Las tres principales universidades flamencas de Bélgica han reconocido con un doctorado honoris causa conjunto a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, a pesar de las protestas de la comunidad judía. En el acto, celebrado este jueves en Amberes, la abogada de derechos humanos italiana, sancionada por Estados Unidos, ha advertido de que lo que está haciendo el “Estado de apartheid” de Israel con los palestinos —que califica de “genocidio”— está poniendo “a prueba” el derecho internacional.
“La Palestina actual es un espejo que pone a prueba si el derecho internacional es universal o selectivo, si los derechos humanos son principios o están destinados a seguir siendo privilegios”, ha dicho Albanese ante un auditorio que la ovacionó varias veces y desde el que se escuchaban repetidamente proclamas como “Palestina libre”. Es un momento que “resuena y nos obliga no solo a recordar, sino también a asumir nuestra responsabilidad, a tomar una postura y a defenderla”, ha reclamado.
Es la primera vez que las universidades de Amberes, de Gante y la Libre de Bruselas —donde estudiantes protagonizaron largas protestas contra Israel tras la ofensiva militar en Gaza en represalia por el ataque terrorista de Hamás en octubre de 2023— otorgan un doctorado honorífico de forma conjunta. Desde que anunciaron su decisión, en febrero, esta ha recibido críticas y presiones por parte de la comunidad judía que acusa a Albanese de antisemitismo, así como de algunos miembros del mundo académico. Según la agencia de noticias Belga, un profesor llegó a dimitir en protesta por el doctorado honorífico a la italiana, de la que también otros académicos se habrían distanciado por considerarlo “activismo institucional”.
Los rectores de las tres universidades han defendido no obstante una decisión que, han reiterado este jueves, no tomaron “a la ligera” y que supone una muestra de la importancia que le dan al “derecho internacional y los derechos humanos, así como a los individuos e instituciones que encarnan estos valores universales”.
“Es cierto que la guerra y los conflictos son un fenómeno de todas las épocas, pero ahora estamos siendo testigos de actos que no podemos ni debemos aceptar”, ha subrayado durante la ceremonia el rector de la Universidad de Amberes, Herwig Leirs. “Líderes de países poderosos desprecian a Naciones Unidas, los tratados internacionales parecen no tener valor y los derechos humanos son constantemente violados. Como universidades no podemos resolverlo, pero sí ser conscientes de ello y podemos resistirnos”, ha agregado. “Sin derecho internacional, solo la ley del más fuerte prevalece, con consecuencias devastadoras”, ha continuado la rectora de la Universidad de Gante, Petra De Sutter, y “por eso, Albanese merece nuestro reconocimiento y apoyo”, ha añadido.
Conscientes de la controversia y de las protestas causadas por su decisión, los rectores han sido enfáticos en subrayar que el reconocimiento a Albanese “no va contra la comunidad judía, ni contra organizaciones judías, ni siquiera contra Israel”. Se trata, ha dicho Leirs, de “enviar un mensaje positivo, para trabajar todos unidos por un mundo mejor donde los derechos humanos son valorados y las normas y acuerdos internacionales respetados”.
Albanese ha agradecido el reconocimiento, aunque se ha dicho “algo desconcertada” por la necesidad de que este tuviera que ir acompañado de una “justificación”. La comunidad judía, ha dicho al respecto, “no debería sentirse amenazada por alguien que defiende los derechos humanos y quiere promover la justicia para los palestinos y para los israelíes, especialmente para aquellos que se oponen a la ocupación, al genocidio y al apartheid”. Y ha corregido al rector al considerar que su doctorado sí es una señal clara: “No creo que podamos decir que esto no va en contra de Israel. Porque Israel es un Estado de apartheid”, ha afirmado la autora de informes como De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, en el que el pasado verano acusaba a grandes empresas de ser cómplices de la ofensiva de Israel en Gaza y que llevó al Gobierno de Donald Trump a sancionarla, al igual que a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes relacionados con la ofensiva militar en la Franja.
