La guerra del Gobierno de Gustavo Petro contra la mayoría de la junta directiva del Banco de la República escaló este martes a un territorio desconocido. Germán Ávila, ministro de Hacienda y miembro de esa junta, se retiró súbitamente de la sala donde se llevaba a cabo la reunión en la que los siete miembros debían definir la tasa de interés de referencia para Colombia. Convocó de forma rápida a su propia rueda de prensa y anunció, en solitario y ante las cámaras, que el tipo subiría 100 puntos básicos, hasta el 11,25%. Lo hizo 40 minutos antes de la rueda de prensa oficial, un evento inédito que sirvió como marco para una decisión sin antecedentes: no planea regresar a las reuniones de la junta directiva.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, comenta a EL PAÍS que no recuerda algo así en la historia del banco central de Colombia. Ávila, por su parte, fue contundente: “Decidimos retirarnos de la junta del Banco de la República y establecer una distancia significativa entre el Ejecutivo y el órgano, hasta que este último entienda que hay una coherencia con la realidad económica y social del país. No podemos ser artífices de una política monetaria que solo responde a representantes del sector financiero”, dijo el economista, experto en política de vivienda.
Ávila aprovechó el momento para cuestionar de frente la legitimidad del proceso de alza de tasas que acababa de abandonar y del que ha sido permanente crítico. Dijo que el Emisor está “supeditado a las encuestas de los analistas” y trazó una línea entre dos modelos de economía: “La economía rentista pretende obtener, a través de la política monetaria, grandes beneficios, y la economía real que defiende el Gobierno”. Fue una seguidilla de reproches: “Nosotros creemos que debe existir la independencia entre el Banco de la República y el Gobierno, pero no puede ser una independencia de la sociedad. Porque aquí se están defendiendo unos intereses particulares y dejando de lado los de la sociedad colombiana. Esas encuestas son hechas con los intereses del sector financiero y los intereses de los inversionistas del mercado de capitales”, sentenció.
Lo que Ávila describió como una defensa de la sociedad es, en la práctica, una impugnación del mandato constitucional del Banco de la República: controlar la inflación. La meta concreta de esa inflación no responde a las encuestas de analistas, sino a una decisión fijada por la propia junta de tiempo atrás, pues hay un consenso en que un aumento de precios de alrededor del 3% al año no afecta a la economía ni a los más pobres, como sí lo hacen las alzas más aceleradas. En ese contexto, la Constitución de 1991 le dio independencia al banco central, buscando garantizar que las decisiones sobre el precio del dinero no las toma el Ejecutivo, pues los gobiernos tienen incentivos para ser menos persistentes en la lucha contra la inflación y buscar que haya tasas bajas, para así impulsar el gasto público con deuda más barata.
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