Luego de casi un año sin mayores novedades, volvió a activarse la causa conocida como “Secta del Horror”, en la que se investiga a una presunta organización criminal que funcionaba en la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), en el barrio de Villa Crespo. Ahora, la jueza federal María Romilda Servini ordenó procesar a tres miembros del grupo por trata de personas y lavado de dinero.
La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.°1 tomó el mando del expediente después de que la Sala II de la Cámara de Casación Penal resolviera apartar a su colega del Juzgado Nº4, Ariel Lijo, por dichos extrajudiciales acerca de los imputados y las supuestas víctimas del caso, que estalló en 2022 luego de 50 allanamientos, informes trasnacionales y múltiples peritajes a dispositivos electrónicos.
Este viernes, Servini ordenó los procesamientos de Mariano Krawczyk, María Beatriz Bugari y Marcelo Guerra Perkowicz, hijo adoptivo del contador Juan Perkowicz, sindicado como líder de la EYBA. También embargó al primero por 400 millones de pesos y los otros dos por 1.200 millones de pesos.
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En agosto de 2022, la Escuela de Yoga fue allanada por la Policía Federal Argentina y Percowickz quedó detenido junto a casi 20 miembros de la organización, acusados de integrar un esquema de presunta prostitución y de víctimas que habían sido despojadas de sus bienes. Además, fueron confiscados 36 inmuebles y 13 vehículos, incluyendo una camioneta Ford Bronco Sport Wildtrak, adquirida meses atrás por el fundador.
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Según la investigación, los imputados comandaban una “organización coercitiva” y bajo el aparente estudio de la filosofía de yoga, explotaban a sus discípulas con personas de elevado poder económico o de alta vinculación con el poder en un edificio ubicado en la calle Estado de Israel al 4457, en Villa Crespo.
“La banda captaba a sus víctimas para incorporarlas a la organización y reducirlas a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, y luego utilizaba sus bienes y el producido de la explotación para crear estructuras financieras que les permitieran blanquear el dinero”, indicaron en aquel momento en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Además, a los imputados también se los acusó de manejar una “clínica ilegal” donde presuntamente los alumnos eran sedados durante días mediante el uso de diversas drogas, a través de un procedimiento conocido como “cura del sueño”.
Otros imputados
La causa atravesó varias idas y vueltas en los últimos años. En 2023, Lijo elevó a juicio el primer tramo pero, por pedido de las defensas, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decretó la nulidad de la elevación a juicio y le ordenó que evaluara la prueba producida luego del dictado de los procesamientos. El magistrado volvió a revisar la prueba, confirmó lo que ya había dispuesto y su decisión fue ratificada.
Además de Percowicz, en 2025 se informó que los demás imputados en la investigación son Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd y Federico David Sisrro.
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Otra de las quejas de los defensores es que el grupo ya había sido investigado en 1993, cuando el líder y otros miembros fueron acusados de cargos similares bajo una hipótesis similar: que era una asociación que captaba personas para someterlos a explotación sexual y laboral y quedarse con sus bienes. El caso pasó por tres jueces, pero finalmente no avanzó por falta de mérito.
Caso EYBA: La complejidad del delito de trata
La cuestión central del caso está relacionada al delito de trata de personas, ya que es una causa en las que las supuestas víctimas no se asumen como tal. Las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema descartaron que hayan sido sometidas a coerción, manipulación o explotación.
En la investigación intervienen el fiscal Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, quienes tienen en cuenta la presunción de vulnerabilidad, con la hipótesis de que pudieron haber sido engañadas.
La jueza Servini tuvo en cuenta un documento del Informe Preliminar del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que estuvo en los operativos de 2022, y señala que los profesionales consideraron que “el hermetismo en el relato y la reticencia de las otras personas que se encontraban en el lugar” podía inferir un posible “aleccionamiento” contra las víctimas.
Más allá de esto, al tomar la decisión, la magistrada manifestó que existen elementos objetivos que prueban la presunta trata más allá de la autopercepción de las víctimas, como las escuchas telefónicas y los testimonios de los antiguos empleados de la EYBA.
DCQ
