Un plan oficial porteño para que los alumnos de las escuelas de nivel inicial y primario no tengan un teléfono inteligente por lo menos hasta el comienzo de la escuela secundaria acaba de revelar un dato curioso. Transcurridos ya dos meses desde su lanzamiento, se conocieron los primeros resultados.
Las cifras del Ministerio de Educación de la Ciudad a las que tuvo acceso Clarín indican que hasta el momento casi la mitad de todas las escuelas porteñas respondió a esta propuesta, con un total de 50.569 familias que ya firmaron de manera voluntaria su compromiso para que sus hijos no reciban un celular inteligente al menos hasta que cumplan los 13 años.
Esas familias pertenecen a un total de 1.204 escuelas (de las cerca de 2.750 que hay en la Ciudad en todos los niveles). Un dato que llama la atención de las autoridades es la fuerte disparidad en la respuesta según las familias sean de escuelas públicas o privadas. El 97,6 por ciento de las 50.569 familias corresponden al primer grupo, mientras que apenas el 2,4 por ciento integran el segundo.
Uno de los pilares de la educación formal excede la formación y la información que los alumnos reciben. Se posa en suelos más pantanosos que los que ofrece la relativa seguridad de una currícula. Allí aparecen las habilidades socioemocionales de los alumnos y el bienestar que puedan lograr según el abordaje que tanto los docentes como la comunidad educativa se comprometan a sostener.
En ese contexto, el Ministerio que conduce Mercedes Miguel decidió impulsar el “Compromiso familiar por estudiantes sin celular”, iniciativa que promueve acuerdos voluntarios entre familias de una misma comunidad educativa para retrasar el acceso de los estudiantes a los smartphones y regular el uso de redes sociales durante la infancia y la adolescencia.
“La propuesta busca acompañar a las familias frente a un escenario cada vez más extendido. Según datos de UNICEF, el 95 por ciento de los chicos de entre 9 y 17 años ya tiene un dispositivo propio, situación que se vincula con mayores niveles de ansiedad, dificultades de atención y problemas en la interacción con otros chicos”, explicaron fuentes del Ministerio de Educación.
Los colaboradores de Miguel cuentan que la ministra se puso el proyecto al hombro, al punto que sale personalmente a dar charlas en escuelas -a veces cae por sorpresa- para tratar de concientizar sobre la necesidad de que los más chicos posterguen el inicio del uso del celular. En su agenda inmediata aparece ahora un colegio bilingüe al que concurren alumnos de familias de alto poder adquisitivo.
El próximo objetivo oficial es tratar de equilibrar un poco la balanza de los compromisos familiares por tipo de gestión. Es decir, que los padres que envían a sus hijos a escuelas privadas también tomen conciencia de que el “chupete electrónico” a determinadas edades puede ser dañino para la psiquis. Esta toma de conciencia gubernamental busca saldar cuentas con “la dimensión del corazón”, dicen en el entorno de la ministra y acotan con tono premundialista: “La pandemia nos sacó la roja a todos”.
Fue precisamente el aislamiento que produjo la cuarentena por la crisis del Covid un momento bisagra en este proceso, por el adelantamiento de los tiempos en que muchos chicos accedieron a las redes sociales para poder estar conectados con sus pares ante la interrupción temporaria de la presencialidad. Si bien hoy esa situación ha vuelto a la normalidad, los celulares en muchos casos llegaron para quedarse.
Ahora, los porteños con hijos en edad escolar están recibiendo un mail con esta propuesta en la que se les explica: “¿Por qué comprometernos a firmar un acuerdo entre familias?”. El mail dice que “el acceso temprano y sin acompañamiento a dispositivos personales y redes sociales puede afectar la atención, el descanso, los hábitos saludables, el bienestar emocional y la calidad de los vínculos de niñas y niños”.
El compromiso implica firmar un acuerdo para postergar la entrega de un celular inteligente hasta, al menos, los 13 años. Aunque también existe la opción de hacerlo hasta los 14, 15 o 16 años. Y sostener el acuerdo a través del diálogo y el intercambio con otras familias. El mail incluye una planilla en la que cada padre puede firmar para que dicho compromiso quede registrado.
Según las estadísticas disponibles hasta el momento, el 74 por ciento de las familias que firmó el compromiso corresponde al nivel primario, el 17,2 por ciento, al nivel secundario, y el 8,7 por ciento al nivel inicial. El compromiso se consolida cuando al menos ocho familias de un mismo grado o curso deciden adherir. La meta es el mayor consenso posible a fin de que la prohibición se normalice.
Lo que no implica que los alumnos no puedan disponer de uno de los viejos teléfonos de antaño que sólo servían para llamadas y mensajes de texto, por si sus padres quieren seguir comunicados con ellos. El mercado ya se adelantó a esa potencial necesidad y un modelo clásico de “celular tonto” como el Nokia 1100 fue relanzado.
La iniciativa no es algo aislado, sino que se enmarca en una serie de medidas que obedecen a una tendencia global, que busca correr cada vez más el celular y las redes sociales del centro de la escena en pos del “bienestar socioemocional”: eso incluye desde la prohibición de los teléfonos en las aulas hasta el bloqueo de sitios riesgosos (apuestas, Roblox) en redes escolares. Según las autoridades, los primeros frutos de la nueva política ya estarían delineando un signo positivo.
