En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un mapa oficial permite identificar los centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal que funcionaron en el Chaco durante la última dictadura. El material fue elaborado por el Archivo Nacional de la Memoria y expone el alcance que tuvo el aparato represivo en la provincia.
El mapa marca, en primer lugar, varios puntos en Resistencia: la Alcaldía, la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, la sede de esa misma dependencia que funcionó entre 1976 y 1978, el Escuadrón 51 “Resistencia” de Gendarmería Nacional, la Unidad Penal N° 7, la Jefatura de Policía, el Hospital Perrando y el Hospital para la Madre y el Niño. También aparece señalada la Alcaldía de Presidencia Roque Sáenz Peña, lo que expone que la red represiva no estuvo limitada a la capital provincial.
El aparato represivo en Chaco: policía, cárceles, fuerzas federales y hospitales
La cartografía oficial deja en evidencia que el terrorismo de Estado en el Chaco no se apoyó en un solo edificio ni en una sola fuerza, sino en una trama que involucró dependencias policiales, organismos penitenciarios, estructuras federales y hasta instituciones sanitarias. Esa dispersión territorial muestra cómo la represión se incrustó en ámbitos estatales que, en democracia, debían servir para cuidar, asistir o garantizar derechos.
Uno de los sitios más emblemáticos fue la Brigada de Investigaciones de Resistencia, identificada por la Comisión Provincial por la Memoria como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó primero en Juan B. Justo y luego en Marcelo T. de Alvear 32, en pleno centro de la ciudad y frente a la Casa de Gobierno. Ese dato resume una de las marcas más brutales del período: la represión operó a la vista de todos, en el corazón institucional de la provincia.
Chaco dentro del esquema militar del Nordeste
Durante la última dictadura, la provincia quedó integrada al Área Militar 232, bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército, una estructura de control que se extendía sobre buena parte del nordeste argentino. Según la reconstrucción histórica de la Comisión Provincial por la Memoria, la represión en el Chaco ya venía gestándose desde fines de 1974, pero se profundizó de manera decisiva después del golpe del 24 de marzo de 1976.
En ese contexto, el 19 de abril de 1976, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, fue designado como gobernador de facto del Chaco el general de brigada Antonio Facundo Serrano, quien asumió formalmente el 23 de abril, puesto en funciones por el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. En paralelo, el coronel José David Ruiz Palacios quedó al frente de la Subsecretaría del Interior y años después también sería gobernador de facto de la provincia.
La Masacre de Margarita Belén, la herida más brutal del Chaco
Si hay un nombre que condensa el horror de la dictadura en la provincia, ese nombre es Margarita Belén. La Comisión Provincial por la Memoria la define como el fusilamiento clandestino de detenidos políticos ocurrido el 13 de diciembre de 1976, en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco, que fue presentado públicamente como un supuesto enfrentamiento durante un traslado sobre la Ruta 11.
Hallaron a un bebé recién nacido abandonado en la puerta de una parroquia en Chaco
A medio siglo del golpe, la Masacre de Margarita Belén sigue siendo una referencia central para comprender que el terrorismo de Estado en Chaco no fue un fenómeno abstracto ni periférico: tuvo nombres, lugares, responsabilidades concretas y víctimas cuya memoria todavía interpela al presente.
La represión en el campo y el desmantelamiento de las Ligas Agrarias
Pero la violencia estatal en la provincia no se agotó en los centros clandestinos urbanos. Uno de los capítulos más profundos y menos visibles fue la persecución a las Ligas Agrarias Chaqueñas, nacidas en noviembre de 1970 de la confluencia entre la Unión de Jóvenes Cooperativistas y el Movimiento Rural de Acción Católica. Las Ligas promovían la distribución y titulación de la tierra, la regulación estatal de la producción y la comercialización, y confrontaban con los grandes intereses del negocio algodonero.
Distintas investigaciones históricas coinciden en que la persecución contra ese movimiento comenzó antes del golpe, con detenciones y hostigamientos ya en 1975, y se profundizó luego de 1976 con una militarización más extendida del interior provincial. Un trabajo académico de la historiadora Claudia Calvo describe que tras el golpe se desplegaron en la región los llamados “Operativos Toba”, que llevaron efectivos del Ejército y Gendarmería al interior chaqueño bajo el argumento de “acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad civil”, pero que en los hechos consolidaron vigilancia, secuestros, torturas y persecución sobre militantes campesinos.
Ese proceso tuvo un trasfondo económico y social enorme. De acuerdo con reconstrucciones periodísticas y testimoniales sobre la época, la articulación de las Ligas con la UCAL había alcanzado una escala decisiva dentro del negocio algodonero: llegó a tener incidencia en torno al 60% del mercado del algodón argentino, una magnitud que explica por qué la represión no apuntó solamente a castigar militancias políticas, sino también a desarmar una experiencia económica cooperativa que disputaba poder real.
Secuestros, clandestinidad y terror en las colonias rurales
La represión en el campo chaqueño tuvo rasgos propios. Según la investigación de Calvo, el objetivo fue disciplinar a la población rural, quebrar la solidaridad comunitaria y desarticular a los cuadros medios de las Ligas. Hubo campesinos secuestrados, torturados, trasladados en camiones, obligados a caminar kilómetros tras recuperar la libertad y otros que debieron esconderse en el monte para sobrevivir. Ese “insilio” rural fue una de las formas más extremas que asumió el terrorismo de Estado en el interior chaqueño.
Entre los nombres que quedaron ligados a esa historia aparecen Carlos Orianski, Taco Vallejos y Armando “Lagarto” Molina, además de casos como los de Carlos Piccoli y Ñaró Gómez Estigarribia, cuyos asesinatos fueron investigados años después. En esa misma trama represiva se inscriben testimonios como el de Ramón Chávez, ex dirigente campesino que pasó por la Brigada de Investigaciones, considerado uno de los principales centros clandestinos del Nordeste.
Censura, quema de libros y ataque a la vida universitaria
La dictadura también dejó su marca en el plano cultural y educativo. En el Chaco, durante esos años se ordenó la prohibición y quema del libro “Dios era verde”, de José Chudnovsky, una obra luego rescatada y reeditada. A la vez, en la Facultad de Humanidades se destruyeron materiales de trabajo y publicaciones del Instituto de Filosofía, en otro episodio que exhibe que la represión no se dirigía solo contra personas, sino también contra ideas, archivos, debates y espacios de producción crítica.
En ese universo aparece además la historia de Marcela Molfino, vinculada a esa comunidad académica y luego secuestrada embarazada. Su hijo nació en cautiverio y fue apropiado; años después recuperó su identidad gracias a la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy se lo conoce como Guillermo Martín Amarilla Molfino.
Un mapa que no sólo marca lugares, sino una estructura de terror
A 50 años del golpe, el mapa de sitios de detención ilegal en Chaco no funciona solo como un inventario geográfico. Lo que muestra es otra cosa: la dimensión concreta que tuvo el terrorismo de Estado en la provincia, su anclaje en instituciones oficiales y su extensión sobre ciudades, hospitales, cárceles, dependencias policiales y zonas rurales.
También confirma que la memoria chaqueña sobre la dictadura no puede reducirse a una sola escena. Está en Resistencia, en Sáenz Peña, en Margarita Belén, en las colonias del interior, en las familias campesinas perseguidas, en los libros quemados, en los nietos restituidos y en los juicios de lesa humanidad que, décadas después, siguen reconstruyendo una verdad que durante años fue negada o silenciada.
