio financiero al sector privado, monotributistas y trabajadores informales.

La refinanciación de créditos con tasas más bajas, la extensión de plazos para reducir el impacto mensual sobre el salario y los límites y la regulación de descuentos automáticos sobre haberes aparecen como puntos centrales del proyecto. De igual modo, se contempla la implementación de programas de educación financiera y la participación de Defensa del Consumidor y de áreas estatales en tareas de control.

El texto remarca puntualmente que la intención “no es tapar deuda con más deuda”, sino reordenar obligaciones existentes para “recuperar salario disponible”. En ese sentido, el parlamentario insistió en despegar la propuesta de cualquier lógica de nuevo endeudamiento.

Contra la desregulación de Milei

La iniciativa se inscribe, además, en un contexto político marcado por el ajuste económico del gobierno de Javier Milei y por el impacto que la caída del consumo comienza a generar en las economías regionales y el comercio local.

El socialista advirtió en los fundamentos del proyecto sobre el crecimiento de la morosidad en todo el sistema financiero y cuestionó el proceso de desregulación nacional sobre los créditos vinculados a salarios estatales. El texto menciona particularmente el Decreto 352/2026, que liberó tasas y flexibilizó el sistema de descuentos automáticos sobre haberes de empleados públicos.

Chamorro vinculó directamente el avance del endeudamiento con el deterioro de la economía cotidiana. “La deuda dejó de ser una opción y se convirtió en la única forma de llegar a fin de mes”, afirmó el legislador, quien además contextualizó la iniciativa en medio del desplome del consumo, el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado.

Llaryora impulsa un fondo millonario para innovación y marca contraste con el ajuste de Milei

Señal política

La propuesta también expone una señal política del cordobesismo en plena tensión con el modelo económico libertario. Si bien el Ejecutivo provincial ya había comenzado a implementar mecanismos de refinanciación para estatales en el marco de la negociación paritaria, el proyecto busca darle respaldo legislativo y ampliar el alcance a otros sectores sociales.

“La Provincia no generó esta crisis, pero queremos brindar herramientas para amortiguar el golpe y fortalecer el salario. El Estado provincial ya avanzó con un esquema de refinanciación para los empleados públicos; lo que proponemos es transformarlo en ley y extenderlo a trabajadores privados, jubilados e independientes mediante convenios con tasas subsidiadas y mayores plazos”, argumentó Chamorro.

El proyecto plantea, además, que el alivio financiero no solo tendría un impacto social, sino también económico. El objetivo es que una menor presión de las deudas sobre los ingresos permita recuperar capacidad de consumo y reactivar el comercio de cercanía, uno de los sectores más golpeados por la caída de ventas.

De esta manera, el socialista que integra la bancada oficialista puso el foco en una preocupación cada vez más visible por el nivel de endeudamiento de las familias cordobesas, un fenómeno que ya impacta de lleno en el humor social y en la economía cotidiana a nivel país.

Por caso, en Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en marcha hace menos de un mes el plan de protección de los ingresos, una batería de medidas destinada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos y otras obligaciones financieras.