Bajo el régimen de alto riesgo, aislados del resto de la población y sin posibilidades de mantener contacto con sus familiares más cercanos, algunos de los jefes narco más pesados del país seguían activos en el submundo criminal. Entre ellos, Uriel Cantero, referente de Los Monos; Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”; y Julio Rodríguez Granthon, uno de los principales proveedores de cocaína en Rosario.
Los tres tenían un contacto en común: el abogado Iván Carlos Méndez quien, amparado en su rol profesional, ingresaba a las cárceles federales actuando como intermediario entre los detenidos y sus estructuras externas. La investigación determinó que utilizaba las visitas legales para retransmitir mensajes, coordinar movimientos y facilitar la administración de bienes de origen ilícito, eludiendo los controles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La investigación permitió reconstruir un esquema sostenido en el tiempo, en el que el Méndez funcionaba como un “nexo sistemático” entre internos de alto perfil y sus organizaciones. Para la fiscalía, su intervención no fue ocasional sino parte de una estructura organizada destinada a garantizar que los líderes narco conservaran el control de sus operaciones.
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Los nombres involucrados dan cuenta de la magnitud del circuito. Entre los detenidos con los que mantenía contacto figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, señalado como uno de los principales proveedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”; Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez; y Uriel Cantero, integrante de Los Monos. También aparecen conexiones con César Morán de la Cruz, alias “El Loco César”, y Cristian “Pupito” Avalle, ambos con peso en estructuras narcocriminales.
Según la reconstrucción judicial que dio a conocer el Ministerio Público Fiscal, el objetivo de la red era sostener la operatividad de esas organizaciones pese a las restricciones del encierro. A través de la intermediación del abogado, los narcos continuaban tomando decisiones vinculadas al manejo de dinero, propiedades y actividades ilícitas, manteniendo así vigente su capacidad de influencia.
Entre las maniobras detectadas se encuentran la triangulación de comunicaciones con familiares y allegados, el seguimiento de operaciones inmobiliarias y la coordinación de transacciones económicas. En uno de los casos, por ejemplo, se documentó la gestión para la venta de un inmueble perteneciente a un condenado por narcotráfico, así como la articulación de vínculos entre distintos referentes del circuito criminal.
La investigación también reveló que el entramado no se limitaba a la circulación de mensajes. Durante un allanamiento en el domicilio del abogado, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, una balanza de precisión y piezas para el armado de un fusil de asalto, además de municiones. Ese hallazgo reforzó la hipótesis de que el rol del intermediario tenía un alcance mayor dentro de la organización.
Las pruebas incorporadas al expediente incluyeron intervenciones telefónicas, registros de visitas a cárceles federales y documentación que permitió reconstruir el circuito de comunicaciones. Para el Ministerio Público Fiscal, el caso evidenció una utilización abusiva de la figura del abogado para sortear los mecanismos de control previstos para internos de alto riesgo.www
Otro de los puntos que resaltaron los investigadores fue la persistencia del esquema a lo largo de varios meses. La operatoria permitió que los líderes mantuvieran contacto fluido con el exterior y continuaran gestionando recursos económicos, lo que, según la fiscalía, tuvo un impacto directo en la continuidad de las actividades delictivas.
El expediente también dejó en evidencia limitaciones en los sistemas de control penitenciario. Si bien los internos estaban alcanzados por regímenes especiales, la intermediación profesional permitió generar un canal de comunicación que no fue detectado en su totalidad durante el tiempo en que funcionó la maniobra.
Méndez aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado. El juez federal de Garantías de Rosario homologó el acuerdo y fijó una pena de seis años de prisión, además de una inhabilitación para ejercer la abogacía.
Más allá del desenlace judicial, el caso expone un fenómeno que preocupa a las autoridades: la capacidad de adaptación de las organizaciones narcocriminales para seguir operando aun desde contextos de encierro estricto. Un esquema que, en este caso, tuvo como eje a un intermediario que convirtió las visitas legales en un canal clave para sostener el negocio.
En la casa del ‘Loco César’
L.N.
Antes de quedar en la mira de la Justicia, el abogado Iván Carlos Méndez llevaba una vida estrechamente ligada al universo narco. Había estudiado abogacía mientras estaba detenido por causas de narcotráfico y, una vez en libertad, se instaló en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31), en una vivienda vinculada a uno de sus clientes: César Morán de la Cruz, más conocido como el “Loco César”. También utilizaba vehículos que, según la investigación, pertenecían a otros jefes criminales, como el rosarino Julio Rodríguez Granthon.
Su rutina incluía visitas frecuentes a distintos penales federales, donde mantenía encuentros con detenidos de alto perfil. Para evitar ser detectado, no utilizaba siempre los mismos medios de transporte: dejaba sus autos en puntos intermedios y completaba los traslados en transporte público antes de ingresar a las cárceles.
La investigación que terminó con su detención se inició a partir de un episodio puntual: un interno entregó a su madre un papel con el nombre de una persona a la que se pretendía atacar y un número telefónico. Ese contacto fue identificado como perteneciente a Méndez, lo que activó el seguimiento sobre sus vínculos y movimientos.
Finalmente, en septiembre del año pasado, fue detenido en una vivienda de la Villa 31. En el lugar donde se alojaba, los investigadores secuestraron un fusil semiautomático calibre .223, compatible con munición de uso militar, además de otros elementos que reforzaron la hipótesis sobre su rol dentro del entramado criminal.
