Después de más de 26 años, el Gobierno porteño logró desalojar un predio de La Paternal que se encontraba tomado y con sentencia firme, en un operativo que dejó un total de tres detenidos.
Allí avanzaron sobre una vivienda, ubicada desde San Blas 1972 a Andrés Lamas 2097, en el que vivían varias familias. Al ingresar, la policía encontró que la toma era liderada por Diego “Oso” Molina, el hombre que se volvió tristemente célebre en 2021 por tomarse una foto con el cadáver de Diego Maradona mientras era velado en la casa de sepelios Pinier. Molina era empleado allí.
Así lo confirmaron a Clarín fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Molina fue condenado en 2021 por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas, según señalaron desde el ejecutivo porteño. La causa había sido impulsada por Matías Morla y una de las hermanas de Diego.
Molina había sido el hombre “más odiado del país” en aquel triste noviembre de hace casi cinco años, cuando el luto por la muerte del Diez lo cubría todo. Empleado de la funeraria, se sacó una foto con el cadáver que luego envió a su familia. Alguien de ahí la pasó a otro conocido y en algún punto de esa cadena se viralizó, generando la bronca generaliza.
Molina, quien según pudo reconstruir Clarín en aquel momento ya vivía el terreno usurpado de La Paternal, debió huir ante los rumores de amenazas tanto de la barra de Boca como la de Gimnasia de La Plata. Incluso barras de Argentinos Juniors lo fueron a buscar, pero no lo encontraron. El propio club lo expulsó como socio de la institución.
La funeraria donde trabajaba lo echó a las pocas horas tanto a él como a Claudio Fernández, otro empleado funebrero que se sacó una foto con el cuerpo. A esa casa velatoria había llevado a trabajar a varios vecinos del conventillo desalojado. Molina había comenzado en el rubro de los sepelios a comienzos de los años 2000.
El conflicto por el predio de La Paternal comenzó en el año 1998, cuando la dueña dejó a cargo del inmueble a una mujer y, cuando regresó años después, se encontró con que más personas vivían en el lugar.
A partir de aquel momento, y hasta ahora, se dio una puja legal en la cual los ocupas acumularon una serie de denuncias y antecedentes, e incluso algunos están imputados y tienen sumarios. Uno de ellos, incluso, sería delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de acuerdo a las fuentes consultadas.
En diálogo con LN+, una de las personas que se acercó hasta el lugar afirmó: “Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas. Vienen por un pedido de inspección. Las familias tienen derecho a decir sí o no”.
A su vez, otra persona aseguró que “los estafaron, hay familias que pagaban… Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira”.
