El 5 de marzo, un día antes de la reunión de seguridad Escudo de las Américas en Miami, a la que acudió Daniel Noboa invitado por Donald Trump, el presidente ecuatoriano publicó un video en redes sociales que resumía su nueva narrativa de guerra. Las imágenes, editadas como un tráiler, incluían un rótulo en el centro: “Destruimos el descanso de Mono Tole”, cabecilla de los Comandos de la Frontera. De fondo sonaba Psycho Killer, de Talking Heads. En apenas cuatro segundos se sucedían un helicóptero sobrevolando la selva, un grupo de militares y, después, la explosión. “¡Boom!”. Una bomba directa sobre lo que el Gobierno describía como un centro de descanso y entrenamiento de narcotraficantes. “Nosotros peleamos esta guerra para darle paz a los ecuatorianos”, dice Noboa a cámara. “Hoy podemos decir que no estamos solos”, añade, en una frase que busca reforzar los acuerdos de cooperación con Estados Unidos.
Las imágenes compartidas con los medios, menos editadas, cuentan otra historia. El lugar ya estaba destruido antes del bombardeo: había sido incendiado por el propio Ejército ecuatoriano tres días antes, el 3 de marzo. El supuesto campamento narcoterrorista —una etiqueta que el Gobierno repite sin aportar pruebas— era en realidad una finca de vacas. Según reveló The New York Times esta semana, pertenece a Miguel, un granjero, que pide omitir sus apellidos por miedo.
Los reporteros del diario estadounidense visitaron el lugar y constataron que, lejos de un campamento, se trataba de una granja lechera. El equipo entrevistó a residentes, líderes de la zona y abogados de derechos humanos. Sus testimonios, junto con las evidencias recogidas en terreno, “plantean dudas” sobre la operación que Ecuador y Estados Unidos presentaron como parte de su nueva alianza militar contra el narcotráfico, según el diario.
El granjero fue el que dio la primera voz de alarma. El 6 de marzo, poco después del mediodía, una llamada interrumpió la programación de Radio Sucumbíos, en Lago Agrio, una ciudad amazónica en la frontera con Colombia. Al otro lado de la línea, Miguel hablaba con miedo, mientras se oía el ruido de una aeronave. “Tiraron una bomba. Ahorita la patrulla militar está sobrevolando sobre nosotros”, decía en directo. Hasta ese momento, en la comunidad de San Martín, un caserío de unas treinta familias a orillas del río San Miguel, todos pensaban que se trataba de otro operativo más.
“Queremos que nos aclaren este asunto. Ninguna autoridad está aquí para explicarnos por qué están bombardeando a nuestra comunidad”, continuaba en directo, mientras describía la escena: él y otros pobladores intentaban llegar a las fincas destruidas a orillas del río. La tensión aumentaba. “¡Nos están apuntando!”, gritó.
En conversación telefónica con EL PAÍS, Miguel reconstruye la secuencia que terminó en el video de 23 segundos que publicó Noboa. El 3 de marzo, helicópteros militares aterrizaron junto al río. Los soldados irrumpieron primero en dos casas abandonadas en la parte alta del cauce. Más tarde llegaron a la finca de Miguel, donde amenazaron a los jornaleros, registraron las viviendas y terminaron prendiéndoles fuego. Eran construcciones de madera y caña que servían de hogar a los trabajadores. Solo les dieron unos minutos para evacuar.
Las imágenes de ese primer operativo fueron difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos como parte del anuncio de operaciones conjuntas contra “organizaciones terroristas designadas”. Según The New York Times, que cita a dos funcionarios estadounidenses bajo anonimato, fuerzas especiales de Estados Unidos asesoraron a militares ecuatorianos durante la incursión en las casas abandonadas río arriba, que ambos ejércitos consideraban vinculadas a un grupo de traficantes.
Tres días después, los militares regresaron. Miguel estaba entonces en Puerto Bello, en Colombia, donde vive desde hace dos años. Allí se instaló para que sus hijos pudieran ir a la escuela sin cruzar cada día en canoa el río que separa ambos países. En su finca, en San Martín, tenía cincuenta vacas, gallinas, un par de cerdos y cultivos de plátano y yuca. Cinco jornaleros cuidaban el lugar.
Horas antes del bombardeo, otro grupo de militares llegó a la zona. Amenazaron a los trabajadores y se llevaron a cuatro de ellos. Según denunciaron después en Radio Sucumbíos, fueron torturados y abandonados más tarde en Lago Agrio. Desde la otra orilla, Miguel vio el movimiento de un avión y un helicóptero. “Lanzaron dos bombas: una cayó en la finca; la otra no explotó y cayó del lado colombiano”, cuenta. Fue la bomba que casi causa un conflicto diplomático de consecuencias inciertas.
Tras la publicación del reportaje y la presión mediática, el Ministerio de Defensa difundió un comunicado en X en el que asegura que en el lugar se encontraron indicios de “actividades ilícitas”, entre ellos un fusil semiautomático y un cargador con 30 cartuchos. El mensaje reafirma supuestos vínculos de algunos pobladores con los Comandos de la Frontera, un grupo guerrillero de origen colombiano, y sostiene que en la zona se planeaban acciones criminales.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el alcance de los acuerdos militares entre Ecuador y Estados Unidos y por la clasificación como reservadas de las operaciones conjuntas, lo que impide su fiscalización.
Ahora, en San Martín, cualquier zumbido en el cielo da miedo. Miguel volvió a escuchar helicópteros sobrevolando la zona y, sin pensarlo, buscó refugio. La rutina cambió: ahora se mira hacia arriba antes que hacia el río. Mientras tanto, habitantes y organizaciones de derechos humanos preparan un festival por la vida y la paz bajo un lema que resume la preocupación de la comunidad: “Para que en nuestro cielo vuelen cometas y no helicópteros de guerra”. Un intento de recuperar la vida tranquila que se les fue.
