Tras pagar una fianza de 18.500 dólares, Agostina Páez (29) sigue desde Argentina el avance de la acusación por racismo que afronta en Brasil. Pero la situación de la joven abogada santiagueña puede complicarse debido a la presentación de una ONG brasileña, que reclama una pena más severa y una reparación “a la sociedad brasileña”.
Páez pasó 75 días detenida en Río de Janeiro, acusada de injuria racial por hacerle gestos discriminatorios a empleados de un bar en Ipanema. Tras el desembolso de casi 20 mil dólares, la abogada pudo dejar Brasil, voló a Buenos Aires y luego se trasladó a su Santiago del Estero natal.
Sus días en esa provincia se vieron agitados por declaraciones y gestos de su padre, Mariano Páez, que imitó los movimientos racistas que hizo su hija. Esa escena, que enseguida se viralizó en las redes sociales, ocurrió en un bar de la capital santiagueña el mismo día en que la abogada volvió a su ciudad.
Ante la difusión del video, el hombre negó su actuación y dijo no entender “tanta maldad y odio de la gente” de parte de quienes difundieron lo que, según él, era una grabación falsa.”No sé cómo lo hicieron. ¿Si lo hicieron con inteligencia artificial? Yo creo que sí”, sostuvo aunque reconoció ser “habitué” de ese local.
Los gestos del padre ahora son la clave para la presentación judicial del Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP), una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro “de carácter cultural, educativo, social y de asistencia social”, integrada por miembros de la comunidad afrodescendientes y de colectivos feministas.
Tras la evaluación de las imágenes del episodio ocurrido en enero y de las declaraciones surgidas alrededor del caso, la ONG sostiene que la injuria racista fue una conducta surgida de su familia.
Por ahora, la argentina tendría que hacer un resarcimiento equivalente a 120 salarios mínimos para las víctimas, lo que representa unos US$39.000 al cambio actual. Sin embargo, la organización no gubernamental -fundada hace 37 años para promover los derechos humanos y luchar contra el racismo y la intolerancia religiosa- ahora pide que se eleve ese monto y que el dinero se canalice a proyectos sociales con participación de Argentina y Brasil.
Carlos Nicodemos, abogado de CEAP, explicó que el objetivo es que haya “una indemnización por el daño moral a la víctima, pero también una reparación colectiva a la sociedad brasileña”, según declaraciones que recogió La Nación.
En ese sentido, la ONG cuestionó la decisión del juez Guilherme Duarte, que ofreció el pago de la fianza para que Agostina Páez siguiera el proceso desde Argentina, ya que hasta el momento -alegan- la Justicia hizo más por la acusada que por la reparación de las víctimas.
Desde Santiago del Estero, la abogada y su familia pueden seguir la fase de alegatos finales de la fiscalía y la defensa, antes de la sentencia definitiva. Antes, la Justicia debe definir si acepta la incorporación de CEAP como amicus curiae.
Luego del pago de una fianza de 18.500 dólares, la Justicia de Río de Janeiro dispuso a fines de marzo que le retiraran la tobillera electrónica que llevaba puesta Agostina y así pudiera salir de Brasil, donde su padre la acompañaba desde el martes 24 de marzo, cuando se llevó a cabo el juicio en el que se le atribuyó un solo hecho de injuria racial y se dispuso que haga tareas comunitarias en Argentina y efectúe una reparación económica a las víctimas.
La joven había llegado al juicio acusada de tres hechos de injuria racial, un cargo que puede tener una pena de 15 años de cárcel, según las leyes brasileñas. Sin embargo, en la audiencia la fiscalía sostuvo que fue uno solo y en continuado en perjuicio de tres personas.
Agostina permanecía en Río de Janeiro desde el 14 de enero, cuando sucedió el episodio en Barzin Bar, en Ipanema. Allí fue filmada a la salida, realizando gestos racistas contra empleados del lugar. Fue citada en una comisaría, donde le retuvieron su pasaporte y le comunicaron que debía permanecer detenida en prisión domiciliaria.
