En el espacio de apenas unas semanas, el estrangulamiento del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz ha revelado la verdadera naturaleza de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Este no es un conflicto regional, porque se está facturando a todo el mundo. Aunque el tamaño de la cuenta está por determinar, ya es obvio que los beligerantes no serán los únicos que paguen la cuenta.
La guerra suele enmarcarse en términos de seguridad nacional, integridad territorial, humanitarismo o incluso lucha de civilizaciones. Pero tales razonamientos ocultan una verdad inquietante: la guerra es una de las actividades humanas con el precio más mal calculado. Quienes la inician rara vez cargan con todos los costes, que tienden a desplazarse a través de las fronteras, los mercados y el tiempo. Más allá de la destrucción física, la guerra genera masivas externalidades negativas. El precio pagado por el perpetrador refleja solo una pequeña fracción del coste social.
Por supuesto, la intuición de que la guerra impone costes derivados a otros está profundamente arraigada en la literatura de economía política, desde Adam Smith y David Ricardo hasta John Maynard Keynes y Karl Polanyi. Pero la globalización ha transformado este efecto en una característica estructural de la economía moderna.
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Consideremos la aritmética del actual conflicto con Irán. Más allá de la pérdida de vidas, el gasto militar directo de EE. UU. puede ascender a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares (la factura ya era de 12.700 millones de dólares a una semana de iniciados los combates). Sin embargo, el coste económico más amplio —transmitido a través de los mercados de energía, alimentos y financieros— es mucho mayor. El Fondo Monetario Internacional advierte que la guerra ya está disminuyendo las perspectivas de crecimiento de muchas economías, a medida que los choques energéticos se propagan hacia el exterior y las presiones inflacionistas se intensifican.
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El mecanismo de transmisión es brutalmente sencillo. Cuando suben los precios del petróleo y el gas, el transporte y la electricidad se encarecen. Cuando aumentan los costes de los fertilizantes, también lo hacen los precios de los alimentos. Los bancos centrales pueden responder asumiendo una postura de política monetaria más restrictiva. En última instancia, el crecimiento se ralentiza.
Sin embargo, este efecto dominó no figura en el libro de contabilidad real de la guerra. Los esfuerzos por medir los costes reales de la guerra han descubierto sistemáticamente que estos se encuentran más allá del campo de batalla. En su trabajo sobre la guerra de Irak, Joseph E. Stiglitz y Linda Bilmes contabilizaron una lista de costes por billones de dólares una vez incluidos los efectos macroeconómicos. Del mismo modo, tanto el FMI como el Banco Mundial han constatado que los conflictos violentos deprimen el crecimiento en economías muy alejadas de ellos.
Incluso bajo supuestos conservadores, Estados Unidos puede soportar solo una parte modesta del daño económico global total (al igual que los efectos colaterales negativos de la guerra en Ucrania superan con creces el coste directo para Rusia). Como advirtió recientemente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el resto se difunde por el sistema, siendo absorbido por los importadores de energía, los mercados emergentes y los hogares de todo el mundo. La guerra, en este sentido, está subvencionada globalmente.
Tres mecanismos lo hacen posible. El primero es espacial. Las economías modernas están profundamente interconectadas. Cuando la guerra interrumpe un nodo (específicamente un punto de estrangulamiento energético), los efectos caen en cascada hacia el exterior. El estrecho de Ormuz no es simplemente un paso geográfico, sino una vulnerabilidad estructural en la economía global.
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El segundo mecanismo es temporal. La guerra suele exigir que el presente pida prestado al futuro. Los gobiernos financian los conflictos mediante deuda, aplazando su coste a generaciones que aún no están representadas políticamente. Las consecuencias fiscales de las guerras pasadas siguen manifestándose décadas después, apareciendo en la deuda pública y en opciones políticas restringidas.
El tercer mecanismo es distributivo. La guerra concentra la toma de decisiones mientras dispersa los costes. Los que deciden no son los que pagan. Esta última idea constituye el núcleo de la economía moderna de los conflictos. El economista de la Universidad de Oxford Paul Collier ha demostrado que las guerras persisten no porque sean colectivamente racionales, sino porque son beneficiosas para particulares. Pequeños grupos capturan las ganancias mientras la población en general absorbe las pérdidas.
Como argumenta Edward Fishman en su libro Chokepoints, el poder fluye hoy a través de sistemas globales como las rutas energéticas y las cadenas de suministro. Pero el conflicto convierte estos sistemas en canales de contagio económico. El resultado es una inversión peculiar. La guerra parece cara en teoría pero asequible en la práctica, porque gran parte de la factura la pagan otros.
Este error de valoración tiene consecuencias previsibles. Cuando los bienes están subvencionados, obtenemos más de ellos. Cuando su precio es demasiado bajo, obtenemos un exceso de oferta: demasiada contaminación, demasiado riesgo y demasiada guerra.
El reto político es, por tanto, familiar: para desalentar la guerra, sus costes deben internalizarse. Quienes inician un conflicto deben soportar una parte mayor de sus costes reales. Lograr ese resultado requiere una institución global eficaz que pueda alinear los costes privados y sociales del conflicto mejor de lo que pueden hacerlo los mercados globales. Hasta que el mundo pueda crear una institución así, los incentivos seguirán siendo perversos.
(*) Antara Haldar, profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge, es profesora visitante en la Universidad de Harvard e investigadora principal de una subvención del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición.
