La Administración de Trump quiere acelerar y endurecer la aplicación de la pena de muerte para aquellos condenados por cometer delitos federales. El Departamento de Justicia anuncio este viernes que el Gobierno introducirá “maneras adicionales de ejecución”, entre ellas el pelotón de fusilamiento y la readopción del protocolo de inyección letal, según un comunicado difundido por ese departamento.
La administración de la pena capital corresponde en el ordenamiento jurídico estadounidense a los Estados. Esta es legal en 27 de los 50 territorios. Las autoridades federales tienen la potestad de aplicarla para aquellos condenados por delitos que trasciendan el ámbito estatal, como, por ejemplo, el asesinato de un agente del FBI.
El método del pelotón de fusilamiento está disfrutando de un resurgir. Ya se emplea en Idaho, Utah, Carolina del Norte, Oklahoma y Mississippi, lugares en los que se resucitó esa práctica por los problemas que da la inyección letal en ejecuciones que a menudo acaban siendo fallidas. Las empresas farmacéuticas se niegan desde hace años por una cuestión de imagen corporativa a vender a los Estados esos fármacos, cuyas existencias ya han caducado. Además, en 2011, la Unión Europea prohibió la exportación de esas drogas a Estados Unidos. En 2025, fueron 11 los estados que aplicaron la pena de muerte, frente a los nueve del año anterior y lo cinco de 2023.
En su primer mandato, entre 2017 a 2021, el presidente estadounidense Donald Trump ya había reanudado la aplicación de las ejecuciones federales tras una pausa de casi 20 años. De vuelta al cargo, en su primer día de Gobierno, Trump ordenó al Departamento de Justicia que priorizase requerir la aplicación de la pena capital “en casos apropiados”, recuerda el comunicado. Además, orientaba al departamento a “ejecutar rápidamente las sentencias”.
Desde entonces, señala el texto, el Departamento de Justicia de este viernes, ha adoptado medidas para “revertir los esfuerzos” de la Administración del expresidente Joe Biden para “erosionar la pena capital”.
El fiscal general interino, Todd Blanche, ha dicho que la Administración de Biden “fracasó en proteger a los ciudadanos estadounidenses al no perseguir el castigo final contra criminales peligrosos”, recoge el comunicado. Como ejemplo, cita a terroristas y asesinos de niños y de policías. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a respaldar a las víctimas”, ha argumentado Blanche.
“Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir métodos adicionales de ejecución como el pelotón de fusilamiento y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte”, señala el comunicado.
El departamento también ha declarado que el fiscal general del Gobierno Biden, Merrick Garland, había “vaciado” el corredor de la muerte al conmutar sentencias de muerte por cadena perpetua en 37 de 40 casos de condenados por delitos federales. La Administración Trump asevera que busca “corregir estos fracasos” al revocar la moratoria de la era Biden sobre las ejecuciones federales.
El comunicado informa de que ya buscó la pena de muerte para 44 imputados y Blanche ya ha autorizado la ejecución de la pena capital para nueve de estos casos. Según el departamento, incluyen a tres miembros de la pandilla criminal Mara Salvatrucha acusados de asesinar a testigos federales.
