It’s not a bug, it’s a feature. Esta frase célebre del mundo del software utilizada para tratar de disfrazar un error del programa como una característica o una funcionalidad se puede aplicar a la perfección al nivel de morosidad récord que se observa hoy en día en la economía argentina.
Primero un poco de contexto. Según los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la actualidad unos 20,5 millones de personas tienen algún tipo de deuda financiera. Esto equivale al 60% de la población adulta e implica un aumento de casi 2 millones de personas respecto de fines del 2024.
El tema es la morosidad que tiene el sistema (establecida a partir de los 30 días de atraso), en particular los préstamos a las familias, que en el último año mostraron un crecimiento vertiginoso y en la actualidad alcanzan al 9,3% del total prestado, siendo el nivel más elevado desde la crisis del 2001 (la más grande de la historia argentina).
Al hacer un poco de zoom nos encontramos con dos datos que ayudan a entender (parte de) la dinámica. Como muestra el último informe de estudios económicos del Banco Provincia, la irregularidad de cartera aumentó más en las entidades no financieras (fundamentalmente billeteras virtuales y casas de electrodomésticos que ofrecen su propio financiamiento) que en la banca tradicional. En las primeras pasó del 8% al 25% entre fines del 2024 y 2025, mientras que en el sector bancario pasó del 3% al 11%.
Por otro lado, al desagregar por el monto, se observa que los que más crecieron fueron los créditos de montos bajos (menores a 1 millón de pesos, el equivalente a unos 720 dólares al cambio actual), que explican casi uno de cada dos préstamos. Asimismo, estos créditos son los que muestran la morosidad más elevada, de 25%, el doble que la morosidad que tienen los préstamos de montos más altos –superiores a los 10 millones de pesos– donde se reduce al 12%.
Estos datos están vinculados entre sí. Al tener menores exigencias –en cuanto a los requisitos para prestar– las entidades no financieras suelen captar como clientes a los sectores de menores ingresos, cobrándoles tasas de interés más elevadas.
Pero eso no alcanza para explicar el salto dramático que mostraron en el último año. Ahí es donde aparece el impacto del programa económico en su conjunto. Como analizamos en una columna anterior, el programa de estabilización implementado por Milei ni bien asumió logró bajar la inflación de una manera contundente, pero a costa de un duro ajuste sobre los ingresos que, si bien se recuperaron durante 2024, todavía se ubican en promedio entre un 5% y 10% por debajo (dependiendo del tipo de empleo que se tome).
Sumado a eso, la decisión del Banco Central de no intervenir en el mercado del dinero (bajo una lógica libertaria), en el marco de una elevada incertidumbre producto de la derrota electoral del Gobierno a manos del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, llevó en la segunda parte del año pasado a que las tasas de interés alcanzaran niveles exorbitantes, de casi 160%.
La combinación de estos dos elementos generó un cóctel explosivo. Por un lado, la caída del poder adquisitivo –en un contexto de tasas relativamente bajas durante la segunda mitad del 2024 y la primera mitad del 2025- llevó a que las familias, en particular las de menores ingresos, recurrieran al crédito para complementar sus ingresos. Sin embargo, el súbito incremento de las tasas de interés a partir del segundo semestre del año pasado hizo impagables buena parte de esos créditos, lo que se tradujo en el salto de la morosidad observado, que todavía no parece encontrar su techo.
Y si a eso le incorporamos el hecho de que la inflación ha venido incrementándose sistemáticamente en los últimos meses (pasó del 1,5% mensual en mayo del 2025 a 2,9% en la actualidad), el Gobierno se enfrenta a una disyuntiva muy clara: seguir aplicando una política monetaria contractiva que quite dinero de circulación para tratar de contener la inflación (con su consecuente impacto en la morosidad de las familias); o permitir que las tasas bajen de modo que eso ayude a frenar el aumento de la morosidad.
Lo que se observa, entonces, es que la morosidad no es un error, sino una característica del programa económico. El financiamiento operó como un mecanismo paliativo frente a la caída de los ingresos que generó el programa de estabilización. El tema es que, con el aumento de la inflación reciente, el uso de la política monetaria como única herramienta para tratar de contenerla enfrenta un problema adicional, que es precisamente el impacto que pueda tener en la morosidad.
Lo que emerge de este análisis es que la morosidad no puede ser entendida como un problema aislado del sistema financiero, sino como el reflejo de una contradicción más profunda en el programa de estabilización. La política monetaria contractiva sigue siendo necesaria para contener una inflación que vuelve a acelerarse, pero sus efectos sobre el costo del crédito y el poder adquisitivo de las familias terminan alimentando el mismo fenómeno que intenta combatir. En otras palabras: la morosidad seguirá siendo una característica del programa mientras la disyuntiva permanezca sin resolver. Y por ahora, no hay indicios de que esté cerca una solución.
