La delegación Capital de la UEPC confirmó la presentación de una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y la cúpula policial, en la que acusa al gobierno provincial de haber desplegado un operativo “represivo, intimidatorio y con prácticas de espionaje ilegal” durante la asamblea provincial de delegados realizada el lunes pasado.
La presentación judicial apunta a que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad y la eventual responsabilidad política en el dispositivo montado en torno a la sede gremial ubicada sobre la calle San Jerónimo. Según el secretario general de UEPC Capital, Franco Boczkowski, la jornada se desarrolló “en un contexto de virtual sitio”, con un fuerte vallado policial que impidió el acceso normal de docentes y delegados.
De acuerdo con el relato sindical, el edificio de la Casa del Docente estuvo rodeado por efectivos armados y con la cuadra completamente cerrada. “Reprimieron y arrojaron gases a docentes y delegados que intentaban ingresar a la asamblea para cumplir su función de representación”, denunció Boczkowski, quien sostuvo además que el operativo buscó “obstaculizar deliberadamente el funcionamiento orgánico del sindicato”.
En ese marco, la UEPC Capital señaló que fue detenido el delegado opositor Pablo Perón, lo que —según indicaron— le impidió acreditarse y participar del encuentro. Asimismo, denunciaron el supuesto robo de material de difusión sindical y amenazas a integrantes del cuerpo de delegados departamentales. “Todo esto constituye una práctica ilegal que atenta contra la libertad sindical”, afirmaron.
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Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de la denuncia se centra en lo ocurrido dentro del propio edificio gremial. Según el planteo de la UEPC Capital, durante la asamblea se detectó la presencia de personal policial de civil en el interior del recinto. “Nos encontramos con efectivos vestidos de civil presenciando una asamblea de trabajadores y usurpando un espacio propio de la organización sindical”, cuestionó Boczkowski.
En esa línea, el dirigente sindical de izquierda cuestionó que “mientras se cerraban las puertas del sindicato para docentes y delegados, se abrían para las fuerzas policiales”, y remarcó que, hasta el momento, “nunca se informó quién ordenó ese ingreso, con qué objetivo ni bajo qué marco legal”.
Con este argumento, la representación capitalina del gremio encuadró los hechos como “infiltración y espionaje ilegal”, al apuntar contra la administración provincial y responsabilizar, a su vez, a la conducción provincial de la Lista Celeste de Roberto Cristalli, con la que mantiene un duro choque por el posicionamiento sindical.
Frente a este escenario, la delegación gremial capitalina responsabilizó de manera directa al Ejecutivo llaryorista. “Repudiamos el accionar represivo de las fuerzas comandadas por Llaryora y Quinteros y denunciamos penalmente a las autoridades por este ataque a la organización sindical”, concluyó Boczkowski.
La denuncia abre un nuevo frente de tensión política entre el ala dura del gremio docente de Córdoba y la administración provincial, en un contexto ya atravesado por reclamos salariales que vienen perdiendo frente a la inflación en la era Milei y por disputas internas en la entidad sindical que más peso tiene a la hora de negociar las paritarias de los estatales.
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Asamblea a pura tensión
Cabe recordar que, en la antesala de la asamblea provincial de UEPC del lunes pasado, hubo tensión en la calle ante el operativo policial, donde se registraron choques entre manifestantes y uniformados frente a un férreo cordón policial que impidió incluso el ingreso de delegados departamentales.
Según la versión policial, un grupo de entre 50 y 150 personas de la delegación Capital intentó derribar el vallado de seguridad e ingresar al lugar. Ante esa situación, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y armas no letales para dispersar a los manifestantes.
En medio de la tensión y con ánimos caldeados, se desarrolló la asamblea gremial. Tras un áspero debate, la UEPC, por mayoría, aceptó la cuarta propuesta salarial presentada por el gobierno provincial.
En líneas generales, el acuerdo fija un período de vigencia desde el 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, con aumentos mensuales garantizados y sin estar atados a la recaudación provincial. Además, incluye una cláusula de revisión en octubre para evaluar la evolución inflacionaria.
