El sistema universitario público argentino atraviesa una nueva etapa de conflicto gremial: este lunes comienza un paro nacional convocado por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades. La medida se organizó en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo, con suspensión de clases y actividades en casas de estudio del país.
El foco de la tensión se concentra en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los docentes votaron profundizar el conflicto con un paro por tiempo indeterminado si no hay respuestas del Gobierno nacional. El reclamo principal es la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, que contempla una recomposición salarial acumulada del 55,4% para el sector y una actualización urgente del presupuesto educativo nacional.
Sin embargo, la protesta no se limita al área metropolitana. Diversas universidades públicas confirmaron su adhesión, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Chaco Austral, con una medida de 24 horas.
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También participará la Universidad Tecnológica Nacional, que reúne más de 30 facultades regionales en todo el país, además de instituciones como la Universidad Nacional de José C. Paz.
El eje del conflicto, según los gremios, es el atraso salarial frente a la inflación y la falta de presupuesto para garantizar el funcionamiento básico de las universidades. Además, un informe elaborado por docentes de la UBA sostiene que el salario real del sector atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas: “El sueldo real se encuentra en su mínimo histórico: está un 35,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023”, señala el documento.
Sostiene además que el poder adquisitivo es un 2,7% inferior al registrado durante la crisis salarial universitaria de 2004.
Ante ese contexto, Laura Carboni, secretaria general de Asociación Gremial Docente de la UBA, describió el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector: “Desde noviembre de 2023 perdimos el equivalente a 11,5 salarios. Es como si, de cada tres meses trabajados, solo nos hubieran pagado dos”.
La dirigente gremial también sostuvo que las medidas de fuerza escalonadas adoptadas en los últimos años no lograron revertir el deterioro salarial. Según los datos presentados por los sindicatos docentes, entre octubre y febrero la inflación acumulada fue del 14,2%, mientras que los aumentos salariales para el sector universitario fueron nulos durante enero y febrero, en un contexto marcado por subas en transporte, alquileres y alimentos.
El Gobierno presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario y busca modificar la ley vigente
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, una iniciativa que busca modificar la normativa aprobada en 2025 con impulso de la oposición. Aquella propuesta establece un esquema de aumentos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos, y elimina la recomposición salarial correspondiente al período 2023-2024 prevista en la ley vigente.
Sumado a eso, el texto quita la cláusula que garantizaba la actualización automática de los salarios docentes según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Ahora, el proyecto se presenta en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y las universidades públicas. De hecho, sería la tercera vez durante la actual gestión que el Congreso debate una iniciativa.
Todo comenzó en 2024 cuando el Parlamento aprobó una ley de financiamiento que posteriormente fue vetada por el presidente. La segunda se registró en 2025: en esa ocasión el Congreso volvió a sancionar la norma y, tras un nuevo veto presidencial, logró reunir los votos necesarios para revertirlo y convertirla en ley.
En este sentido, a pesar de que esa legislación continúa formalmente vigente, las universidades denuncian que no se está aplicando en la práctica. Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —organismo que reúne a más de 60 universidades públicas del país— presentó en diciembre pasado una acción de amparo respaldada por más de 40 instituciones académicas, con el objetivo de exigir el cumplimiento efectivo de la norma.
Sin embargo, la disputa también se trasladó al ámbito judicial. En diciembre de 2025, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendió un decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero postergaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.
Allí, en su resolución, el magistrado sostuvo que la decisión del Gobierno configuraba una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, ya que en la práctica impedía que la norma sancionada por el Parlamento entrara en vigencia.
El conflicto continuó en febrero, cuando el Ejecutivo apeló esa medida judicial y presentó el nuevo proyecto.
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