El bloque de legisladores de la UCR, alineada con Rodrigo de Loredo, decidió redoblar la presión sobre el gobierno de Martín Llaryora con una ofensiva centrada en seguridad, uno de los temas más sensibles en la agenda pública. Con ese eje, la bancada radical impulsa un paquete de tres proyectos de ley que buscan instalar una respuesta concreta a la demanda social: más policías en la calle, acompañados por una recomposición salarial del 20% para el personal policial y penitenciario.
La batería de iniciativas combina medidas salariales con cambios estructurales en la carrera policial. Por un lado, propone mejorar el salario básico para activos y pasivos, con el objetivo de desalentar la salida de efectivos. En paralelo, impulsa una reforma previsional que apunta a extender la permanencia dentro de la fuerza, elevando de 25 a 30 años los años de servicio para el personal subalterno y sumando tres años a la edad de retiro del personal superior.
El planteo incluye además la eliminación definitiva del diferimiento en los aumentos para jubilados —una promesa oficial que, según la oposición, no se cumplió—, para que las mejoras impacten de manera directa en los retirados. A eso se suma la propuesta de elevar del 30% al 60% el haber que perciben los policías pasados a situación pasiva hasta que se resuelva su situación. Según estimaciones del bloque, el paquete permitiría retener o reincorporar alrededor de 4.000 efectivos, fortaleciendo la presencia policial en la calle sin depender exclusivamente de nuevas incorporaciones.
“Hoy el problema no es solo sumar personal, sino evitar que se vayan los que ya están formados”, expresaron los integrantes de la bancada radical, al tiempo que cuestionaron lo que definieron como un “fracaso sistemático” de las políticas de seguridad del peronismo. La propuesta, en ese sentido, busca correrse de la crítica abstracta y ofrecer una alternativa concreta en un terreno donde el oficialismo aparece expuesto.
“Frente al sistemático y repetido fracaso de las políticas de seguridad de los gobiernos peronistas, aportamos una propuesta que puede traer alivio en las calles y en la Caja de Jubilaciones. Hoy el problema no es solo incorporar nuevos efectivos, sino evitar que se vayan los que ya están formados. Esta reforma apunta a eso: sostener el recurso humano y llevar más policías a la calle”, remarcaron desde el bloque de la UCR que conduce Matías Gvozdenovich.
En su pronunciamiento, los parlamentarios radicales enfatizaron que “el régimen actual permite retiros anticipados que debilitan la estructura de seguridad, generando una pérdida constante de personal capacitado en un contexto donde el delito crece y se vuelve cada vez más complejo”.
Postura del gobierno
Al salir al cruce de la propuesta anticipada por De Loredo a través de un mensaje por las redes sociales, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra el corazón de la reforma previsional. Calificó la iniciativa como parte de “recetas que ya fracasaron” y cuestionó la idea de que los policías se jubilan a edades tempranas. “Me parece que plantear que un policía se jubila joven a los 44 años es desconocer la realidad. El promedio de edad real sacado de la Caja de Jubilaciones de un policía de retiro estamos casi en los 48,6 años”, sostuvo recientemente Quinteros en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.
El funcionario fue más allá y endureció el tono político al señalar que el dirigente radical demuestra ser “un verdadero ignorante del tema que habla”, aunque aclaró que no tiene inconvenientes en discutir la problemática. “Lo que no podemos hacer es discutirlo con especulación y en tiempos electoralistas, con el simple objetivo de enmascarar una situación”, remarcó. Además, cuestionó el trasfondo de la propuesta al advertir que, detrás del debate policial, se esconde una discusión más amplia sobre la edad jubilatoria: “Están planteando no cinco años para la policía, sino para todo el mundo”.
En medio del cruce político, el gobernador Llaryora también se metió de lleno en la polémica y eligió un canal directo para fijar posición: habló a los efectivos a través de la radio interna de la fuerza. Allí buscó llevar tranquilidad y marcar un límite político claro frente a la propuesta opositora. “No pienso modificar ninguna ley para hacer que los policías sigan trabajando después de los 25 años de servicio”, aseguró el mandatario hace unos días, en un mensaje que apunta tanto a la tropa como a la disputa con la oposición.
El cruce expone con nitidez el trasfondo político de la discusión. Mientras la UCR intenta instalar la seguridad como eje ordenador de su estrategia y condicionar la agenda del oficialismo con propuestas concretas, el gobierno responde cerrando filas y deslegitimando la iniciativa opositora, enmarcándola en una lógica electoral. En ese escenario, la discusión por más policías en la calle se transforma también en una disputa por la eficacia de las políticas en materia de seguridad.
