El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión urgente del decreto de regularización de inmigrantes, como había solicitado una asociación, que pedía la adopción de la medida de manera cautelarísima, es decir, sin pedir audiencia a las partes.
La regularización fue adoptada el pasado martes, con la aprobación del Gobierno en el Consejo de Ministros del real decreto para la regularización extraordinaria con el que prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. El plazo para presentar solicitudes y enviar la documentación de forma telemática, así como para pedir cita previa y realizar el trámite presencial, se ha abierto este jueves.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha tumbado la petición, que había presentado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, para que paralizara de inmediato la aplicación del decreto. En un auto notificado este jueves, la Sala señala que no se dan los criterios de urgencia para adoptar esa medida, por lo que ordena tramitar la petición de suspensión del decreto de forma cautelar, por la vía ordinaria, para lo que da 10 días a las partes para que informen a favor o en contra.
La medida de regularización aprobada el martes fue modificada con respecto a su texto inicial por recomendación del Consejo de Estado para endurecer sobre todo lo relativo a antecedentes penales. El Ejecutivo se ha puesto a disposición de los inmigrantes para ayudarles a pedir esos antecedentes a sus países si estos no los envían a tiempo. El Ejecutivo ha insistido en que estos son casos excepcionales, porque la mayoría sí logra que le manden esos documentos.
No es la primera vez que la asociación ultraderechista actúa en contra de una medida gubernamental. En 2025 recurrieron el concurso de ideas para remodelar el Valle de Cuelgamuros (antes conocido como De los caídos), y también se manifestó contraria a la transformación del mausoleo de Pamplona donde reposaban los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo, que participaron en el golpe de Estado contra el Gobierno de la II República, que dio origen a la Guerra Civil. “Quieren quitar los monumentos para borrar la historia de una guerra que nunca van a ganar, porque ya la perdieron”, aseguró entonces el presidente de la asociación, Javier Campal. La asociación protagonizó una polémica al concedérsele en 2025 la gestión durante 30 años de la llamada como Pirámide de los Italianos, un monumento de homenaje al fascismo italiano y a los soldados de esa nacionalidad caídos en los frentes del norte y la batalla de Santander en la Guerra Civil, ubicada en el puerto del Escudo, entre Burgos y Cantabria.
