“De las cien camas que se dispusieron durante la pandemia y que desde ese entonces el PAMI utiliza el 75% de manera habitual, en los últimos días no hay ninguna nueva ocupada”, sentenció el dueño de una clínica privada que brinda atención a los afiliados de la obra social de los jubilados. No es que haya caído la demanda, sino que el PAMI dejó de pagar el total de las atenciones durante marzo. Otro dato que grafica la grave situación real: hasta fin de mes no habrá más provisión de prótesis de caderas, una de las afecciones más recurrentes de los integrantes de la tercera edad, también por falta de pago, según anunció el principal proveedor.
El plan de superávit fiscal para forzar la estabilidad macroeconómica diseñado por el ministro Luis Caputo y reclamado por el presidente Javier Milei para achicar el Estado dejó de ser un eslogan positivo y se convirtió en un búmeran que puede profundizar más aún la imagen negativa del Gobierno. Sucede que la crisis sanitaria que se activó en el país por la reducción de asistencia a áreas sensibles, como Salud, está en ebullición. Ausencia de vacunas, limitación de atención médica, faltantes de medicamentos y hasta cierre de unidades de asistencia para jubilados son una amenaza que dejó de ser latente y empezó a ser realidad.
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Fuentes del sector privado de la salud aseguraron que la situación es “terminal”. “Los viejos se van a morir en los hospitales sin ningún tipo de dignidad. Esto va a ser peor que la pandemia cuando llegue el invierno”, se alarmó el secretario de Salud de un municipio del norte del Conurbano bonaerense, en diálogo con PERFIL. Los intendentes vieron crecer de manera significativa la atención en los centros primarios de salud que dependen de ellos. Algunos por atención médica, pero también por vacunas y medicamentos, según el relevamiento que realizó este medio en una docena de comunas y provincias de distintos puntos del país.
La crisis de las clínicas y el desfinanciamiento
Días atrás, Caputo recibió las quejas de su par de Salud, Mario Lugones, por la escasez de recursos para afrontar las cuantiosas deudas que tiene esa cartera en distintas prestaciones, pero en especial con el PAMI. Esta “tormenta perfecta” de desfinanciamiento es interpretada por diversos actores sanitarios como un problema estructural y cíclico en la Argentina. La crisis se agrava por el déficit de origen del PAMI, profundizado por la falta de aportes del trabajo registrado, lo que deriva en pagos atrasados, cuotas y cambios continuos en la forma de prestación.
El resultado de este ciclo crónico es que las clínicas privadas PAMI-dependientes terminan recortando servicios para evitar la quiebra o dejan de prestar atención por completo. Esto empuja a los afiliados hacia el sistema público, que asume la demanda con la promesa de cobrar mediante sistemas de autogestión, pero que finalmente termina recibiendo pagos tardíos o liquidados con valores prestacionales obsoletos.
Una clínica del Conurbano bonaerense es un caso testigo relevado por PERFIL. Tiene una cápita de casi 15.000 afiliados de PAMI y le garantiza un 75% de sus prestaciones a los jubilados. El 25% restante la ofrece al mercado, siendo que esas plazas suelen ser compradas por derivaciones de otras clínicas o sanatorios, también del PAMI. En la actualidad, bajo esa modalidad de venta e excedentes existen 45 internados, cuando habitualmente eran 20. Lo que pasó es que ya hay centros de salud que dejaron de prestar atención por falta de pago o por cierre.
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Las clínicas y sanatorios deben afrontar el pago total de los salarios de su personal, los insumos y el catering de los pacientes, pero cobran con un delay de tres a cuatro meses. Según confirmó el dueño de una clínica bonaerense, desde enero el pago se desdobló, abonándose el 85% al inicio del mes y el 15% restante en los últimos días. Pero en marzo llegó una noticia fulminante: sólo recibieron el pago inicial de las prestaciones que se hicieron en diciembre. “No pagaron el 15% restante. Ya no podemos financiar más al PAMI”, se quejó el empresario.
Falta de medicamentos y deuda con farmacias
El impacto de esta asfixia financiera se reflejó en las cifras de las farmacias. Fuentes del sector confiaron a PERFIL que existe una deuda total pendiente de cobro por parte del PAMI de aproximadamente $270.000 millones. Los profesionales denunciaron que el monto vencido superó los $180.000 millones, cifra que correspondió a saldos de enero, febrero y la primera quincena de marzo, mientras que otros $90.000 millones quedaron pendientes de cobro según el convenio.
