Un tribunal federal canadiense ha decidido revocar la ciudadanía a un militar guatemalteco señalado de participar en una masacre ocurrida en 1982 en Guatemala, en la que fueron asesinadas más de 250 personas. Se trata de Jorge Vinicio Sosa Orantes, un ex subteniente y miembro de las fuerzas especiales kaibiles, el cuerpo de élite del Ejército guatemalteco tristemente célebre por cometer atrocidades durante la guerra civil que desangró al país centroamericano y cuyas heridas aún siguen abiertas.
El juez Roger R. Lafrenière, de un tribunal federal de Ottawa, tomó la decisión el 5 de febrero tras concluir que Sosa Orantes cometió crímenes de lesa humanidad al participar en la masacre de la comunidad agrícola de Dos Erres, cometida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, bajo el Gobierno del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio. “El señor Sosa, que supervisaba la masacre, disparó al pozo para silenciar a un hombre que imploraba una muerte rápida. La evidencia no contradicha indica que Sosa lanzó una granada en el pozo mientras todavía había personas vivas dentro. Tras la explosión, los gritos que provenían del pozo cesaron”, establece la seentencia del juez Roger Lafrenière. Sosa no se presentó al juicio, aunque según medios canadienses afirmó no haber participado en la masacre.
Kate Doyle, de la organización Archivo de Seguridad Nacional que entregó evidencia contra Sosa durante el juicio, testificó como experta durante el proceso y dijo que “si el derecho internacional de los derechos humanos pretende ser algo más que una teoría jurídica”, afirmó Doyle, “las naciones deben encontrar la voluntad política para enjuiciar a los perpetradores en sus propios tribunales. Sin el elemento de justicia, la jurisdicción universal es una promesa vacía”.
El 6 de diciembre de 1982, la maquinaria de terror del Estado guatemalteco se encaminó hacia la aldea Dos Erres con una orden precisa: el exterminio. Bajo la sospecha —dictada por la inteligencia militar— de que aquel asentamiento de 300 campesinos simpatizaba con la insurgencia, una unidad de élite dirigida por los kaibiles cercó el lugar. Lo que siguió fue un descenso a la crueldad absoluta: soldados disfrazados que, tras agrupar a las familias, convirtieron la escuela local en un matadero de hombres y la iglesia en el epicentro del horror para mujeres y niños.
La masacre, iniciada con el cuerpo de un niño arrojado a un pozo, se extendió entre torturas y violaciones sistemáticas hasta que el silencio de la muerte cubrió la aldea. Para la mañana siguiente, Dos Erres ya no existía; incluso quienes llegaron después, ajenos a la tragedia, fueron conducidos a una ejecución sumaria porque el pozo ya no admitía más cadáveres. Entre el rastro de más de 250 víctimas, solo sobrevivieron dos niños, testigos mudos de un pueblo que fue borrado del mapa con una saña que aún estremece la memoria histórica de Centroamérica.
Durante el juicio contra Sosa Orantes se utilizó como prueba el documento Plan de campaña Victoria 82 del ejército guatemalteco, que establecía la estrategia de contrainsurgencia durante el año de la masacre de Dos Erres, informan desde Archivo de Seguridad Nacional, una iniciativa fundado en 1985 por periodistas y académicos para hacer frente al secretismo gubernamental y cuyo trabajo de investigación fue clave durante el juicio contra el militar guatemalteco. “También se han divulgado cables de la embajada estadounidense en Guatemala, que, tras la masacre, responsabilizó al ejército por los actos cometidos”, informa la organización.
Sosa Orantes está acusado en Guatemala por participar en la masacre de Dos Erres. Tras huir de Guatemala en 1985 intentó obtener refugio en Estados Unidos, pero le fue denegado. Entonces acudió al consulado canadiense en San Franciscó y solicitó asilo. Más tarde se casó con una ciudadana estadounidense y obtuvo la ciudadanía. Su fachada se desmoronó cuando las autoridades estadounidenses detectaron el fraude migratorio.
En 2011, mientras visitaba a su familia en Alberta, fue arrestado y extraditado bajo la contundente resolución de la justicia canadiense, que lo identificó no solo como un oficial superior en la planificación de la masacre de Dos Erres, sino como un participante activo en la matanza, aunque sigue viviendo en Canadá. La justicia estadounidense lo sentenció en 2014 a 10 años de prisión por no haber mencionado su papel dentro del ejército guatemalteco cuando presentó su solicitud de ciudadanía, la que también le fue revocada. “Además de las violaciones en materia de inmigración, Sosa Orantes tiene que responder de crímenes de guerra. Las autoridades estadounidenses deben extraditarlo a Guatemala o enjuiciarlo en Estados Unidos por crímenes tipificados en el derecho internacional”, exigió en 2014 Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala. “Todos los gobiernos del mundo tienen la responsabilidad de garantizar que los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos responden ante la justicia por sus actos, estén donde estén”, afirmó.
“La decisión del juez Roger R. Lafrenière constituye una victoria en la larga lucha relacionada con la masacre de Dos Erres”, afirman desde Archivo de Seguridad Nacional. “Representa una prueba de esperanza para los sobrevivientes y los defensores de los derechos humanos. Según el principio de jurisdicción universal, Canadá puede procesar a otras personas por crímenes internacionales, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad”, alertan desde el organismo.
