La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) marca un punto de quiebre en uno de los procesos electorales más cuestionados de los últimos años en Perú. Nueve días después de la accidentada jornada del 12 de abril, el funcionario presentó su dimisión ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en medio de investigaciones, denuncias de irregularidades y una creciente crisis de confianza ciudadana en el sistema electoral.
Corvetto, quien asumió el cargo en agosto de 2020, justificó su decisión en la necesidad de garantizar condiciones más sólidas para la segunda vuelta presidencial, programada para el 7 de junio, que todavía es una incógnita, pues el lento conteo de los votos aún no define al contrincante de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular e hija del autócrata Alberto Fujimori. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés de que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, señala Corvetto en su carta.
La crisis que precipitó la salida de Corvetto tiene origen en una serie de fallas logísticas que afectaron principalmente a las actas de Lima. La tardanza en la distribución del material electoral y la instalación incompleta de mesas de sufragio provocaron un hecho inédito: la prórroga de las elecciones por un día más. Miles de electores no pudieron votar o abandonaron los centros ante la desorganización, poniendo en entredicho la capacidad del Estado para garantizar un derecho fundamental.
Según la propia ONPE, el material debía estar distribuido con al menos 24 horas de anticipación —es decir, el 11 de abril— para asegurar la instalación oportuna de las mesas. Sin embargo, el despliegue no se cumplió. Aunque se había anunciado el envío de 434 unidades de transporte, solo habrían sido poco más de 340. Este desfase resultó determinante en los retrasos que marcaron la jornada electoral.
Las consecuencias no se limitaron a la desorganización. Denuncias sobre la pérdida y abandono de actas y cédulas de sufragio en distintos distritos encendieron las alarmas sobre la custodia del material electoral. A ello se sumó la sospecha, planteada por algunos sectores, de que las fallas pudieron haber sido advertidas con anticipación. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que existirían indicios de que funcionarios de la ONPE, incluido Corvetto, conocían los riesgos y no actuaron para evitarlos, pese a advertencias de la Contraloría.
En paralelo, la situación legal del exjefe de la ONPE se fue complicando. Corvetto enfrenta una investigación preliminar en la JNJ que podría haber derivado en su suspensión. Además, existe una recomendación de detención preliminar a nivel policial. En respuesta, el funcionario ha señalado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades, incluyendo la entrega de su pasaporte y el levantamiento del secreto de sus comunicaciones durante el periodo que se requiera.
En su carta de renuncia, Corvetto defendió su gestión, subrayando que actuó con integridad y que impulsó reformas durante su mandato. No obstante, reconoció que los hechos del 12 de abril constituyen una situación que le impide continuar en el cargo. “Como servidor público, no basta con actuar de acuerdo con la ley […] lo más importante es contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, ha admitido en su oficio.
La JNJ aceptó su renuncia por unanimidad en un pleno extraordinario, pero dejó en claro que las investigaciones continuarán. El organismo deberá determinar responsabilidades. La ley orgánica de la ONPE establece que el cargo de jefe es, en principio, irrenunciable durante un proceso electoral, salvo impedimento debidamente fundamentado. La aceptación de la dimisión sugiere que la JNJ consideró que la crisis alcanzó un nivel excepcional.
El gerente general, Bernardo Pachas Serrano, asumirá la jefatura de manera interina. El plazo para designar a un nuevo titular es de 45 días hábiles, un periodo que coincide con la urgencia de reorganizar el sistema electoral antes de la siguiente etapa del proceso. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene el pase asegurado, pero todavía no se ha determinado quién será su rival. El izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pelean el segundo lugar voto a voto.
Algunos sectores sostienen que existía desde antes un interés por remover a Corvetto y colocar a una figura más afín al que se ha pasado a denominar como “pacto mafioso”, en referencia a las fuerzas políticas con mayor influencia en el Congreso. Aunque esta hipótesis no ha sido probada, refleja el clima de polarización que rodea al proceso electoral.
Para la congresista Ruth Luque, la renuncia de Piero Corvetto es una “gestión atravesada por serias dificultades que han sido aprovechadas por sectores de la derecha fraudista y autoritaria para cuestionar sus resultados, y avasallar a la ONPE sobredimensionando los hechos”.