Esta situación se agravó porque los establecimientos cobraron a más de 60 días, a pesar de que pagaron a sus proveedores en plazos de entre 15 y 20 días. De esta manera, los medicamentos que se dispensaron en enero y se pagaron el 10 de febrero todavía no ingresaron a las cuentas de las farmacias.
Ante la falta de respuestas, los farmacéuticos sostuvieron el sistema a través del endeudamiento, pero advirtieron que la situación se volvió “angustiante e insostenible”. El sector alertó que el desabastecimiento ya no solo afectó a los jubilados, sino a toda la población en general, debido a la imposibilidad de reponer los stocks y el agotamiento de los suministros. Las entidades del sector señalaron que los compromisos de pago incumplidos durante meses elevaron el riesgo de una crisis sanitaria real. El escenario más temido es el “desfinanciamiento absoluto” de la red.
Passerini y la “tragedia humanitaria” en Córdoba
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, fue contundente: “Esto es una tragedia humanitaria y sanitaria”. Médico de profesión, explicó que los adultos mayores, al no encontrar respuestas en la obra social que debería asistirlos, se volcaron masivamente a los efectores públicos. Esta migración forzada generó un escenario que “sobrecarga al sistema”, ya que los pacientes requieren tratamientos costosos como “medicamentos oncológicos” o “prótesis para un reemplazo de caderas“, insumos críticos que terminan asumiendo las estructuras locales y provinciales sin estar previstos presupuestariamente.
“Nosotros tenemos un 26% de incremento en la demanda de salud producto del traslado de esa población. No nacieron más cordobeses. Y los únicos que parecería que estamos viendo esa realidad somos los intendentes y los gobernadores, y el Gobierno nacional no está atendiéndolo”, sentenció Passerini en una entrevista a Jorge Fontevecchia por Net TV.
El jefe comunal graficó la situación como un momento de “extrema tensión” que puso en jaque la cadena de pagos y la continuidad de las prestaciones durante el mes en curso. Para ilustrar la gravedad del cuadro, respaldó la alerta de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia (ACLISA), que reportó un sistema “al límite” por los pagos parciales de la obra social y el desfase de los aranceles frente a los insumos dolarizados.
Passerini lamentó casos críticos como el reciente cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, que dejó a 7.000 afiliados sin cobertura, obligándolos a viajar hasta Villa María; y denunció que el PAMI acumuló una deuda de más de $300 millones con unas 30 comunas que debieron absorber la demanda sanitaria ante la falta de prestadores privados.
El cóctel explosivo de las cuentas municipales
Para las finanzas de las intendencias, este escenario configura lo que los propios jefes comunales definieron como un “cóctel explosivo“. Al incremento exponencial de la demanda en los centros de salud municipales, obligados a suplir las falencias del PAMI, se le sumó una brutal caída de la coparticipación por la recesión económica y un aumento significativo en la mora del pago de las tasas locales.
El reflejo estadístico del traslado forzado de pacientes se evidenció con crudeza en los registros de los distritos bonaerenses. Otro municipio del Conurbano norte documentó un crecimiento exponencial en la demanda sobre su sistema de salud local. Según las estadísticas oficiales de esa comuna, a las que pudo acceder este medio, las atenciones sanitarias se más que duplicaron en los últimos ocho años: pasaron de 930.000 consultas en 2017 a un récord de 2.100.000 en 2025.
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La curva de atenciones en el distrito expone cómo los efectores municipales debieron absorber el impacto directo de la crisis sanitaria. Salvo por una retracción lógica durante el primer año de la pandemia en 2020, cuando se registraron 1.053.000 atenciones, la escalada fue ininterrumpida. El volumen de prestaciones trepó a 1.710.000 en 2022, alcanzó los 1.800.000 en 2023 y pegó un fuerte salto hasta llegar a los 2.000.000 en 2024. Esta progresión numérica ratifica que, frente al vaciamiento y la parálisis de coberturas como el PAMI, los municipios se convirtieron en la principal barrera de contención para evitar que la población quede sin acceso a la salud.
ML
