Deisy Rivera Ortega acudió el 14 de abril a una oficina migratoria en El Paso junto a su esposo, el sargento de primera clase Jose Serrano, con la expectativa de avanzar en su solicitud para permanecer legalmente en Estados Unidos. Salió bajo custodia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La cita formaba parte del proceso de “parole in place”, un mecanismo que tradicionalmente ha permitido a familiares de militares regularizar su situación sin abandonar el país.
“Simplemente se llevaron a mi esposa”, dijo Serrano a la BBC tras el incidente. El militar, con casi 28 años de servicio y despliegues en Afganistán, describió una escena abrupta: tras ser conducidos por un pasillo durante la cita, agentes del ICE detuvieron a Rivera Ortega sin previo aviso. “La detuvieron sin ninguna orden, sin ninguna orden de arresto… Se llevaron a mi esposa. No me dicen nada”, detalló a Associated Press.
Rivera Ortega, originaria de El Salvador, ingresó a Estados Unidos en 2016 y solicitó asilo. En 2019, un juez ordenó su deportación, pero al mismo tiempo le concedió una figura de protección conocida como “retención de expulsión”, que impide su retorno a su país de origen por riesgo de daño físico. Esa medida también le permitía permanecer en territorio estadounidense, según su abogado, Matthew James Kozik, quien calificó su detención de “arbitraria y caprichosa” y subrayó que su clienta “seguía las normas establecidas sobre lo que se supone que debe hacer una persona”.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Rivera Ortega es una “extranjera ilegal con antecedentes penales”, condenada por el delito federal de entrada ilegal. La agencia insiste en que una autorización de trabajo no equivale a un estatus migratorio regular y confirmó que permanece bajo custodia del ICE a la espera de su expulsión. Aunque no ha detallado a dónde será enviada, tanto la defensa como su esposo aseguran que las autoridades han considerado deportarla a un tercer país, como México, pese a que ella no tiene vínculos allí. “No conocemos a nadie en México”, afirmó Serrano a CBS.
El arresto es consecuencia de ajustes recientes en política migratoria bajo la Administración Trump. En abril del año pasado, el DHS eliminó una directriz de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar como un “factor atenuante significativo” a la hora de decidir acciones de deportación: “El hecho de prestar servicio militar no exime a los extranjeros de las consecuencias de infringir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”. Este giro ha reducido el margen de protección que antes beneficiaba a cónyuges y familiares de militares y veteranos.
Para Serrano, la situación resulta difícil de conciliar con su trayectoria en las fuerzas armadas. “Me encanta el Ejército”, afirmó a la BBC, al tiempo que marcó distancia entre la institución y la agencia migratoria: “No es el ejército, señor. Es el ICE. El ICE está fuera de control en este momento, señor, y nos está quitando los derechos que tenemos como soldados.” El militar también ha descrito el impacto personal de la detención: “Desde que pasó esto, solo duermo dos horas al día, dos horas por la noche”.
La defensa ha impugnado la detención en un tribunal federal y busca frenar una posible deportación, especialmente a un tercer país. Rivera Ortega contaba con permiso de trabajo vigente y había iniciado el proceso para regularizar su estatus a través de su matrimonio, celebrado en 2022. Su esposo pudo visitarla días después en el centro de detención de El Paso, donde conversaron a través de un panel de plástico, mientras el futuro legal del caso sigue sin definirse.
El episodio no es aislado. A inicios de mes, otra mujer, Annie Ramos —esposa de un sargento— fue arrestada en una base militar en Luisiana apenas días después de casarse. “Estábamos haciendo todo correctamente, pero, en cambio, me la arrebataron”, dijo su marido, Matthew Blank. Desde entonces, Ramos ha sido liberada, pero su batalla migratoria continúa.
