La presentación este viernes de la versión desglosada del registro de personas desaparecidas en México ha generado, como era previsible, incluso para el Gobierno, una gran polémica, anclada a la desconfianza de parte de la ciudadanía en los datos presentados. El Ejecutivo ha dicho que, de las cerca de 130.000 personas desaparecidas en los últimos 20 años que figuran en la base de datos, hay que agarrar con pinzas dos terceras partes, algo más de 80.000, por errores y carencias en los registros o por contradicciones entre los reportes de desaparición y la actividad burocrática de los presuntos desaparecidos. Parte de esas carencias nacen del mal actuar de las fiscalías estos años.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, encargada de la nueva clasificación, ha señalado que a día de hoy el país suma 41.328 personas desaparecidas, cuyos casos están registrados con los datos necesarios para su búsqueda y que, además, no han tenido actividad alguna después de que se reportó su desaparición. Organizaciones de la sociedad civil han pedido este mismo viernes que se trabaje en subsanar los más de 40.000 casos en que los registros presentan errores o carencias, bajo la idea de que un reporte deficiente no es suficiente para sacar casos de la base de datos.
Pese a la intención didáctica del Gobierno, las dudas abrevan de la complejidad del mensaje emanado de Palacio Nacional. ¿Cuántos desaparecidos debe contar entonces el país, 43.128? ¿Qué hay del resto? ¿Cuántos de los otros deberían sacarse de la lista y cuántos no? ¿Cómo es posible que haya más de 40.000 personas reportadas como desaparecidas que se han casado, o han tenido hijos, o han cambiado su domicilio, o han declarado impuestos, después de que se reportara su desaparición? Estas y otras preguntas dibujan la incertidumbre en estas horas. Pero sobre todas ellas planea una mayor, que apunta a las fiscalías.
Figueroa ha explicado este viernes que, de los 43.128 casos incontestables de personas desaparecidas, las fiscalías solo iniciaron una investigación en 3.869 casos. Eso significa que, en casi 40.000, las agencias investigadoras, sobre todo las estatales, evitaron hacerlo, por el motivo que sea. Esta cifra refleja una crítica que comparten buena parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México en estos años de violencia: la negligencia, apatía o desidia de las fiscalías a la hora de tomar denuncias. Y más aún, de investigar los casos que les llegan.
Crisis conocida a nivel mundial, México ha vivido los últimos 20 años sometido a unos niveles de violencia altísimos. La evolución de los grupos criminales vinculados al tráfico de drogas, la creación de brazos armados especializados por parte de estos grupos, las peleas de los brazos, su posterior independencia e incursión en nuevos modelos de negocio, y los titubeos del Estado ante todo ello, definen el horror. En este contexto, miles de personas han desaparecido a manos del crimen organizado, resultado de sus venganzas, o reclutados, esclavizados a su servicio. También hay otras tantas que han desaparecido a manos del Estado, del Ejército, la Armada, policías estatales y municipales…
Durante mucho tiempo, México careció de una base de datos confiable de víctimas de este delito. Es más, hasta hace ocho años, el país ni siquiera había tipificado el delito de desaparición cometida por particulares, aparentemente el más habitual de estas dos décadas, sin olvidar los casos de desaparición forzada, cometida por agentes del Estado. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ya en 2019, la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda inició un esfuerzo para tener una primera base de datos confiable. Nacía así el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero los problemas no tardaron en llegar. A la vista del crecimiento de las cifras en el nuevo registro, López Obrador anunció un análisis de los casos, con la intuición de que había entradas repetidas, casos que, pese a quedar solucionados, seguían en la base de datos, etcétera. En diciembre de 2023, su Gobierno presentó una depuración, parecida a la de ahora, que provocó las críticas de colectivos y organizaciones porque tumbaba de golpe y porrazo más de 21.000 casos. De los 113.000 casos que se contaban entonces, el Gobierno lo dejó en 92.000. Investigaciones periodísticas desvelaron entonces que la nueva cuenta daba por localizadas a personas que seguían desaparecidas, entre otros errores.
Dada la polémica y las críticas, el Gobierno de López Obrador condujo, sin que hubiera claridad sobre el registro, a un ambiente enrarecido con los colectivos. El problema no era tanto la poda a la base de datos, que también, sino el foco gubernamental. El Ejecutivo se había centrado en la estadística, lesiva para su imagen, en vez de resolver el verdadero problema de fondo: la nulidad en muchos casos de las fiscalías en las investigaciones y la soledad de las familias de personas desaparecidas, convertidas a la fuerza en los verdaderos investigadores de sus casos.
Así, de las cifras presentadas este viernes, llama la atención la que refleja el estrecho sendero legal que marcan los casos denunciados, una minucia respecto a las decenas de miles que siguen sin constar en pesquisas oficiales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que ha acompañado decenas de casos de personas desaparecidas en la última década y media, ha señalado: “Reconocer que únicamente hay 3.869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías”.
La exigencia del Centro Pro ilumina las sombras del informe presentado este viernes en Palacio Nacional y hace evidente la necesidad de establecer controles más férreos sobre el actuar de las agencias investigadoras, las estatales, pero también la federal, en manos de Ernestina Godoy, persona cercana a la presidenta, Claudia Sheinbaum. La pregunta ahora parte de la geografía: ¿qué fiscalías manejan el ratio más bajo de investigaciones abiertas, respecto al número de casos registrados de personas desaparecidas? Cuando esos números se hagan públicos —si se hacen—, la cuestión rondará necesariamente el porqué y la duda apuntará a las capacidades del Gobierno federal para evitar que las fiscalías sigan estancadas en el pasado.
