La comunidad educativa argentina enfrentó esta semana una preocupante seguidilla de amenazas que alcanzó a más de diez escuelas en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego. Los mensajes, que en su mayoría anunciaron tiroteos para el martes, miércoles y jueves, obligaron a las autoridades a activar protocolos de emergencia y operativos de vigilancia. Los investigadores pusieron la lupa sobre las redes sociales, ante la sospecha de que se trate de un reto viral que buscase generar pánico masivo entre alumnos y padres.
En la localidad cordobesa de La Falda, el IPEM 142 Joaquín V. González reportó pintadas en los azulejos de un baño con la leyenda: “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”. Casi en simultáneo, a 750 kilómetros de distancia, la Escuela Técnica 9 Ingeniero Huergo del barrio porteño de Caballito detectó una advertencia idéntica escrita en las mismas condiciones. Esta coincidencia en el formato y el cronograma de los ataques reforzó la hipótesis de una acción coordinada o de imitación por parte de jóvenes que utilizaron el anonimato escolar para difundir la amenaza.
El fenómeno surgió tras dos episodios de extrema gravedad que todavía conmueven al país: el asesinato de un alumno en San Cristóbal, Santa Fe, y la detención de un adolescente en La Matanza que planeó un ataque contra su excolegio. En ambos casos, la Justicia confirmó la vinculación de los menores con comunidades virtuales internacionales que veneran a tiradores seriales. Para los especialistas de Seguridad, los nuevos mensajes en las paredes funcionaron como un “efecto dominó” alimentado por estas subculturas digitales que transformaron la violencia en un objeto de culto.
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El inicio de la semana marcó el pulso de la crisis cuando la Escuela Salvador Debenedetti, de Avellaneda, encontró un cartel que rezaba: “Vamos a matar a todos”. Como respuesta, la institución implementó la revisión de mochilas al ingreso y organizó charlas de concientización para calmar el escenario tenso. Poco después, en la Escuela 26 de Villa Elisa, La Plata, apareció otra inscripción que desafió directamente a la comunidad: “El que arriesga que venga”, sumando más presión a una situación que ya parecía fuera de control.
En el norte del país, el Colegio San Francisco y el Instituto Guillermina, de Tucumán, recibieron amenazas similares que dispararon operativos policiales de saturación en los accesos. Por su parte, en Quilmes y en la Patagonia, escuelas de Cutral Co y Las Heras registraron frases violentas con fechas específicas de ejecución para este jueves. Incluso en Tierra del Fuego, las ciudades de Ushuaia y Río Grande reconocieron la existencia de múltiples casos que pusieron en vilo al sistema educativo provincial, obligando a funcionarios de Seguridad a intervenir de forma directa.
Frente a la multiplicidad de focos, las carteras de Educación e Interior de diversas provincias instaron a los docentes a dialogar con los alumnos para explicar que estas acciones no son “chistes” inofensivos. Las autoridades marcaron que la difusión de estos mensajes puede acarrear graves consecuencias legales y penales tanto para los menores como para sus tutores. El objetivo principal de los investigadores ahora se centró en cortar “la cadena de contagio” antes de que las amenazas se trasladen de las paredes de los baños a los patios de las escuelas.
Mediante un decreto, Tucumán endureció las sanciones
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó una resolución para endurecer los controles y castigar con severidad a quienes alteraron el orden público en los colegios. El decreto ratificó las instrucciones a la Policía para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los edificios educativos. Esta decisión política buscó frenar de raíz las amenazas que afectaron el normal desarrollo de las clases en la capital tucumana durante los últimos días.
La normativa estableció que las autoridades de las instituciones privadas podrán perder los subsidios estatales si incumplen su responsabilidad de cuidar y preservar a los alumnos. Además, el Ministerio de Educación quedó facultado para expulsar del sistema escolar a los estudiantes que incurrieron en este tipo de conductas intimidatorias.
Finalmente, el decreto trasladó la responsabilidad legal a los padres y tutores, quienes deberán responder por las acciones de los menores a su cargo. En casos de extrema gravedad, la Justicia podrá disponer el traslado de los alumnos involucrados al Instituto Brochero de Benjamín Paz. Con estas medidas, Tucumán se convirtió en la primera provincia en aplicar un régimen de sanciones directas para intentar contener la ola de amenazas.
TC/ML
