Dos policías de la localidad cordobesa San Francisco del Chañar son investigados luego que una mujer, que tiene una cuenta de contenido para adultos, denunciara que fue obligada a mostrar fotos íntimas que guardaba en su teléfono celular.
La víctima está internada tras un intento de suicidio.
El pedido de los policía se dio en medio de una investigación por un caso de presunto robo en el que, según el abogado de la denunciante, “ella no estaba ni siquiera imputada”. Los agentes fueron acusados de “abuso de poder y mal desempeño de las funciones”.
Ignacio Almada Vargas denunció en diálogo con El Doce que su clienta fue encerrada e interrogada como una forma de presión para que se autoincriminara. En ese contexto, aseguró, los efectivos la habrían forzado a mostrar, desde su teléfono, material privado que no estaba vinculado al hecho delictivo.
“Mi clienta no está ni siquiera imputada. Hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”, sostuvo el abogado en declaraciones publicadas por La Voz.
En ese sentido, detalló cómo fue el episodio y contó que se dio en la casa de la mujer, donde secuestraron dos iPhone usados, un vehículo y otros elementos en el marco de la investigación contra ella por el supuesto robo.
“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, dijo Vargas. El abogado contó luego que su clienta está internada, ya que intentó suicidarse tras lo sucedido.
La causa cayó en manos de la fiscal de la ciudad Deán Funes, Analía Cepede, que investiga, por separado, ambos hechos.
En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, la funcionaria dijo: “Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar (un celular) porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso, de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace su derecho de intimidad y de defensa. Entonces, lo primero que se tiene que precisar es si a esta persona se la traía en uno o en otro carácter”.
“Nunca tuvo ningún tipo de obligación de hacer entrega, justamente porque hace su derecho de intimidad. Entonces, una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, agregó.
Por último, completó al explicar que, de confirmarse el accionar de los policías, la figura penal es “abuso de autoridad”.
