La investigación por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia entró en una etapa de máxima tensión judicial luego de que nuevos estudios médicos modificaran el escenario que había sostenido la acusación inicial contra la madre del niño y su pareja.
A más de un mes del fallecimiento, los análisis histopatológicos incorporados en las últimas horas concluyeron que el menor habría muerto como consecuencia de una neumonía severa que derivó en una falla cerebral provocada por falta de oxígeno y no directamente por las lesiones traumáticas detectadas en un primer momento.
El dato impactó de lleno sobre la hipótesis original de la fiscalía, que había apuntado a un cuadro de violencia extrema compatible con maltrato infantil. La autopsia preliminar había detectado más de veinte hematomas en la cabeza, hemorragias cerebrales y lesiones compatibles con el denominado “síndrome del sacudón”, un mecanismo de agresión física capaz de producir daños neurológicos irreversibles en niños pequeños.
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Ahora, los nuevos estudios médicos pusieron el foco en el cuadro pulmonar que presentaba el niño al momento de ingresar al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el pasado 5 de abril. Según consta en el expediente, Ángel llegó en paro cardiorrespiratorio, con hipoventilación bilateral, pupilas fijas y signos compatibles con daño cerebral severo.
Fuentes vinculadas a la causa aclararon que todavía resta el informe final de autopsia, donde deberán integrarse todos los análisis realizados sobre el cuerpo del menor para determinar de manera definitiva cuál fue la causa de muerte. Mientras tanto, la posibilidad de una recalificación legal comenzó a tomar fuerza dentro del expediente y no se descarta que la acusación pueda derivar hacia abandono de persona seguido de muerte.
Pese al nuevo escenario médico, la querella rechaza de plano la hipótesis de la neumonía como causa principal del fallecimiento. Lorena Andrade, pareja del padre biológico del niño, sostuvo públicamente que Ángel “no tenía ninguna enfermedad” y volvió a insistir en que el menor fue víctima de un homicidio.
Actualmente, Mariela Altamirano y su pareja Michel Kevin González continúan detenidos e imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Ella permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew y él en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.
La causa también derivó en cuestionamientos contra funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron antes de la muerte del niño. La querella promovió un jury contra el juez de Familia que había ordenado la revinculación de Ángel con su madre biológica y denunció además a una defensora de menores y a dos psicólogas que participaron en el proceso.
En ese contexto, el abogado penalista Gabriel Roldán consideró que las señales previas vinculadas a posibles situaciones de violencia debían haber activado mecanismos de intervención. “Más que alertas, son expresiones que requieren un actuar interdisciplinario idóneo y actual”, sostuvo a PERFIL.
El especialista explicó además que “la escucha clínica, al advertir signos compatibles con violencia, debe activar protocolos de prevención y abordaje interdisciplinario” y remarcó que eso no implica atribuir automáticamente responsabilidades penales, sino “descartar riesgos y determinar si la parte vulnerable requiere medidas de protección temprana”.
Roldán también advirtió que el contenido de los audios incorporados al expediente podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la actuación profesional de quienes intervinieron en el caso. “Sin dudas deberá abrirse una investigación tendiente a determinar la eventual responsabilidad de la profesional interviniente”, afirmó.
